El juez ordena el embargo de dos viviendas y seis cuentas de Crespo

El juez que investiga el saqueo de la empresa pública Emarsa, responsable de la depuración del agua del área metropolitana de Valencia, ha ordenado embargar al exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo, seis cuentas bancarias, dos viviendas, tres plazas de garaje, dos vehículos, un trastero y bonos de la Generalitat por importe de 48.000 euros para cubrir la fianza fijada para él, que asciende a 25 millones de euros.

El embargo supera los 17 millones de agujero con los que se disolvió la sociedad pública hace un año, pero no llega ni a los 30 millones en que la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), de la que dependía Emarsa, evaluó la rapiña, ni a los 40 millones que calculan los socialistas, personados como acusación popular.

En un escrito con fecha del 16 de marzo, el magistrado recuerda que el letrado de Crespo aportó algunos bienes para cubrir la fianza impuesta ante posibles responsabilidades pecuniarias: dos viviendas, dos coches y los bonos de la Generalitat, algo que ordena embargar de manera preventiva. Pero por si estos bienes son insuficientes para cubrir dicha fianza, el juez acuerda asimismo que se le embarguen tres plazas de garaje, un trastero y los saldos de seis cuentas bancarias. Para esto último, pide que traslade a las entidades bancarias Bankia y la Caixa que la orden de retención deberá ser cumplimentada en el momento de su presentación.

En otra resolución, el juez ha pedido también que se averigüe el domicilio de las presuntas traductoras de nacionalidad rumana que prestaron servicios para Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa) y que se alojaron en diversos hoteles por cuenta de Emarsa. Respecto a una de ellas, la Policía Judicial ha informado de que actualmente se encuentra en paradero desconocido.

El exjefe de Medio Ambiente de Emarsa declara que desconocía qué empresas gestionaban los lodos

El juez también ha ordenado a la Secretaría del Juzgado realizar “cuantas consultas sean precisas” para determinar todas las sociedades en las que aparezcan como administradores o apoderados José Luis Sena Gimeno; Enrique Sena Gimeno, y Vicente Ros Bartual, todos ellos imputados en la causa.

En un último escrito, el juez ha acordado incorporar a la causa un escrito de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), en el que ésta se opone a que se conceda licencia al exgerente de la empresa de la Generalitat Epsar, José Juan Morenilla, para formular una querella por un delito de calumnias contra el exinformático de Emarsa, Sebastián García y el exdirector financiero, Enrique Arnal.

El miércoles declaró ante el juez el exjefe de Medio Ambiente de Emarsa, Adolfo Polo. En su comparecencia insistió en que desconocía cuáles eran las empresas que cobraban por la gestión de los lodos y los procedimientos de contratación, a pesar del cargo que ocupaba en la entidad pública.

Por ejemplo, el juez le preguntó a qué se debía que mientras el precio de la gestión de los lodos —búsqueda de parcelas agrícolas donde aplicarlos— que cobraba la empresa Adobs era 18 euros por tonelada de lodo deshidratado, la cifra se disparó cuando fue la empresa Etwas Eigentlich a la que se encargó esta función. A partir de mayo de 2005 y hasta febrero de 2006 fue esta mercantil la que se ocupó de los dodos pero por un precio que subió hasta los 46 euros por tonelada. Al requerir a Polo por esta cuestión, el imputado dijo ignorar el motivo de este incremento en el precio.

Etwas Eigentlich es una de las empresas administradas por Jorge Ignacio Roca, un imputado por esta causa que se encuentra en paradero desconocido.

El exjefe de Medio Ambiente, Adolfo Polo, trabajaba por las mañanas en Emarsa. Por las tardes, desde 2008, lo hacía en Notec, otra de las empresas presuntamente vinculadas a la trama que consistía en saquear la depuradora.

Notec facturó a la sociedad Erwinin —otra de las empresas del entramado de Roca, que facturó millones a Emarsa— la suma de 5,5 millones de euros. En su comparecencia, Alfonso Polo declaró desconocer bajo qué conceptos se cobraron parte de las cantidades. Se da la circunstancia de que Olga del Pozo, la esposa de Adolfo Polo, también está imputada por administrar Iris Tractaments una de las empresas que sirvieron supuestamente para expoliar la sociedad pública.