San Sebastián debe proveer ocho millones más por un contrato fallido

El Tribunal Superior de Justicia vasco ha condenado al Ayuntamiento de San Sebastián a proveer ocho millones de euros como eventuales compensaciones a la empresa Nuevo Desarrollo de Anoeta (NDA), de la familia Chopera, a raíz de la rescisión del contrato de gestión del complejo de ocio Illumbe durante la pasada legislatura.

Además de la provisión de estos ocho millones de euros que deberá acometer ahora, el Ayuntamiento ya fue condenado con anterioridad a abonar a Nuevo Desarrollo otros 21 millones por la rescisión del contrato de Illumbe, en el que se incluye la plaza de toros de la ciudad, después de que una resolución judicial anulara el anterior concurso público de explotación que databa de 1997.

La última decisión del Superior vasco agrava la situación económica del consistorio donostiarra y supone un hito más en la cadena de adversidades que acumula Illumbe. El equipo de gobierno municipal de Bildu anunció recientemente su intención de vender todas las instalaciones de este complejo de ocio, salvo el coso. Con esta operación, para la que ya se han iniciado contactos con posibles inversores, espera obtener unos 19 millones de euros que ha incluido en el presupuesto de este año.

San Sebastián intentó en reflotar Illumbe convocando en 2009 un concurso público para adjudicar su gestión a una empresa privada, pero no concurrió ninguna firma. Ello motivó que el Ayuntamientose viera obligado a afrontar una indemnización de 21 millones a NDA —gestora del recinto desde su inauguración hace 12 años— como contraprestación por haber construido las instalaciones.

La sentencia del Superior, a la que tuvo acceso Efe, recuerda que el convenio de Illumbe estipulaba que en el caso de que la última licitación fuera declarada desierta y el Ayuntamiento asumiera la "gestión directa" del centro, el consistorio debería abonar a NDA 21 millones por la “inversión no amortizada” y otros ocho millones como máximo por las indemnizaciones que NDA tuvo que abonar a los arrendatarios de los locales comerciales.

Para recibir los ocho millones, la empresa de Chopera deberá demostrar en los tribunales que tuvo que indemnizar a los concesionarios de los establecimientos de ocio.