“Cuando me enteré de que me habían vendido busqué la forma de escapar”
Tres mujeres acusan de amenazas y retención ilegal a una red de proxenetas
Que la mafia del tráfico de mujeres en Galicia es una y son muchas al mismo tiempo quedó de nuevo demostrado ayer en un juicio celebrado en la Audiencia de Pontevedra, que sentó por primera vez en el banquillo a José Manuel García Adán, principal imputado de la trama Carioca de Lugo, actualmente en prisión provisional, y a Manuel Manteiga Rodríguez, alias 'El Increíble', veterano del negocio del alterne, detenido en A Coruña por un caso de blanqueo hace menos de dos meses y que ya había sido condenado a 34 años de cárcel por delitos relacionados con la prostitución. En aquella ocasión, finalmente, Manteiga logró la absolución del Supremo, que apreció un fallo de la fiscalía, y esta vez se beneficiará del tiempo transcurrido entre la denuncia de los hechos, en el año 2001, y la celebración del juicio. En la vista de ayer, en la que testificaron tres mujeres, una de ellas, la denunciante, reaparecida in extremis en febrero tras pasar cinco años sin dar señales de vida, el fiscal redujo de 10 a cuatro años la pena que solicita para cada uno de los siete acusados porque “las dilaciones indebidas no fueron causadas por ellos”.
Según las testigos, la red juzgada en esta ocasión repetía el esquema habitual (trata de mujeres, amenazas, explotación en los clubes sin remuneración a cambio, retención ilegal hasta el total pago de la deuda) y supuestamente sirvió de entrenamiento a un joven García Adán, el durísimo encargado del club Queens de O Ceao que se describe en el sumario Carioca, antes de aliarse con policías y guardias civiles corruptos y urdir la trama lucense. La mujer que se atrevió a denunciar consiguió burlar a los proxenetas con un engaño tras saber que había sido vendida. Después de siete intentos de juicio y tras la inesperada aparición de 'Cristina' (nombre ficticio elegido por la principal testigo para proteger su identidad) y su declaración de ayer por videoconferencia, la causa quedó vista para sentencia. El veredicto de la sala segunda de la Audiencia Provincial se conocerá el martes que viene.
En su regreso a la causa que juzga José Juan Barreiro, Cristina, de nacionalidad colombiana, explicó que aterrizó en Alvedro en 2000, después de ser captada allá por la hermana de la acusada Ana Milena Gómez Reyes, eslabón con los clubes y supuesta encargada de los movimientos de las chicas en Galicia. Lejos de cumplir el contrato acordado en su país, que estipulaba que se repartirían las ganancias de su trabajo al 50% entre ella y sus jefes, según la denunciante nunca le pagaron nada y para poder llamar a su familia (desde el teléfono público que suele haber en los burdeles) tenía que mendigar monedas a sus clientes. Además, todas las puertas estaban cerradas y vigiladas, y solamente podía salir “a la peluquería” acompañada por Milena Gómez.
En todos los prostíbulos que recorrió en los meses que pasaron antes de huir y denunciar, recibió “amenazas”: “Nos decían que sabían dónde vivían nuestras familias”, afirmó ayer que le decían para disipar sus tentaciones de “desaparecer”. Lo confirmaron las otras dos testigos, una mujer que trabajó en algunos de estos locales y la vecina de Pontevedra que ayudó a esta última a fugarse, que aseguró que tuvo que “cambiar de domicilio y de teléfono” porque Adán le dijo que le “iba a romper las piernas” y a dejarla “en silla de ruedas” por denunciar los hechos a la Guardia Civil.
Una testigo aseguró que cambió de casa porque la iban a dejar “en silla de ruedas”
Cristina llegó primero (llevada por Rodríguez Manteiga y Milena Gómez) al Oasis de Poio, supuestamente propiedad de El Increíble, del que entonces era el encargado precisamente García Adán. Luego, para seguir pagando su deuda, estipulada por la red en “un millón de pesetas”, fue trasladada al club O'Pazo, de Lugo, aunque era obligada a trabajar en otros locales para saldar más rápido la cuenta pendiente.
Al final, la acusada la dejó en el Keops de Ourense y pronto le anunciaron que había sido vendida. Ya no tenía deuda con los primeros, a los que, según dijo ayer, llegó a tener noticia de que había abonado 750.000 pesetas. Ahora la tenía con el nuevo club, con Manuel Antonio Ferreiro López, 'El Gato' o 'El Mechas', como jefe, y Carlos Varela Sánchez de encargado. También estos dos hombres se sentaron ayer en el banquillo. Los únicos que faltaban eran los que entonces eran responsables de O'Pazo, un imponente burdel de las afueras de Lugo, al norte de la ciudad, que acabó clausurado: Manuel Ulloa Manteiga, 'El Melenas', y José Isolino Rico Chorén, 'El Pelao', permanecen desaparecidos desde que en 2004 fueron condenados a 34 años de cárcel. Al único que salvó el Supremo fue a aquel que había sido juzgado como tercer socio: El Increíble.
La mañana siguiente a la noche en que Cristina y otra compañera supieron que habían sido vendidas al club ourensano, decidieron fugarse. En la declaración, realizada con ciertas dificultades y hondo temor de la mujer desde una localidad española (que no de Galicia) cuyo nombre se mantuvo en secreto, ella relató la escena: “Cuando me enteré de que me habían vendido busqué la forma de escapar. Le dijimos al encargado que nos había bajado la regla y necesitábamos compresas urgentemente. Se lo pensó, y luego ordenó que nos dejaran salir”.
Interior niega datos del ‘caso Carioca’
La juez que instruye la Operación Carioca, Pilar de Lara, solicitó a la Guardia Civil datos sobre si varios de los imputados en el caso habían sido inscritos en la llamada “bolsa de confidentes” de esta institución, además de datos sobre los agentes que los controlaban, pero la información se le negó al tratarse de fondos reservados, que son secreto de Estado. En una información publicada ayer por El Progreso se recoge que, en respuesta a la juez, el general jefe del Estado Mayor le recordó que esta información solo es accesible para el Parlamento y el Defensor del Pueblo, y le aconsejó que lo intente con el Consejo de Ministros.
Pilar de Lara, que instruye la causa contra una supuesta trama de prostitución en Lugo, intenta averiguar qué tipo de favores habían recibido algunos de los imputados a cambio de facilitar información sobre otros. La jueza tiene especial interés por el caso de J.R.V., un empresario que reconoció en sus declaraciones que facilitó datos a la Policía Judicial a cambio de que le permitiesen seguir con el contrabando de tabaco. En la respuesta a la juez se explica que de los confidentes no queda constancia documental en el cuerpo. La única posibilidad de seguirles el rastro sería a través de supuestos pagos con fondos reservados.
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