Los directivos de Portillo admiten que un exconcejal de Marbella les extorsionó

El juicio del caso Malaya de corrupción en Marbella (Málaga) vivió ayer un pico de expectación ante la prevista comparecencia como acusado del exalcalde Julián Muñoz. Finalmente, el exregidor no fue interrogado por el fiscal, que optó por llamar a declarar a unos procesados secundarios, que no menores, de la trama: los ejecutivos de la empresa Autobuses Portillo, acusados de aceptar el pago de 390.000 euros al fallecido concejal de Transportes de Marbella Victoriano Rodríguez a cambio de obtener la concesión de la estación de autobuses de la ciudad. El interrogatorio a los tres directivos, que duró casi toda la mañana, carecía del morbo de la declaración del exregidor, pero no estuvo falto de interés.

Los ejecutivos Julio de Marco, José María Pérez Lozano y Joaquín Martínez-Vilanova —gerente, director general y presidente de Autobuses Portillo en el año 2006, cuando se desencadenó la Operación Malaya— admitieron que Victoriano Rodríguez les había exigido 65 millones de pesetas —390.000 euros— a cambio de la concesión. Sin embargo, los acusados aseguraron que en todo momento se dedicaron a “dar largas” al concejal.

“La estrategia era torear a Victoriano, no pagar y ganar tiempo”, aseguró el exgerente De Marco, que era el delegado de Portillo en la Costa del Sol, y que se encargaba de las relaciones con los responsables de transporte de los municipios en los que operaba la compañía. De Marco afirmó que, en cualquier caso, él no tenía capacidad para decidir sobre los fondos de la empresa. El presidente de la compañía, Joaquín Martínez-Vilanova, ratificó esa versión: “Victoriano era un un hombre muy agresivo y a Julio [De Marco] lo traía loco. Nosotros le decíamos aguanta, aguanta, que ya se irá. Estaba en un sandwich infernal, presionado por debajo para que pagara y presionado por arriba para que aguantara y ganara tiempo”, afirmó.

El fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, considera que el fallecido Victoriano Rodríguez había pactado repartirse el dinero de la mordida con la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe y el supuesto cerebro de la corrupción marbellí, Juan Antonio Roca. El representante del ministerio público considera que De Marco y sus superiores en Madrid aceptaron las exigencias económicas del edil y entablaron una negociación para rebajar la cantidad. Durante la sesión de ayer se reprodujeron numerosas grabaciones en las que el delegado de Portillo habla con Victoriano Rodríguez sobre el soborno y le anuncia que sus jefes están de acuerdo.

La estrategia era torear a Victoriano, no pagar y ganar tiempo Julio de Marco

En las conversaciones, De Marco va proponiendo diferentes formas y momentos de pago. El delegado ofrece pagar una parte del cohecho en Marbella y que el resto se abone en Madrid. El entonces concejal exigía que el pago se realizara completamente en la capital. La entrega del dinero no se materializó: los ejecutivos sostienen que nunca tuvieron intención de pagar el soborno. El fiscal, en cambio, cree que la detención de Victoriano Rodríguez en la Operación Malaya en marzo de 2006 frustró el pago.