Calparsoro ve “grave” pagos en el ‘caso Justicia’ por servicios no realizados
El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, entiende como “serio” que por parte de la Administración pública se hayan podido realizar pagos por servicios no realizados. Esta fue su reflexión a Europa Press sobre el proceso abierto en la investigación del denominado caso Justicia, donde el Gobierno vasco ha detectado supuestas irregularidades en una quincena de expedientes de contratación informática en este departamento entre los años 2000y 2009, bajo el mandato de EA y del consejero Joseba Azkarraga especialmente.
Según estas valoraciones de Calparsoro es muy probable que la ex directora de relaciones con la Justicia del Gobierno vasco, Inmaculada de Miguel, y la que fuera responsable del Departamento de Informática del Ejecutivo, Ana Isabel Molina, declararán “en breve” ante la Fiscalía vasca que ha asumido la investigación.
Calparsoro sostiene que este proceso está “en fase de investigación” y pendiente de “practicar una serie de diligencias y de pruebas” que esclarezcan los hechos. En este sentido, ha precisado que, una vez que termine las indagaciones, decidirá si archiva las actuaciones o lo remite al Juzgado.
Al juzgado
El máximo representante del ministerio público en Euskadi ha considerado que es “serio el hecho objetivo de que, efectivamente, haya unas contrataciones y se haya hecho unos pagos por algo que no se ha cumplido, que se hayan autorizado esos pagos con un dinero público, un dinero de todos los ciudadanos, que lo han pagado con sus impuestos”. Por ello, lo considera “grave”, aunque ha precisado que eso no significa que “haya un delito” porque, para eso, “hace falta un poco más”, añadió. “Me parece, por lo menos preocupante que la administración haya ordenado pagos que no se corresponden con servicios por unas cantidades tan elevadas”. Calparsoro entiende que, por ello, “perfectamente” esta cuestión “puede acabar en un Juzgado. Es una de las alternativas”, matizó.
El Gobierno remitió a la Fiscalía Superior del País Vasco el pasado día 9 de febrero la documentación sobre las incidencias detectadas en los contratos informáticos de Justicia, cuyas irregularidades valoró en un perjuicio de 23 millones. Remitidas al fiscal de Álava, éste se acogió a la causa de abstención y Calparsoro lo asumió finalmente.
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