Los vecinos y la oposición rechazan el plan de Trias para Sant Andreu

“Nunca nadie ha reclamado estos dos ejes cívicos”. Con esta contundencia, Genís Pascual, el presidente de la asociación de vecinos de Sant Andreu, rechaza el plan de protección del casco de la antigua villa que plantea el Ayuntamiento de Barcelona. El proyecto implica el derribo de 60 viviendas, entre otras cosas, para abrir los dos gran pasos peatonales. El alcalde Xavier Trias (CiU) lo tendrá difícil para su aprobación definitiva, pues los vecinos no son los únicos descontentos. El periodo de presentación de alegaciones finaliza hoy y, además de alguna organización cultural, los grupos de la oposición, a excepción de Unitat per Barcelona, han impugnado el proyecto.

El proyecto es una modificación del Plan General Metropolitano de 1976, que actualmente afecta a 300 viviendas que están calificadas como viales, zonas verdes o equipamientos. La reforma propuesta por el gobierno de la ciudad salva de la piqueta 240, y la mayoría de las otras 60 forman parte de dos ejes cívicos con los que el Consistorio quiere esponjar el denso centro histórico.

Raimond Blasi (CiU), el regidor del distrito, ya ha intentado convencer a los vecinos de las bondades de la reforma. Se aumentaría un 20% la zona verde y los ejes cívicos cambiarían las dinámicas del barrio. El primero, perpendicular a Gran de Sant Andreu, obligaría a “cortar” parte de la manzana de fincas que separa la Riera de Sant Andreu y la calle de Rubén Darío. Su objetivo sería mejorar el enlace entre los equipamentos de Can Dragó y los ámbitos de Fabra i Coats y Can Fabra, todo con la avenida de la Meridiana de por medio.

En el caso del otro eje, paralelo a la arteria principal de Sant Andreu, 30 casas tendrían que ser derruidas completamente. El recorrido comenzaría en el parque de la Pegaso, siguendo las calles de Irlanda, Pare Secchi y Bascònia. Conectaría con las Casernes. La calle de Jorba se convertiría en un gran parque verde lineal.

Adicionalmente, el catálogo de patrimonio se aumentaría con 17 fincas de Gran de Sant Andreu y otras 71 fincas del resto del ámbito de la modificación del plan. El proyecto se ejecutaría en dos fases de cinco años cada una. En la primera se abordarían las expropiaciones de la calle de Jorba, La inversión total sería de 21,6 millones de euros, 16,6 dedicados a expropiaciones.

“Este plan no ha sido consensuado con los vecinos, se dice que muchas casas no son aptas para vivir, pero tienen sus cédulas de habitabilidad”, explica Pascual. Unas 6.000 personas firmaron un manifiesto en contra del proyecto. La mayoría de las propiedades sentenciadas son casitas bajas, pequeñas, habitadas en su mayoría por personas de edad avanzada. Es general la queja por la falta de información del Ayuntamiento, a pesar de las seis reuniones que Blasi ha convocado tras la aprobación inicial. En este trámite, que se realizó en diciembre del año pasado, el PP y el PSC se abstuvieron, e ICV y Unitat per Barcelona votaron positivamente.

El PP, la pareja de baile de CiU en asuntos urbanísticos, anunció ayer que no dará su apoyo al plan si no hay modificaciones. “El proyecto es mejorable ya que algunas de las actuaciones previstas se han dibujado en un despacho, pero no se adecuan a criterios de mejora para el barrio”, asegura Alberto Fernández Díaz. Los miembros del anterior gobierno también han presentado alegaciones, aunque consideran que el fondo del plan es positivo. Todos piden más desafectaciones. Iniciativa defiende que se ubiquen las zonas verdes consolidando algunas que ya lo son aunque no tengan tal definición, pero evitando a toda costa “la expulsión de vecinos”. El PSC considera que el proyecto es una “seudoafectación” que soluciona el problema a medias.