Una exasesora de Empleo desvela nuevas irregularidades en el caso de los ERE

"Cabía la anulabilidad de todos los actos administrativos e instar la normativa legal (...) pero no se tuvo en cuenta dicha opinión". María Rofa, exasesora de la Consejería de Empleo, ha declarado como imputada ante la Guardia Civil por el caso de los ERE para denunciar que en 2008 la Junta descartó la posibilidad de cambiar el procedimiento que ahora la juez Mercedes Alaya considera ilegal. La técnica aportó a los investigadores varios documentos que detallan graves irregularidades. “La mayoría de las carpetas no tenía ni copia de las pólizas, solo listado de trabajadores, notas a mano (...) Sorprendentemente no se da importancia a la situación legal, ni definición de los beneficiarios” señala Rofa.

Tras la salida del ex director general de Trabajo y principal imputado Javier Guerrero en 2008, Empleo modificó los convenios con empresas para ordenar el caos que imperaba sobre unos expedientes con una alarmante falta de documentación. En vez de anular los expedientes incompletos y pedir el reintegro del dinero, Empleo intentó recabar datos para dar forma a unos pagos que habían generado una deuda con las aseguradoras de 311 millones. La orden de Empleo fue sustituir los convenios por las encomiendas de pago, pero también basadas en el convenio marco de 2001 que la juez y la fiscalía consideran irregular y cuya legalidad defiende la Junta. “Siempre pensamos que los actos no eran anulables, sino mejorables”, puntualizó ayer un exdirectivo de Empleo. Según Rofa, la Consejería se basó en el criterio legal del bufete Garrigues.

La técnica trabajó a las órdenes del sucesor de Guerrero, Juan Márquez, y relata la caótica mecánica de los “pagos cruzados” que impuso Guerrero. “La encomienda era rehacer todo y ordenar poco a poco todo lo que Guerrero había dejado”. Además, describe cómo descubrieron que la consultora Vitalia “había traspasado las pólizas de una compañía a otra sin avisar a la Junta”.

En su relato, Rofa acusa al exdiputado socialista Ramon Díaz de configurar el ERE de Saldauto, donde se hallaron tres intrusos, en su ausencia. Además, dice que tanto el exdelegado Antonio Rivas como Díaz conocieron el ERE con dos intrusos de Calderinox y a este último le achacó la póliza ilegal del intruso y exalcalde socialista Rafael Rosendo. Cuando le preguntó por otras pólizas individuales, el exdiputado replicó: “Mejor que no lo sepas”. Díaz ya ha declarado como imputado ante la Guardia Civil.

Por último, Rofa relata cómo el consejero de Empleo, Manuel Recio, acudió un fin de semana de 2010 a la Consejería y tras una tensa reunión, su equipo le ordenó “reelaborar la lista de expedientes vivos” por provincias. El director general de Trabajo, Daniel Rivera, le pidió de manera expresa que guardara el listado en su memoria externa “y no en el ordenador”. La exasesora sugiere que Rivera le pidió que verificara los prejubilados de Calderinox, entre los que había dos intrusos, tras una queja del sindicato UGT. La cúpula de Empleo ordenó que “se quitaran todas las pistas y trazos” de que se había trabajado ese fin de semana.