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La juez deja libre con cargos al exalcalde de Alcaucín

Martín Alba califica de “desproporcionada” su detención durante tres días

El exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín, tras quedar en libertad con cargos.
El exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín, tras quedar en libertad con cargos.

El exalcalde de Alcaucín (Málaga, 2.700 habitantes) José Manuel Martín Alba ha quedado en libertad con cargos después de comparecer ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, Isabel Urbón por la llamada Operación Tristán, una trama de falsificación de registros del catastro para hacer pasar por suelo urbanizable residencial parcelas rústicas no edificables. Martín Alba ha sido el primero de los ocho detenidos el pasado martes en declarar ante la juez Urbón en esta pieza separada del caso Arcos, la trama de corrupción urbanística por la que pasó dos meses en prisión tras su arresto en marzo de 2009.

El exregidor –ahora concejal raso en una formación independiente- ha declarado a su salida de los juzgados veleños que está imputado “por los mismos delitos” que se le atribuyeron en su primer arresto, informa Efe. En aquella ocasión, los delitos que se le imputaron fueron cohecho, blanqueo, prevaricación, falsedad documental y prevaricación urbanística. Martín Alba ha tachado de “desproporcionada” su detención el pasado martes y los tres días que ha pasado en dependencias de la Guardia Civil. Su declaración en el juzgado ha durado medio hora.

Otros tres de los arrestados el martes, entre ellos el exjefe adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Mora, han sido puestos a disposición judicial este viernes por la mañana.

La Operación Tristán es una de las nueve piezas separadas del llamado caso Arcos y la única que permanece aún bajo secreto de sumario. En ella se investiga la trama formada por funcionarios del catastro, el abogado Pedro Grandfils, el alcalde y un empresario del sector inmobiliario para alterar los registros catastrales, de modo que se pudieron vender como falsamente urbanizables fincas en las que no se podía construir. Esta estafa afectó a alrededor de una docena de compradores, en su mayoría extranjeros. Los funcionarios que falsearon los registros cobraron supuestamente entre 200 y 300 euros por cada modificación, según las investigaciones.