La juez envía a prisión al alcalde de Alcaucín y al arquitecto de Diputación

El alcalde de Alcaucín (Málaga, 2.500 habitantes), José Manuel Martín Alba, entró ayer sobre las 15.40 en los juzgados de Vélez-Málaga aclamado por una treintena de sus vecinos. El regidor fue uno de los pocos detenidos en el caso Arcos sobre la presunta corrupción urbanística en este municipio de la comarca de la Axarquía que llegó a la sede judicial con la cara descubierta y sonriente, pese a llevar arrestado desde el viernes. Nueve horas después, Martín, salió escoltado por la Guardia Civil en dirección a la prisión provincial de Alhaurín de la Torre. Junto a él, camino de la cárcel, iba también José Mora Lampérez, Chiqui, jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga.

Con la salida de ambos hacia Alhaurín se cerraba el primer capítulo del caso. La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Malaga, Irene Urbón, había dejado en libertad con cargos a 11 de los 13 arrestados en la operación. Cuatro de los implicados, todos ellos dueños o administradores de empresas constructoras con intereses en la Axarquía, deberán pagar antes de diez días fianzas de hasta 120.000 euros, según fuentes judiciales.

Pocos minutos antes de conocer que su destino era la cárcel, Martín Alba -conocido en el pueblo por su nombre artístico de Pepe Calayo, con el que participaba en concursos de cante flamenco- fírmó la renuncia a su acta de concejal, según fuentes municipales. El PSOE, partido con el que logró cinco mayorías absolutas, le había exigido el lunes la dimisión con la amenaza de presentar una moción de censura contra él.

La juez imputa al ya ex regidor los delitos de cohecho, blanqueo, prevaricación, falsedad documental y prevaricación urbanística. Bajo un colchón del dormitorio del regidor, la Guardia Civil halló cerca de 160.000 euros en billetes de 500 y 200.

El jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Mora Lampérez, había declarado ante la juez por la mañana. Chiqui Mora fue a la cárcel acusado de cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística.

Los otros dos detenidos que fueron citados ayer quedaron en libertad con cargos y sin fianza. Se trata de Francisco Lorca, aparejador municipal, imputado por prevaricación urbánística, y del asesor jurídico externo del Ayuntamiento de Alcaucín Pedro José Grandfils, cuyo despacho se encuentra en la misma plaza donde se asienta el consistorio. Grandfils, imputado de delitos de tráfico de influencia y contra la ordenación del territorio. La juez le ha prohibido salir de España.

Los liberados bajo fianza son José Manuel Rico, detenido en Cartaya (Huelva) y en cuyo domicilio la Guardia Civil intervino cerca de 60.000 euros; Francisco Llamas, empresario del sector inmobiliario; Manuel Tejada Porras, administrador de varias empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria; y Luis Eduardo Crooke Moreno, yerno de Llamas y también administrador de una empresa constructora.

Alcaucín, a 60 kilómetros al este de Málaga capital, es uno de los municipios de la provincia con el territorio más degradado por el urbanismo salvaje. Según los cálculos del grupo ecologista Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (Gena), basados en la comparación de fotografías por satélite, desde 1991, fecha en la que Martín Alba llegó a la alcaldía, se levantaron 1.400 viviendas en suelo rústico, alejadas del nucleo principal del pueblo.

Entre 1998 y 2007, el número de empresas constructoras radicadas en la población pasó de 7 a 41, según el Instituto de Estadística de Andalucía, y las sociedades inmobiliarias se dispararon de una en 1998 a 31 en 2007. A cada habitante censado de Alcaucín le corresponden 1,5 viviendas.