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Antifraude limita la investigación de Agbar a un excargo de Medio Ambiente

La Oficina nunca incluyó al exconsejero Baltasar ni a la exconcejal Mayol

La investigación de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) sobre posibles incompatibilidades de excargos del Departamento de Medio Ambiente en la época del tripartito se ha limitado desde el principio, tan solo a la exdirectora de servicios del departamento, Elisenda Rius. La Oficina no ha investigado en ningún momento al exconsejero Francesc Baltasar, ni al exsecretario de Medi Ambient Eduard Pallejà ni a la exteniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona, Imma Mayol. Todos ellos están o han estado ligados a Iniciativa per Catalunya Verds y han realizado trabajos, directa o indirectamente, para Aigües de Barcelona. Sin embargo, solo en el caso de Rius —que no milita en la formación ecosocialista— se aprecian inidicios claros de una presunta incompatibilidad.

El pasado mes de julio, Rius entró a trabajar como responsable de recursos humanos de Agbar, después de haber sido nombrada por Baltasar en 2006. Ambos se conocían por sus trayectorias profesionales en la empresa privada. Antifraude considera que existen indicios evidentes de que la exdirectora de servicios podría haber vulnerado la ley de incompatibilidades de la Generalitat. Esa norma establece que, durante los dos primeros años desde que abandonan su puesto, los altos cargos “no pueden desarrollar actividades privadas”, siempre y cuando éstas estén “relacionadas con los expedientes en cuya resolución hayan intervenido directamente en el ejercicio de su cargo”.

Retirado de la política, Baltasar ejerce como consultor privado

Retirado de la política, Baltasar ejerce como consultor privado. Una de las empresas a las que asesora es Agbar, según desveló hace unas semanas el diario El Mundo. El exconsejero estuvo en contacto con la compañía hasta 2010, durante sus cuatro años como titular de Medio Ambiente. En esa etapa, el departamento adjudicó a la empresa de distribución de aguas obras públicas y contratos por valor de 182 millones de euros. En 2006, por ejemplo, adjudicó a una UTE liderada por Agbar la construcción de la desalinizadora de El Prat por 92 millones de euros.

Tras su paso por Medio Ambiente, otro cargo de Iniciativa, Eduard Pallejà, también ha mantenido vínculos indirectos con Agbar. Pallejà montó una empresa de consultoría, que tiene como cliente, entre otras empresas, a Agbar. En el caso de Imma Mayol, su vinculación es aún más limitada. Apareció recientemente como representante de Agbar en un acto organizado por la Universidad de les Illes Balears.

Pese a esos vínculos, Baltasar, Pallejà y Mayol no están siendo investigados por la OAC, ya que no hay indicios para pensar que han podido vulnerar la ley de incompatibilidades. Por la misma razón, la formación ecosocialista no se ve salpicada por el caso. Su portavoz, Laia Ortiz, había afirmado que ICV estaba “plenamente tranquila”. Antifraude ha pedido al departamento de Territorio y Sostenibilidad, que dirige Lluís Recoder, datos relativos a la situación contractual de Rius.