Sánchez Robles asegura que el Gobierno no ha aportado información de contratos

Xabier Sánchez Robles, quien fuera director de Juventud del Gobierno durante la etapa de Juan José Ibarretxe, defendió el viernes la legalidad de los contratos de su dirección entre 2006 y 2009 con empresas relacionadas con la supuesta trama corrupta del caso De Miguel que aparentemente no tienen justificación. Y apuntó al Ejecutivo, tanto a los funcionarios como a sus actuales responsables.

Según la declaración que prestó ese día ante el juzgado que instruye la causa, a la que ha tenido acceso este periódico, Sánchez Robles, imputado por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, insistió que no era él quien controlaba si los trabajos que su dirección contrataba se llevaban a cabo o no. Añadió que los procedimientos negociados sin publicidad eran un trabajo de la mesa de contratación en la que él “no tenía ninguna intervención”.

Sin embargo, no se limitó a atribuir toda la responsabilidad a los funcionarios del departamento. También argumentó la inexistencia de documentos que demuestren la consecución de los trabajos y, por tanto, que justifiquen su pago, por los que algunas de las empresas del caso recibieron 200.000 euros, apuntando al actual Gobierno. Este, según sus palabras, “no ha enviado toda la documentación que debe existir en relación a los tres contratos por los que ha sido preguntado y que fueron realizados por Kataia Consulting”.

El exdirector aduce

Así justificó los trabajos por los que cobraron del erario público varias empresas vinculadas a la supuesta trama.

Sánchez Robles, casado con la parlamentaria del PNV Miren Josune Gorospe, discrepó en su declaración de las palabras de la técnico de Cultura que días antes señaló ante el juez justo lo contrario. Esta testigo señaló que él era el responsable de la comprobación de que los trabajos se realizaban y el que autorizaba el pago de facturas. “Eran los técnicos los que controlaban el trabajo”, insistió en numerosas ocasiones el exdirector de Juventud ante el juez Roberto Ramos, que instruye el caso,.

A pesar de ser amigo de Alfredo de Miguel e Iñaki San Juan, dos de los principales imputados del caso y administradores de las empresas Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga, que lograron 16 contratos de su departamento, sobre esta última firma dijo que desconoce “de quién es”, aunque reconoció que sabía que algunos de los trabajos los realizó San Juan. Ante el juez, el exdirector de Juventud reconoció tener una “buena relación” con De Miguel, al que dijo que conoce desde 2003, “pero no del partido”.

Pese a esta cercanía con ambos, “desconocía que Errexal y Kataia pudieran tener algún tipo de relación entre las dos empresas”, según su declaración y también que su gestión o contabilidad “era realizada por la misma persona”. Ambas aseveraciones chocan con algunos correos electrónicos que se cruzaron De Miguel y San Juan, en los que, por ejemplo, se podía leer: "Xabier no puede meternos un duro".

Otro de los puntos investigados por la justicia, el fraccionamiento de un contrato de 50.000 euros en varios de 12.000 para crear un blog, fue explicado por Sánchez Robles porque “al ver que la herramienta funciona se hace una segunda factura, que al tener éxito por eso existen dos facturas en el año 2006”.