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Absueltos los cuatro activistas contra los controles a inmigrantes

La fiscal descarta la acusación por entender que no obstaculizaron la labor policial

La juez confirma la absolución. Afrontaban penas de multa de hasta 24.000 euros

Concentración en los juzgados de plaza Castilla por el primer juicio penal contra activistas de las Brigadas Vecinales. Ampliar foto
Concentración en los juzgados de plaza Castilla por el primer juicio penal contra activistas de las Brigadas Vecinales.

Cuatro miembros de las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos han sido absueltos esta mañana en el primer juicio en el que se ve implicado este colectivo, que se dedica a denunciar la existencia de controles selectivos a inmigrantes. La fiscal ha descartado la acusación por entender que no obstaculizaron la labor policial "de forma que merezca reproche penal" y la juez la ha confirmado. El grupo ya había sido objeto de sanciones administrativas, pero por primera vez la denuncia se ha tramitado por la vía penal. Los acusados afrontaban penas de multa de entre 200 y 24.000 euros.

Una treintena de personas se han concentrado desde las diez de la mañana a las puertas de los juzgados de plaza de Castilla para apoyar a los afectados. A la salida, les han recibido con aplausos y gritos de "ninguna persona es ilegal". En las pancartas que sostenían se podía leer Denunciar las redadas racistas no es delito y Por unos barrios libres de controles racistas salgamos a la calle. Luna y Teresa, dos portavoces del colectivo, han asegurado a los medios que la denuncia interpuesta a sus compañeros es "arbitraria e injusta" y han advertido que estas actuaciones policiales "coartan la libertad de expresión" de los brigadistas.

Las brigadistas absueltas a la salida del juicio en plaza de Castilla. ampliar foto
Las brigadistas absueltas a la salida del juicio en plaza de Castilla.

Los cuatro acusados participaron el pasado 24 de noviembre en la observación un control de la Policía en esa misma plaza. Según Brigadas Vecinales, se les denunció por infringir el artículo 634 del Código Penal, por "falta de respeto a la autoridad o sus agentes". Se trata de una falta que conlleva penas de multa de 10 a 60 días, que a su vez pueden tener un importe de entre dos y 400 euros diarios. Podían haber sido castigados, por tanto, con el pago de entre 20 y 24.000 euros.

Uno de los dos policías que cursaron la denuncia ha explicado en el juicio que cuatro personas –tres mujeres y un hombre– les increparon mientras identificaban a una persona cuyos rasgos coincidían con el del autor de un reciente delito en una cafetería cercana. Los denunciados, según el agente, les advirtieron que dicha identificación era "racista" e "ilegal" y se negaron inicialmente a dar sus datos cuando les fueron requeridos, aunque lo hicieron después.

Un policía ha declarado que los 'brigadistas' le increparon durante un control, lo que estos niegan

Los activistas han negado que ellos hablaran a los policías y han asegurado que se limitaron a observarles, procediendo una de las componentes de esa brigada a tomar notas sobre la detención, como hacen habitualmente. Solo cuando los policías se dirigieron a ellos, según su versión, les recriminaron que estuvieran llevando a cabo un control por perfil racial y no se negaron a identificarse, solo una de las mujeres se retrasó porque llevaba muletas.

Tras oír los testimonios, la fiscal ha solicitado la libre absolución por entender que a pesar de que se cuestionó la labor policial, no se obstaculizó de forma que merezca un reproche penal y, en cuanto a la identificación, ha destacado que todos aportaron sus datos y ha considerado "racionales" la explicaciones expuestas en el juicio.

Alegría y más motivación

A la salida, los brigadistas ya absueltos han mostrado su alegría, no solo por no haber sido multados, sino porque de esta forma no se cuestionen las Brigadas Vecinales. "Nosotros no queremos obstruir la labor de los policías en la calle, sabemos que ellos tienen órdenes de arriba, sino que buscamos combatir la existencia de controles raciales ilegales como seguimos y continuaremos haciéndolo", ha declarado Luz Heisser Cartagena, una de las denunciadas.

La abogada, Patricia Fernández, también ha resaltado la satisfacción por la sentencia, si bien no ha descartado que pueda haber nuevas denuncias penales. "Cada vez hay más sensibilidad con el trabajo de las Brigadas, que denuncian una extralimitación de las fuerzas policiales, pero no sabemos cómo evolucionará este tema".

Las Brigadas Vecinales llevan funcionando en Madrid desde diciembre de 2009. En la actualidad cuentan con unos 50 miembros, aparte de los colaboradores, que acuden entre dos y tres veces por semana a zonas en las que se llevan a cabo controles de identidad a extranjeros, habiendo realizado 170 "salidas de documentación" desde su origen, según datos propios. Recientemente, han activado un sistema de avisos a través de Twitter, mediante el que han recibido cerca de un millar de alertas, más de un tercio solo desde enero.

Precisamente la semana pasada el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) denunció que los controles selectivos a inmigrantes o redadas siguen produciéndose de forma habitual en Madrid. Según advirtió, solo en cuatro días elegidos al azar contabilizaron 370 detenciones por delitos de estancia ilegal. La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, manifestó el día siguiente que se había mandado una instrucción para que, si se producen identificaciones masivas de inmigrantes en España, "cesen de inmediato". Los brigadistas descartan que esto haya ocurrido y aseguran que ayer mismo recibieron avisos sobre controles.

Sanciones previas

Miembros de las Brigadas Vecinales ya habían sido sancionados anteriormente, pero siempre por la vía administrativa y con importes de hasta 500 euros. La primera vez fue el 21 de diciembre de 2010, cuando cuatro personas fueron multadas por unos policías que estaban efectuando controles en Lavapiés con 300 euros. Una de ellas decidió pagar, por motivos personales, pero las otras tres presentaron recursos de alzada que aún no han sido resueltos.

Dos meses después, otros cinco compañeros fueron multados con 500 euros en la estación de metro de Oporto. En este mismo escenario y con el mismo importe se sancionó a otros cuatro activistas en mayo, que sin embargo aún no han recibido la notificación de la multa.

"Recurrimos estas sanciones por principio, porque no estamos haciendo nada ilegal. La observación de los derechos humanos está reconocida por la legislación internacional", explica Javier Carequinha, uno de los brigadistas. El colectivo denuncia que son las prácticas policiales en los controles selectivos de inmigrantes las "anticonstitucionales", porque discriminan en función de la raza –"solo paran a personas de aspecto extranjero"− y afectan a personas que simplemente van caminando por la calle –"les piden la documentación como si fueran sospechosos de algo", detallan recordando que los controles aleatorios solo pueden efectuarse ante delitos graves que causen alarma social.

Las Brigadas consideran que la Policía va incrementando el nivel de sus denuncias con objeto de "amedrantar". En un comunicado, responde que su objetivo es "acabar con la existencia de controles policiales racistas" y continuarán dándoles visibilidad con su presencia –y sus característicos chalecos naranja– e informando sobre los mismos, de forma veraz y sin actitudes violentas en ningún caso.

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