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Cañada Real, censo definitivo: 8.628 personas

La Comunidad completa en Rivas la ronda de contactos con los tres municipios afectados para fijar la realidad de este territorio

Una mujer acarrea un botellón de agua con su hijo en la Cañada Real. Ampliar foto
Una mujer acarrea un botellón de agua con su hijo en la Cañada Real.

La Cañada Real está dejando poco a poco de ser un territorio mitológico del que, fruto del descuido de las Administraciones y de los intereses cruzados de sus pobladores, se podía decir casi cualquier cosa, para convertirse en una superficie tasada tanto estadística como socialmente. Este proceso, impulsado merced a una ley regional de la que se cumple esta semana un año, ha dejado un reguero de cifras contradictorias en los últimos días, sobre todo en lo que se refiere al número de habitantes. La Comunidad de Madrid hizo público un recuento aproximado en febrero, según explicó para diluir la impresión perpetuada por gobernantes y medios de comunicación de que hasta 40.000 personas podían vivir en esa antigua vía pecuaria. Ahora, con el resultado casi definitivo de los censos elaborados por los tres municipios afectados, este problema urbano y social ya cuenta con una base estadística firme: tiene 8.628 habitantes y 2.466 edificaciones.

La Cañada Real Galiana es una antigua vía pecuaria que, en un tramo de 14,4 kilómetros a través de la Comunidad de Madrid, está cuajada de viviendas y chabolas construidas todas de forma irregular. Discurre por Coslada (Partido Popular), Rivas-Vaciamadrid (Izquierda Unida) y, en su mayor parte (casi 13 kilómetros, con una anchura de entre 40 y 80 metros), por los distritos madrileños de Vicálvaro y Villa de Vallecas; el tramo de Coslada tiene 1,4 kilómetros de longitud; el de Rivas, tres kilómetros (hay que tener en cuenta que, en algunas zonas, una mitad de la senda pertenece a este municipio y la mitad de enfrente a Madrid).

El Ejecutivo regional presidido por Esperanza Aguirre (Partido Popular) aprobó una ley en marzo de 2011, con el rechazo de la oposición y de los tres Ayuntamientos afectados, en virtud de la cual, si en un plazo de dos años no se alcanzara un acuerdo social entre municipios, delegación del Gobierno (Partido Popular) y Comunidad, esta última podrá disponer libremente del suelo. El primer paso en este proceso conjunto de las tres Administraciones fue la encomienda por parte de la Comunidad a los Ayuntamientos de la elaboración de un censo de viviendas y habitantes en sus correspondientes tramos.

Según el cálculo aproximado realizado por el Gobierno regional, en toda la franja hay 2.870 viviendas o locales comerciales, en los que viven 10.564 personas. De ellos, 1.956 construcciones y 7.104 habitantes son parte de Madrid; 517 y 1.924, de Coslada; y 397 y 1.536, de Rivas. Sin embargo, estas estimaciones tenían un carácter provisional, puesto que la cifra definitiva debía desprenderse de los citados censos. Una vez realizados estos, el cálculo regional puede descartarse a efectos de alcanzar una solución a este problema social.

El censo de Madrid, el primero en estar listo, estima que en el tramo que discurre por su término municipal viven 5.666 personas, de las que el 79% están empadronadas y el 96% cuentan con tarjeta sanitaria. El 64% son españolas, el 27% magrebíes y el 5% rumanas. El Ayuntamiento ha contado 1.004 parcelas, de las que el 90% están edificadas y el 73% tienen carácter residencial. Hay 1.303 casas bajas, 124 chalés, 107 chabolas y 18 remolques. Además, 118 locales con actividad económica que emplean a 549 personas.

El 29 de febrero, el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, se reunió con el alcalde de Coslada, Raúl López, con el que realizó una visita al tramo de la Cañada en ese término municipal. El Ayuntamiento todavía no ha completado el censo (para el que la ley otorgó seis meses, que se cumplieron en septiembre), pero estima que el resultado será muy similar al del recuento realizado por la Comunidad. Es decir, un total de 517 construcciones y 1.924 habitantes (que podrían aumentar o disminuir como mucho en una decena de personas, según fuentes municipales).

El consejero regional se reunió la semana pasada con la concejal de Urbanismo de la capital, Paz González, y esta mañana lo ha hecho con el alcalde de Rivas, José Masa, que le ha entregado su censo correspondiente. Según este, en la Cañada a su paso por este municipio viven 274 familias, en total 1.038 personas. El 57,5 son adultos (597), el 33,4% son menores de edad (347) y el 3,8% son mayores de 65 años (40). Del 5,2% restante no se ha podido averiguar la edad. Respecto a su nacionalidad y etnia, el 59,2% son magrebíes (615), y el 40,1% españoles (417). El 13,5% del total son gitanos, 128 españoles y 13 portugueses.

En ese tramo de la Cañada a su paso por Rivas hay 246 viviendas, de las que el 92,6% (228) son la residencia habitual de sus moradores, y el 7,3% (18) están vacías o se emplean como segunda residencia. Del total de edificaciones, 120 son casas bajas, 65 son chalés, 42 son pisos y 13 son chabolas. Las seis restantes serían, presumiblemente, remolques, aunque en el censo no se especifica. Además, hay 33 locales, 13 de los cuales se utilizan además como vivienda. En concreto, se han censado 17 naves o almacenes, 2 tiendas-bar, 3 chatarrerías, 1 picadero de caballos y 10 establecimientos de otros tipos.

De esta forma, y dando por buenos los resultados del censo avanzados por Coslada, se puede concluir que en la Cañada Real viven 8.628 personas, y hay levantadas (de forma irregular) 2.466 edificaciones (desde chalets de lujo hasta naves industriales hasta chabolas o remolques). Una vez concluida la ronda de reuniones con los tres alcaldes, el consejero regional tiene previsto mantener un encuentro con los tres Ayuntamientos y la Delegación del Gobierno de forma conjunta. Antes, el pasado 22 de febrero, recibió a algunas asociaciones de vecinos (otras han denunciado que fueron excluidas), tras lo cual pidió a los alcaldes que paralizaran los derribos hasta llegar a un acuerdo entre todas las partes. La ley regional otorga un plazo de dos años para cerrar este pacto social. El próximo jueves se cumplirá el primer año de esos dos.