Antifraude investiga a cuatro excargos de ICV por sus vínculos con Agbar

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha abierto una investigación para averiguar si la antigua cúpula del Departamento de Medio Ambiente infringió la ley de incompatibilidades por su actual relación profesional con Agbar. Uno de los investigados es el exconsejero Francesc Baltasar. Bajo su mandato, el departamento adjudicó a la empresa de distribución de agua obras públicas y contratos por valor de, al menos, 182 millones de euros. El caso también implica a dos altos cargos de Baltasar y a la exconcejal de Barcelona, Imma Mayol, todos ellos vinculados a Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).

De los ex cargos de Medio Ambiente, el más destacado es el propio ex consejero Francesc Baltasar, ahora retirado de la política, pero que ha iniciado una nueva etapa como consultor privado. La cuestión es que una de las empresas a las que asesora es Agbar, compañía con la que tuvo contacto permanente en calidad de titular de Medio Ambiente (2006-2010). La relación con la compañía de aguas fue especialmente constante durante el episodio de grave sequía vivido entre 2007 y 2009. En este periodo, el Departamento adjudicó al grupo Agbar más de veinte contratos por un importe total que ascendía a 90 millones, según avanzó el diario el Mundo. En 2006 Baltasar también adjudicó a una UTE capitaneada por Agbar la construcción de la desalinizadora de El Prat, que comportó un contrato de 92 millones para la empresa de aguas.

Además del exconsejero, dos personas más de su equipo han acabado vinculadas a Agbar. Una es la exdirectora de servicios de Medio Ambiente, Elisenda Rius, nombrada por Baltasar en 2006. Ambos se habían conocido en la empresa STE Consulting, de la que Baltasar llegó a ser director y Rius, gerente. Desde el pasado mes de julio la exdirectora es la responsable de Recursos Humanos de Agbar.

También Imma Mayol, exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona, aparece en el expediente

Eduard Pallejà, que fue alcalde de Rubí por ICV (1994-2000), ostentó el cargo de secretario general de Medio Ambiente bajo el mandato de Baltasar. Cuando el tripartito perdió la Generalitat, Pallejà montó su empresa de consultoría, KM2-Knowledge Management, que tiene como cliente a Agbar, entre otras empresas.

También Imma Mayol, exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona, aparece en el expediente, ya que recientemente apareció como representante de la compañía en un acto organizado por al Universidad de les Illes Balears.

La ley de incompatibilidades de la Generalitat determina que, durante los dos primeros años desde que abandonan su puesto, los altos cargos “no pueden desarrollar actividades privadas”, siempre y cuando éstas estén “relacionadas con los expedientes en cuya resolución hayan intervenido directamente en el ejercicio de su cargo”. La investigación de la OAC, dirigida por el magistrado Daniel de Alfonso, debe determinar si los ex altos cargos cometieron alguna irregularidad administrativa o un delito. En este último caso, la oficina remitirá el caso a la fiscalía.

Desde ICV se mostraron ayer “tranquilos” ante la investigación de Antifraude y se mostraron convencidos de que no existe “ninguna ilegalidad”.