"Sin ayuda no podemos asumir los recortes"

Alberto Fabra sustituyó a Francisco Camps en la presidencia de la Generalitat en julio del año pasado después de saber que el segundo se iba a sentar en el banquillo por el escándalo de los trajes. El cambio de inquilino provocó algunas modificaciones estéticas en la decoración del Palau de la calle Cavallers. El retrato de Benedicto XVI con la familia real que presidía el salón inmediato al antedespacho de Fabra se sustituyó por dos cuadros de gran tamaño cedidos por el IVAM, uno de ellos de Manuel Valdés. Nuevos aires y nuevas corrientes artísticas.

Fabra tiene poco que ver con su antecesor. Su percepción de la realidad y su sinceridad ante la quiebra económica suena, en ocasiones, algo ingenua. Durante la entrevista reconoció en al menos cuatro ocasiones que no podrá hacer frente al ajuste económico que le exige el Gobierno con los medios de la Generalitat. Expresiones como “no lo podemos asumir”, “no podemos hacer ese ajuste”, “va a ser difícil ajustar más” o “no podemos llegar a esas cantidades” están entre sus declaraciones. Fabra confía en que el Gobierno de Mariano Rajoy le ayude a salir del agujero en que el descontrolado gasto de sus antecesores le han dejado.

Achaca la situación a la fuerte caída de los ingresos, reclama un modelo de financiación distinto porque el actual es lesivo para los valencianos, pero asume que en los tiempos que corren va a resultar muy difícil cambiarlo.

El cuadro del Papa

La entrevista que mantuvo EL PAÍS con el presidente de la Generalitat se produjo el pasado lunes. El 5 de marzo, Fabra estaba convencido de que el ajuste al que le obligaba el Gobierno ascendía a los 1.500 millones de euros, un 10% del actual presupuesto de la Generalitat, que había que sumar a los 1.057 que ya había recortado. Una cantidad inasumible sin tener que tocar las prestaciones públicas en educación, sanidad y bienestar social. El pasado jueves se conoció que el recorte se reducía a 500 millones porque el ajuste principal ya se había hecho en el presupuesto de 2012, que se revisará a la baja cuando se conozca el del Estado tras las elecciones de Andalucía.

La transcripción de la entrevista, de acuerdo con el libro de estilo de EL PAÍS, fue revisada por presidencia de la Generalitat que introdujo algunas matizaciones derivadas de la reducción del ajuste de 1.500 a 500 millones. Esta rebaja en dos terceras partes no sirve para mitigar la preocupación por la que atraviesan las arcas autonómicas. Pese a ello, el presidente no contempla ninguna subida de impuestos para equilibrar la balanza de ingresos con la de gastos.

Fabra apuesta porque el Estado fije unas prestaciones mínimas comunes a todo el territorio español, aunque no dice cuáles son, y confía en que Mariano Rajoy aporte a las arcas valencianas el suficiente dinero para pagar esos gastos sin que sea necesario tocar el modelo de financiación. Detrás de sus respuestas se intuye una apuesta por la armonización del modelo autonómico.

Pregunta. Para cumplir el objetivo del déficit el Gobierno le exige un nuevo recorte de 500 millones. ¿Dónde va a aplicar la tijera?

Respuesta. Tenemos un problema. Nos hemos despertado del sueño tarde, con pesadillas y con mucho dolor de cabeza. Cumplir los objetivos del déficit con la Unión Europea no va a ser tarea fácil. Por eso, y para no generar tensiones, se ha pedido flexibilizar el objetivo de 2012, manteniendo el de 2013.

P. ¿Hasta qué punto se van a resentir los servicios públicos con un recorte de 500 millones y una reducción del déficit del 3,68% al 1,5%?

R. Es un ajuste que no podemos hacer por nosotros mismos, así que habrá que estudiar fórmulas para poder alcanzar ese objetivo. Cosas que teníamos asumidas como normales: empresas y fundaciones públicas, incluso la propia dimensión de la Administración, no tienen ya cabida. Habrá que ajustar y retocar absolutamente todo hasta donde podamos llegar. Pero no más de lo asumible.

"Habrá que ajustar absolutamente todo. Pero no más de lo asumible"

P. ¿Cómo van a afectar los Presupuestos Generales del Estado al de la Generalitat?

R. A la baja. Nosotros hicimos unas previsiones con una estimación de crecimiento de 0,7%. Ahora tenemos que revisar nuestras cuentas porque se prevé un déficit de 1.7%. Estamos hablando de 2,4 puntos. Eso es una barbaridad. Es que no se va a poder asumir.

P. Usted ya hizo una reducción de 1.057 millones y se ha encontrado con una fuerte contestación social. Si ahora tiene que recortar otros 500…

R. Es que no puedo hacerlo. Yo he recortado lo que podía. Más va a ser difícil.

P. ¿No sería más razonable que el Gobierno hubiera aceptado la flexibilización del déficit autonómico, como se le pedía desde Cataluña y Andalucía? ¿No se está castigando a las autonomías?

R. Creo que las comunidades autónomas hemos hecho cosas que no debíamos, cosas que no nos correspondían. Hemos duplicado competencias y eso no tiene sentido. Tenemos que entender que todos somos Estado que nadie puede verse aislado del resto de España.

P. Las autonomías antes también eran Estado, ¿o no?

R. No.

P. ¿Cómo que no?

R. No teníamos esa mentalidad. Jugábamos a ser mini-Estados, a competir entre nosotros por ver quién ofrecía mejores servicios, captaba más inversiones, cobraba menos impuestos… Todos buscábamos ser la autonomía referente en España. Eso se ha acabado. Ahora debemos tener criterios comunes y una oferta, una cartera, de servicios comunes. Y tenemos que hablar de financiación, aunque ahora sea complicado tocar esta cuestión. Además, todos hemos querido tener nuestro Síndic de Greuges o el Consejo de la Competencia. Al final habrá muchas cosas que no podremos hacer.

P. ¿Es partidario de suprimir la Sindicatura de Greuges?

R. Está en el Estatut; pero si tengo que elegir entre mantener los derechos en educación y sanidad o esa figura, solo digo que ya existe en España y se llama Defensor del Pueblo.

P. Los ingresos de la Generalitat son similares a los de 2004 mientras que sus gastos se corresponden con los de 2012. ¿No se ha planteado aumentar los impuestos para buscar un equilibrio financiero?

"Se ha acabado el

R. Antes quisiera dar un dato: En 2007 la Generalitat recaudó 2.400 millones por el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados; la cifra se redujo a 740 el año pasado. Nuestro primer problema es la caída de ingresos. Y contestando a su pregunta, en el decreto que hicimos a principios de año ya subimos el tramo autonómico para las declaraciones de la renta superiores a los 120.000 euros, aumentamos el céntimo sanitario más el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados.

P. Pero pueden suprimir la bonificación que impide recaudar el impuesto del patrimonio a las grandes fortunas o recuperar el de sucesiones o donaciones de las grandes herencias.

R. Ya veremos en cada momento lo que nos corresponde hacer. Estamos en un mundo muy cambiante. Pero en estos momentos no lo contemplamos.

P. El Estatut contempla la puesta en marcha de una Agencia Tributaria Valenciana, ¿tiene previsto crearla?

R. Ni pensarlo.

P. ¿Y aumentar el número de inspectores para combatir el fraude?

R. Tampoco.

"No podemos pagar el Estado de bienestar que hemos construido"

P. En Italia van a cobrar el IBI a la iglesia por sus bienes patrimoniales. ¿Aplicaría esta medida en la Comunidad Valenciana?

R. (Tras unos segundos de silencio) Pues…, es una idea que no me he planteado. Además, es una cuestión estatal. Nosotros no podemos hacerlo.

P. El Consell anunció una reducción de personal para ahorrar más de 400 millones. ¿Cuál es la situación actual?

R. Estamos haciendo varios expedientes de regulación de empleo en las empresas públicas. Hasta el verano seguiremos trabajando en ese sentido. Vamos a reducir las 46 empresas que existen en la actualidad a seis.

P. Dada la dificultad para aumentar los ingresos, ¿su gobierno se plantea el copago?

R. No sé qué fórmulas habrá que aplicar. Digo que no lo sé porque esa decisión no puede tomarla el Consell aisladamente. Hay que ir a un acuerdo conjunto de todas las comunidades autónomas.

P. ¿Por qué temen tanto a hablar del copago?

R. No es eso. ¿Cuál es la situación? Hace un año nos pidieron que hiciéramos unos ajustes y los hicimos. Ahora nos piden que hagamos más, pero yo no puedo hacer más porque si los hago, tengo que meterme en cuestiones que son básicas para los ciudadanos. Pero algo habrá que hacer para mantener el estado del bienestar y, en el supuesto de que el ciudadano tuviera que hacer algún abono, debe quedar claro que no sería con afán recaudatorio, sino buscando la concienciación de los ciudadanos de que ese cuesta dinero y de que hay que hacer un buen uso de los servicios públicos. Nosotros ya suprimimos prestaciones superfluas. Y eso es lo importante.

P. ¿Qué es superfluo en sanidad?

R. Le pongo un ejemplo. En los hospitales se comía a la carta, lo que hemos hecho es garantizar un menú básico. Si el paciente quiere elegir, tiene que pagar.

P. Una reducción de ese calibre debe suponer el 0,00… del presupuesto total de sanidad.

R. Le pondré otro ejemplo. Toda la vida cuando se ha ido a un hospital ha habido un sillón o un sofá para el acompañante del paciente. Ahora tiene la cama de al lado y encima también le daban el desayuno, la comida y la cena. Y no se le cobraba nada.

P. ¿Sí? ¿Dónde?

R. En el hospital de Alzira. Lo importante es que ahora estas son cuestiones a considerar. Insisto, tenemos que buscar fórmulas para reducir los gastos.

P. ¿Va a haber más recortes en Educación?

R. El único ajuste que hemos hecho en educación ha sido reducir un 50% un complemento que tenían los profesores que es de lo más altos de España. Aún así, estarán un poquito por debajo de la media de lo que cobran sus compañeros en el resto del Estado.

P. También han recortado 27 millones del presupuesto de Educación.

R. Pero eso no afecta a los derechos de los ciudadanos. Nosotros lo que hemos hecho, entre otras cosas, es suprimir el bono libro para todos. No tiene sentido el gratis total. Pretendemos que el que se pueda pagar los libros se los pague y que quede dinero para ayudar a quien no puede. ¿Tenemos que pagar los libros de los nietos de Juan Roig? Pues no. Esta es una medida social, muy social. Eso no es recortar dinero de la educación pública. Hay además una cuestión que la gente no se ha dado cuenta: no podemos pagar el Estado de bienestar que hemos construido entre todos. No lo podemos pagar. Así que habrá que buscar soluciones.

P. ¿Cree que va a tener que volver a recortar el sueldo de los funcionarios para poder alcanzar el objetivo del déficit?

R. Esa es una decisión que debe tomar el Gobierno de España. Pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha dicho que no se va a volver a tocar el sueldo de los funcionarios.

P. ¿A cuánto asciende la deuda de la Generalitat?

R. A 19.000 y pico millones, casi un 20% de nuestro PIB.

"¿Ave a Castellón?

P. Su gobierno, en un contexto de recesión, tiene que hacer frente antes del verano a vencimientos de deuda por valor de 3.000 millones más el pago a proveedores. ¿Cómo piensa hacer frente a todo eso?

R. Con la ayuda del Gobierno.

P. Standard&Poor’s rebajó el rating de la deuda valenciana hasta el nivel de bono basura por, y cito, “la incertidumbre ante la falta de apoyo del Gobierno”.

R. El Gobierno sabe muy bien cuál es nuestra situación. Sabe que partimos de varias situaciones discriminatorias: el modelo de financiación, nuestra balanza fiscal es negativa y nuestra renta per cápita está por debajo de la media. Somos la única comunidad autónoma en toda España en la que confluyen esas tres circunstancias. El Estado ha de ser consciente de la situación que sufrimos los valencianos.

P. ¿Y eso cómo lo piensa arreglar?

R. Diciéndolo para que se corrija. Porque no solo sufrimos esa triple discriminación, además tenemos autorizadas emisiones de deuda pública por valor de 2.800 millones que no hemos realizado por la coyuntura económica. Si aumentarán los ingresos del estado, bien por financiación, bien por inversiones similares a la media, y si pudiéramos emitir la deuda a través de hispanobonos que, dicho sea de paso, nos costarían menos intereses, salvaríamos la situación sufriendo y haciendo ajustes.

P. Todos los modelos de financiación, tanto el conocido como modelo Zaplana como el que aprobó luego el PSOE han sido lesivos para la Comunidad Valenciana. Pero nadie, ni los grandes partidos, ni la sociedad civil, protestó demasiado hasta que llegó el desastre. ¿Qué no se hizo bien?

R. La financiación debería contemplar el destino de los gastos en los presupuestos. En nuestro caso, y en el de la mayoría de las autonomías, se destinan a políticas sociales, a derechos básicos, tampoco debería haber tanta diferencia entre la financiación que cada uno recibe.

P. No me ha contestado. O sea que cree los valencianos lo hemos hecho muy bien.

R. No, no lo hemos bien. Pero tampoco tan mal como otros quieren hacer ver.

P. Me refería a la financiación, no a la imagen de la Comunidad Valenciana.

R. La financiación es insuficiente. Si el 85% del presupuesto se destina a atender los derechos fundamentales de los ciudadanos las diferencias entre las distintas autonomías no tienen porqué ser tan grandes. Tanto o más que los criterios de población o superficie debe primar el de la prestación de servicios. No puede ser que un ciudadano de Cantabria reciba del Estado 595 euros más que un valenciano.

P. Pues el presidente cántabro se queja de la situación que le han dejado en su comunidad.

R. Si él se queja, nosotros estamos para llorar.

P. Por cierto, va a poder pagar a los proveedores.

R. Debo pagar a los proveedores. No queda más remedio y es una urgencia que tenemos.

P. ¿Qué le parece que para cobrar tengan que pagar una parte a través de una quita?

R. Esas son las condiciones que hay. Si quieren cobrar los primeros, pues tienen esa posibilidad. Ahora bien, la quita es voluntaria y todavía no está decidido que vaya a ser así.

P. ¿Y a usted qué le parece?

R. Es lo que hay, lo que me parezca, da igual.

P. Valencia va acoger una cumbre de presidentes autonómicos. ¿Cuál es su objetivo? ¿Van a reclamar que el Estado asuma alguna de sus competencias o preparan alguna segunda LOAPA por la vía de la armonización?

R. Estamos en un momento de ajuste y hay cosas que hemos hecho por un exceso de oferta que tendremos que recortar con el objetivo de que todos los ciudadanos tengan unos mínimos derechos de prestación de servicios en toda España. No podemos seguir en una carrera a la inversa. Si antes todos corríamos para ver quién ofrecía más; ahora no vale el acelerar para ver quién recorta más. El Estado debe facilitar y ordenar el debate para fijar cuáles son las prestaciones mínimas a las que un ciudadano tiene derecho. Luego, si alguna autonomía quiere prestar más servicios, que se los pague, no que lo hagamos el resto de ciudadanos.

P. En varias ocasiones se ha referido usted a la necesidad de cambiar el modelo de Administración, ¿podría explicar a qué se refiere?

R. Si recortamos el marco legislativo que tenemos no pasaría nada y las cosas funcionarían mejor porque serían más sencillas. La realidad es que hemos pasado de un Estado paternalista a una relación entre ciudadanos y Administración propia de adultos. Debemos suprimir papeleo y burocracia para facilitarle la tarea a los ciudadanos.

P. La marca Comunidad Valenciana está asociada a despilfarro, mala gestión y corrupción. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

R. Yo no estoy de acuerdo con esa idea porque no es exacta. Nuestro problema, nuestro grave problema, no es que hayamos gastado mucho, es que nuestros ingresos han caído y aunque lo simplifiquemos todo con la idea del despilfarro, el principal problema es la caída de ingresos. Aunque hay que reconocer que se han hecho cosas mejores y otras que, con criterios actuales, no tanto.

P. Pero si hasta el ministro de Asuntos Exteriores ha puesto como ejemplo de despilfarro los “aeropuertos peatonales”. Y, que se sepa, solo existe el de Castellón.

R. Todo eso..., la fórmula 1, el aeropuerto de Castellón. Todo eso puede suponer una vez y media el gasto de farmacia de un solo mes. Explico esto para situarlo en el contexto general del gasto que tenemos. Son cantidades pequeñas comparadas con el presupuesto. Y, por lo que respecta al aeropuerto, es cierto que no se han hecho las cosas todo lo bien que se debía; pero también es cierto que es el primer aeropuerto privado que se conoce.

P. Privado con dinero público, querrá decir.

R. Quiero decir que sin el apoyo de la red estatal de aeropuertos y sin la tutela de AENA. Tal vez se debía de haber gestionado de otra manera. Puede ser. Pero tengo claro que es una buena infraestructura para el futuro de la provincia de Castellón.

P. Tal y como está la situación económica, qué presencia cree que tendrá la Generalitat dentro de dos años en eventos o grandes proyectos como la fórmula 1, Terra Mítica, la Ciudad de la Luz o el Aeropuerto de Castellón.

R. Primero me gustaría decir que son instalaciones que han ayudado mucho a vertebrar la Comunidad Valenciana. Pero la Generalitat no tiene que seguir al frente. Esa es nuestra voluntad, otra cosa es que no se consiga.

P. Con las previsiones del Gobierno, el paro en la Comunidad Valenciana puede alcanzar el 27%. ¿Qué políticas activas piensa llevar a cabo el Consell para evitarlo?

R. Hay que favorecer a los empresarios y animar a los emprendedores para que desarrolle empresas eliminando trabas administrativas. Todo no es dinero, aunque es verdad que hay líneas específicas destinadas a los incentivos; pero es mucho más importante quitar trabas y agilizar la administración. Además, hemos hecho el decreto de emprendedores que prevé 85 millones de euros en ayudas.

P. La consejera de Educación, en un artículo publicado el pasado domingo en EL PAÍS explicaba la necesidad de que los políticos hagan un buen diagnóstico de la sociedad. ¿17 años después, el PP aún tiene que hacer más diagnósticos?

R. La realidad es cambiante.

P. Y el PP permanente.

R. Se han producido un montón de cambios en materia legislativa tanto en España como en la Comunidad Valenciana y hay que ser sensibles a los cambios sociales. Personalmente, creo que hace falta un consenso en educación. No puede ser que los planes de estudios cambien de un hijo a otro.

R. ¿Qué pasa con el corredor mediterráneo? Los empresarios valencianos le piden más contundencia en su defensa y la ministra de Fomento coquetea con el eje central

R. El corredor es una necesidad que tiene toda España, no solo nosotros. Hicimos la apuesta que teníamos que hacer cuando nos jugábamos su inclusión en las redes de transporte ferroviario transeuropeas. Lo conseguimos y ahora es el Estado el que tiene que cumplir con sus compromisos.

P. Y a qué juega la ministra de Fomento.

R. No sé lo que harán algunos. Lo que sí que tengo claro es que el corredor mediterráneo tiene una continuidad por toda Europa y tiene el respaldo de todos los países por los que discurre, cosa que no ocurre con otros corredores. Lo que tenemos que hacer es agilizar esta infraestructura al máximo. Hay una opción que es meter el tercer carril que yo le comenté al presidente Rajoy.

P. ¿El AVE a Castellón llegará en las fechas previstas?

R. Me gustaría, pero aquí hay un problema. En infraestructuras hay una deuda de 40.000 millones de euros. Aquí, mucha gente prometió sin tener el dinero. Conociendo los datos del déficit y la deuda que tenemos, veremos cuándo podemos hacer las cosas.

P. Pero el agujero que a usted le han dejado sí que lo asume.

R. Todo. Claro que sí. Lo asumo porque estoy convencido de que las cosas que se han hecho, aunque con matices, son las que se tenían que hacer. Tenemos una Comunidad con más elementos para ser más competitivos que en otros lugares de España porque se ha invertido mucho en infraestructuras.

P. No hará como Eduardo Zaplana que afirma que todo lo que él hizo estaba bien y todo lo que vino después, mal

R. Yo intentaré hacer las cosas lo mejor posible en las circunstancias actuales, pero estoy convencido de que tanto Eduardo como Paco hicieron lo que tenían que hacer para conseguir los mejores resultados económicos y de calidad de vida en la Comunidad Valenciana.

P. Tras la comida que Rodrigo Rato mantuvo con Francisco Camps, ¿ve al expresidente al frente de Bancaja?

R. No.

P. ¿Y dónde le ve?

R. Donde decida conjuntamente con la dirección nacional del partido, si decide continuar en primera línea del PP.