“Ni el cura me dejaba pedir en su iglesia”

Anabel Molina tiene 22 años y camina con dificultad por el barrio de Campclar, en Tarragona. Hoy sale de cuentas y tendría que estar pletórica, pero su futuro es incierto. “Tengo contracciones desde hace días, aunque sigo viniendo porque necesito dinero para comprar medicamentos, llevo tres días con fiebre”, explica. Muestra un vaso de plástico con algunas monedas dentro y señala un rincón, a las puertas del supermercado en el que pide limosna. Dejó el colegio a los 14 años para ayudar a sus padres, después trabajó de camarera en hoteles, en una tienda de ropa y en una frutería. Entre 10 y 12 horas diarias, a cambio de 12,5 euros al día. “Decían que iban a normalizar la situación, pero la frutería se fue a pique”, cuenta. Ese fue su último trabajo, hace ya casi cuatro años. No tuvo derecho a paro. Su pareja, Jesús, de 29 años, tampoco tiene empleo desde hace tres años. “Antes construía las vías del AVE, cobraba 1.600 euros, pero no había trabajo y al final también lo despidieron”, dice.

Durante unos meses, pudieron cobrar una ayuda familiar de 426 euros. Se fueron a probar suerte a Valls (Alt Camp) y vivieron en una casa abandonada, sin luz, ni gas, ni agua pero no pudieron continuar manteniendo a sus dos hijos, de dos años y medio y poco más de un año. “A la pequeña la dejé con mis padres cuando tenía 20 días, no quería que pasara frío, hambre, que viviera en la oscuridad”, relata.

Los padres de Anabel también perdieron sus empleos y sobreviven a duras penas. De la estancia en Valls guardan tristes recuerdos. “A veces nos íbamos a las afueras de la iglesia Sant Joan, pero ni el cura nos dejaba pedir limosna. Aunque estuviera embarazada, nos echaba y amenaza con denunciarnos si seguíamos pidiendo”, evoca la mujer. En otra ocasión, un hombre joven les espetó: “Hay mucha gente pobre, que tu marido se busque un trabajo”. Después supieron que era Albert Batet, alcalde de Valls (CiU). “Nunca nos quiso recibir y cuando nos encontraba pidiendo hacía como que no nos veía”, dice.

Cáritas les dio comida un par de veces y Anabel consiguió hablar con dos asistentes sociales, que le pintaron un futuro muy negro. “Una dice que me quitarán a los niños si no consigo una casa en condiciones y la otra insiste en que no pueden arreglar la renta mínima de inserción porque hay mucha gente que la cobra irregularmente”, afirma Anabel. Nunca ha tenido adicción a las drogas ni al alcohol y desde hace un mes viven en casa de los abuelos de él. Son cinco camino de seis. “La abuela tiene 77 años y está en silla de ruedas. La tía tiene 40 y no se puede valer por sí misma. Entre las dos cobran 500 euros de pensión y el tío las cuida”, afirma la joven.

Pero todo puede cambiar dentro de un mes. El 10 de abril los van a desahuciar y están desesperados. Si eso ocurre, los servicios sociales ya les han avisado de que se llevarán al bebé. “Me da mucha vergüenza pedir dinero, pero es lo único que puedo hacer. Ojalá alguien nos ayude. Solo quiero un techo y un trabajo para ir tirando”, clama la mujer.