Retrato de 10 años de corrupción

"Omitió clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legal (...) desviar fondos públicos para su lucro personal (...) una absoluta falta de diligencia (...) permitió el enriquecimiento de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos andaluces". Estos argumentos sirvieron a la juez del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, para decretar la madrugada del sábado prisión provisional para el ex director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero. Alaya estima que podría fugarse debido a las "presiones externas" de terceros a los que podría "perjudicar claramente".

Después de tres días de declaraciones, prolongadas durante 20 horas, la juez justificó su decisión en la "relevancia" del testimonio de Guerrero, dada la precaria situación económica y personal que padece y la gravedad de los delitos que le achaca. Para Alaya, a pesar de que el inculpado ha colaborado con la justicia, aún conoce hechos delictivos que no ha desvelado a la investigación.

El ingreso en prisión del principal imputado supone un punto de inflexión fundamental en el caso, no solo por la fecha crítica en que se produce, a solo dos semanas para las elecciones. Es también un aviso a navegantes para los otros 51 imputados, una medida que refleja la gravedad que la instructora otorga a los delitos supuestamente cometidos por Guerrero, y una demostración de fuerza de una instructora cuya imparcialidad ha cuestionado la Junta y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha salido a defender.

La magistrada justifica su medida, muy cuestionada por todas las defensas, con el extenso relato de 36 páginas que enumera los desmanes de Guerrero atesorados por la Guardia Civil. El escrito de Alaya pone negro sobre blanco la gestión irregular del ex director general a lo largo de casi 10 años de su peculiar carrera política después de su etapa como alcalde de El Pedroso (Sevilla), localidad a la que acudía cada noche pese a trabajar en la capital andaluza. Guerrero no se olvidó de sus vecinos y amigos, y El Pedroso y sus localidades vecinas recibieron una tremenda lluvia de millones: dos tercios de los 75 millones en ayudas directas a empresas recayeron en la Sierra Norte de Sevilla (30.000 habitantes). El resto del territorio andaluz se repartió los 25 millones restantes.

Después de 14 meses de investigación, la juez subraya en su auto de prisión que ahora "verdaderamente surge el riesgo de fuga" de Guerrero por "las penas que llevan aparejados" los delitos que le imputa (hasta 18 años de cárcel la malversación y cohecho continuados). Además, la magistrada subraya la "repercusión mediática del caso y la evidente alarma social creada", y enfatiza la pérdida de "cierto arraigo social y laboral" de Guerrero, al no poder reincorporarse como funcionario de la Junta, que suspendió su reingreso tras las Navidades. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la prisión por las irregularidades que Guerrero cometió a lo largo de casi una década (entre 1999 y 2008). A la fiscalía se le sumaron las acusaciones de la Junta, el PP, UGT y el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

Como medida cautelar para hacer frente a la responsabilidad civil, la fiscalía había pedido una multa de 933 millones. Este dinero incluye las ayudas directas a empresas y para ERE concedidas por la Consejería de Empleo, y que Anticorrupción considera están dadas por un procedimiento ilegal. La Junta sigue defendiendo que el sistema (transferencias de financiación en vez de subvenciones excepcionales, que tienen un control más estricto) es legal.

Ante la petición de cárcel del fiscal, surgió la unanimidad de las defensas, una circunstancia excepcional, que consideraron desproporcionada la medida por la ostensible colaboración con la justicia que ha demostrado Guerrero, y su nulo riesgo de fuga. Pero Alaya ignoró la unanimidad y dictó un auto en términos muy duros sobre los graves delitos de los que le acusa.

La juez destaca cómo el ex director general de Trabajo "en connivencia con otros" aprobó 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas a empresas pese a conocer su "absoluta falta de competencia" para ello. El objetivo era obviar "los férreos controles" de la Intervención General de la Junta, conocidos por el inculpado, "sus superiores" y las personas que colaboraron con Guerrero. La mención a sus "superiores" podría conllevar la ulterior imputación del diputado socialista y aforado José Antonio Viera.

La instructora destaca cómo "de manera manifiestamente injusta y arbitraria" concedió ayudas públicas para favorecer a familiares o amigos, personas próximas al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE, "partido que gobernaba y gobierna en dicha comunidad autónoma". Además, Alaya subraya cómo estas ayudas contravienen la normativa europea y los empresarios a menudo no presentaron ni siquiera solicitud para recibirlas.

El auto destaca la "absoluta discrecionalidad" en la concesión de ayudas con una total carencia de publicidad y que limitaba un derecho objetivo para que los empresarios de provincias distantes de Sevilla, como Almería o Granada, accedieran a estas subvenciones. "El otorgamiento implicaba que las mismas solo se concedieran a las personas físicas o jurídicas cercanas a la Administración Autonómica". Alaya utiliza palabras gruesas para la presunta malversación cometida por Guerrero, con la connivencia de sus superiores, al menos del exconsejero Antonio Fernández y el exviceconsejero Agustín Barberá. El ex consejero Viera no está imputado en la causa y en caso de que lo fuera, el Tribunal Supremo asumiría esta investigación. "Una distracción continuada de dinero público, un absoluto dispendio dilatado lamentablemente en el tiempo, para favorecer a personas o entidades", concluye la juez.

La juez detalla cómo Guerrero incluyó intrusos en multitud de ERE y concedió numerosas ayudas directas a empresas para las que ignoró el procedimiento legal, por lo que incurrió en una supuesta malversación y prevaricación continuada. El ex director general está acusado de cohecho y Alaya recuerda cómo recibió entre 40.000 y 60.000 euros por parte de su exchófer, Juan Francisco Trujillo, que declaró a la policía que juntos habían malgastado parte de 900.000 euros de dos subvenciones en cocaína, fiestas y copas. "Ambos acudían a establecimientos de copas, consumiendo alcohol y cocaína a diario que Juan Francisco Trujillo pagaba con el dinero de las ayudas públicas", denuncia Alaya. Esta señala cómo Guerrero recibió regalos como antigüedades, un piano, artículos de telefonía o ropa. Por último, achaca a Guerrero dos delitos de falsedad en documento oficial al falsear la fecha del protocolo de colaboración con la empresa Acyco, así como al mentir en la narración de los hechos en el convenio de colaboración del expediente de una empresa de su exchófer. Es la única ocasión en la que Alaya le acusa de mentir.

"Debía conocer por su contacto prolongado y diario que el mismo no tenía posibilidades personales y materiales, ni conocimiento, ni tiempo, para montar una fábrica de muebles, por lo que difícilmente podía contratar a trabajadores de una empresa anterior". Guerrero también cometió presuntamente un delito de falsedad en documento mercantil al inducir a Trujillo a falsificar la firma de su madre para recibir las rentas de la póliza que le consiguió por 122.000 euros.

Alaya alerta de que la lista de intrusos se incrementará "a medida que avance la investigación con muchos otros nombres". Asimismo, la juez denuncia las "importantísimas comisiones" superiores al 15% que cobraron las mediadoras Vitalia y Uniter, y el sistema de pagos cruzados que utilizó Guerrero para priorizar pagos a las empresas.

La concentración de ayudas en la Sierra Norte sevillana, comarca de donde procede Guerrero, es muy llamativa y Alaya enumera cómo este benefició a las firmas de su territorio: de 75 millones en subvenciones directas, 50 millones fueron a parar a compañías de esta zona pese que solo tiene 30.000 habitantes. Alaya enumera cómo favoreció a familiares (su suegra percibió una póliza de 200.000 euros) y numerosos amigos, entre ellos el exalcalde e intruso Rafael Rosendo y su hijo José Enrique Rosendo, cuyas firmas cobraron 12 millones.