Un cuarto de siglo de lucha
El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar celebra su 25 aniversario cercado por una decena de proyectos urbanísticos y herido por diferentes agresiones medioambientales
El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) tiene todos los grados de protección necesarios para considerarse a salvo de la mano, a veces negra, de la civilización y de su desarrollo. Gracias a su declaración como Parque Natural, hace ahora 25 años, sus 50.000 hectáreas de superficie no se han transformado en un gran bloque de hormigón con piscinas, parques temáticos y campos de golf en primera línea de playa. Sin embargo, la protección durante este cuarto de siglo no ha sido de manual.
El hotel levantado hace nueve años en la playa del Algarrobico (Carboneras) se considera el mayor exponente de los ataques que ha sufrido el Parque Natural dentro de sus límites. Más allá. Se ha calificado como una de las grandes aberraciones medioambientales en el litoral español de las últimas décadas y, lo peor, es que se hizo con el beneplácito de las administraciones consideradas competentes.
Su impacto mediático ha sido mayor que el de otras construcciones hosteleras promovidas en los términos municipales que comparten el Parque -Almería, Níjar y Carboneras- levantadas sobre suelo no urbanizable. No ha trascendido de igual manera la proliferación de zonas de regadío e invernaderos dentro de sus límites de protección, así como de industrias relacionadas con esta actividad, las explotaciones mineras o la realización de caminos en lugares protegidos para facilitar el acceso de vehículos.
Los planes especiales (PORN y PRUG) "velan por que todas las actuaciones en el Parque Natural se lleven a cabo con criterios de sostenibilidad", argumenta Sonia Rodríguez, delegada provincial de la Consejería de Medio Ambiente. Partidaria de un "equilibrio entre la conservación y las necesidades de la población local" destaca la necesidad de imprimir un "enfoque social" a las actuaciones que se desarrollan tanto en el Parque, como en el área de influencia socioeconómica del mismo, en manos legislativas ya de los planes generales de cada municipio y de las normas urbanísticas de rango superior. "La primera especie a proteger en el Parque Natural es la especie humana", incide la delegada.
La distancia prudencial que podría existir entre las políticas de la administración y las reivindicaciones de actuaciones defensivas proclamadas por los grupos conservacionistas ha ido aumentando durante estos 25 años hasta convertirse en una brecha.
"La administración ha hecho de apagafuegos. Ha estado más preocupada por dar la imagen de que no pasaba nada y ha actuado cuando no quedaba más remedio", analiza José Rivera, presidente del Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM), uno de los principales colectivos conservacionistas nacidos en la provincia. Junto a otros cinco colectivos ha constituido una Plataforma para la protección del Parque Natural.
Unen fuerzas con la intención de hacer de parapeto ante otros proyectos relacionados con el ladrillo que rodean al Parque. La amenaza viene por todas direcciones. Al norte, los proyectos de Hoya Altica (urbanización y campo de golf en Almería) y Nazareno (1.000 viviendas, 2.500 plazas hoteleras y un campo de golf de 27 hoyos en 230 hectáreas en Níjar). Al este, la ampliación del Puerto de Carboneras y el proyecto de Playa Macenas (urbanización y campo de golf en Mojácar). Al oeste, la ampliación del Puerto de San José (Níjar) y las urbanizaciones previstas en la zona de Las Salinas y en La Fabriquilla (Cabo de Gata).
Todas son grietas que podrían desquebrajar la sostenibilidad del Parque, Reserva de la Biosfera, en el que conviven más de 1.000 especies de flora y fauna exclusivas y que constituye un paisaje único en la costa mediterránea.
El Algarrobico, exponente del ataque
La imagen más popularizada de violación a la esencia del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar e, incluso, de burla a la normativa que le concedió el máximo grado de protección medioambiental —cuestión que se dirime en los tribunales— la constituye el hotel levantado en la playa del Algarrobico, en Carboneras (Almería).
Levantado hace nueve años con licencia municipal y permiso de la Junta de Andalucía —a la que un juez acusó de modificar planos para rebajar el nivel de protección del suelo y cuya tesis respaldó el TSJA— fue paralizado al 90% de su construcción. En cuestión de días se dará a conocer el fallo del Tribunal Supremo sobre si la construcción vulnera la Ley de Costas al encontrarse a menos de 100 metros de la costa. De ser así, y al tratarse de una sentencia firme, supondría que parte de la estructura del edificio debe derribarse.
Tanto el Ministerio como la Consejería de Medio Ambiente coinciden en que el Algarrobico debe desaparecer del mapa una vez haya una resolución judicial firme, lo cual parece obvio. La única iniciativa tomada por ambas Administraciones ha sido la firma de un convenio en el que se especifican las actuaciones que cada una debe llevar a cabo una vez que se obtenga luz verde para el edificio de 40 plantas. "Queremos que el paraje recupere sus condiciones originales naturales", proclama la delegada provincial de Medio Ambiente, Sonia Rodríguez. Recientemente, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que con su partido en la Junta "será más fácil demoler el Algarrobico", un hotel que aún dará que hablar durante la campaña electoral.
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