Andalucía se compromete a cumplir el déficit sin recortes sociales

La bronca política sobre el objetivo del déficit del 1,5% de las comunidades autónomas a lo largo de 2012 ha situado a Andalucía en el epicentro del terremoto, al ser la única que rechazó de manera explícita, el martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el límite impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, dijo ayer que, como no puede ser de otra forma, la Junta cumplirá con la decisión de los órganos constitucionales, pero se comprometió a lograrlo sin recortes sociales.

Aunque explicó que hasta que no se conozcan los Presupuestos Generales del Estado —que se presentarán cinco días después de las elecciones del 25 de marzo— no podrá aventurar cómo se va a contener el gasto, Martínez Aguayo apostó por la vía de los ingresos, como ha venido haciendo la Junta hasta ahora, y sin meter la tijera en la sanidad y la educación, que calificó de “líneas rojas”.

El camino seguido hasta ahora por el Gobierno de José Antonio Griñán ha sido gravar las rentas por encima de 80.000 euros, los depósitos de las entidades de crédito, las bolsas de plástico de un solo uso o establecer el céntimo sanitario sobre la gasolina.

José Antonio Griñán terció ayer en la polémica: “Tenemos que llegar al objetivo que nos hemos fijado para el 2012 y sin duda que eso va a exigir sacrificios para todas las Administraciones”. No obstante, añadió que no se puede entrar en el debate “equivocado” de si es el Estado o las comunidades quien tiene que hacer el esfuerzo fundamental, cuando, en su opinión, “lo que hay que hacer es priorizar los objetivos”. Para Griñán, “la prioridad de las prioridades es la Educación y ahí no debemos retroceder bajo ningún concepto nada”.

Javier Arenas, por su parte, achacó las críticas de la Junta a la imposición del Gobierno a un “interés electoral” y recomendó a Griñán que “huya del inmovilismo” y afronte el control del gasto corriente, ya que, de lo contrario, “se harán más recortes en Andalucía”.

Como es ya habitual cuando se entablan este tipo de rifirrafes, el Gobierno salió ayer a reprobar a la Junta andaluza y su gestión. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo en el Congreso que los socialistas han tenido “muy poco rigor” en el manejo de los fondos públicos y sacó a colación el caso de los ERE fraudulentos. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, también intervino para decir que la Junta busca la confrontación en clave electoral y se refugia en el “despilfarro”. “En vez que sumarse a la senda del crecimiento económico, de la generación de empleo y de la austeridad, quiere volver a una fórmula que ha destrozado a este país”, señaló.

Igualmente, la emprendió con el Presupuesto andaluz: “Griñán prefiere seguir con la falsedad de unas cuentas que no va a poder cumplir porque sus previsiones son irreales y no responde a las posibilidades económicas ni de Andalucía ni de España”.

La UGT y CC OO respaldaron a la Junta, mientras que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) se desmarcó. Los sindicatos opinaron que el reparto para reducir el déficit entre las distintas Administraciones no es equilibrado, al tiempo que defendieron el mantenimiento del gasto y las políticas sociales y de igualdad. El presidente de la patronal, Santiago Herrero, se limitó a comentar que se trata de una “decisión política” del Gobierno central sobre el reparto territorial para recortar el déficit.