Torrevieja cierra una planta de basura tras siete años de actividad irregular

El Ayuntamiento de Torrevieja, en manos del PP con mayoría absoluta, ha decido cerrar la planta de transferencia de basura, que ha funcionado de manera irregular desde hace siete años. La iniciativa del Consistorio se produce después de que la Fiscalía de Alicante haya abierto una investigación para investigar la concesión de la licencia por un supuesto delito de prevaricación. La investigación del ministerio público tuvo su origen en una denuncia del Grupo Municipal Socialista.

El decreto de cierre de la planta de basuras fue acordado el pasado 29 de febrero por la Concejalía de Actividades tras rechazar las alegaciones presentadas por la concesionaria, la UTE integrada por las firmas la Generala y Necso. En el mencionado decreto, el negociado municipal señala que la empresa solicitó licencia de obras para la construcción de la planta el 4 de marzo de 2005 y el 29 de abril de ese mismo año permiso para apertura. Este segundo permiso lo validó el Ayuntamiento en noviembre de 2010, pese a los informes en contra de los cinco técnicos municipales. Posteriormente, en septiembre de 2011 la Concejalía de Urbanismo declaró la caducidad de la licencia de obras. En el decreto de cierre de la planta, el Ayuntamiento sólo autoriza el uso de la instalación para albergar maquinaria y el personal hasta que se ubiquen en otras dependencias.

Por la adjudicación de la planta  está imputado el exalcalde y diputado autonómico Hernández Mateo 

Los socialistas llevaron el caso a la fiscalía tras el pleno de la Corporación del pasado 26 de noviembre, "ante las insuficientes explicaciones ofrecidas por el concejal de Urbanismo, Francisco Moreno".  El PSPV sostiene que el equipo de gobierno obvió la opinión de los técnicos municipales y autorizó la licencia "en base exclusivamente a una consulta de una firma de abogados urbanistas externa".

Por la adjudicación de este contrato en 2004 ya está imputado el exalcalde y actual diputado autonómico del PP Pedro Ángel Hernández Mateo. La juez vio indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y falsedad documental y remitió la causa al TSJ por su condición de aforado. El exregidor declaró la pasada semana en el alto tribunal y declinó en los técnicos municipales las posibles irregularidades.