Las consejerías de Interior y Justicia cierran seis sedes públicas

Los recortes en la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia también están afectando a los edificios públicos abiertos. El departamento que dirige Regina Plañiol tiene previsto culminar en estos días el cierre de sedes para intentar ahorrar dinero. En concreto, ha reagrupado seis servicios, lo que permitirá un ahorro de tres millones de euros al año. Eso sí, cerrará sedes históricas como la primera que vio nacer el teléfono de Emergencias 112, en la calle de Gobelas. Hasta el momento era donde se hallaba la réplica de este servicio, por si se producía un fallo en la sede de Pozuelo de Alarcón.

El edificio de Gobelas era el más caro de los afectados por traslados de sedes: 1,2 millones de euros al año. El centro réplica del servicio estará situado a partir de ahora en la Dirección General de Protección Civil, con sede en Las Rozas, según fuentes de la Consejería.

Los primeros en trasladarse fueron la Dirección General de la Función Pública y la Unidad de Prestaciones de Asistencias Médicas, que ahora se encuentran en la plaza del Conde del Valle de Suchil y la calle de Miguel Ángel. Esto ha supuesto un ahorro de 845.000 euros a las arcas regionales. Uno de los talones de Aquiles de la Consejería, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, se trasladó a la Gran Vía, 18. En esta nueva sede se ha aumentado un 30% la superficie de trabajo respecto al emplazamiento anterior y se han dejado de pagar 150.000 euros. "Estamos en un momento de recortes, en los que hay que mirar mucho en qué se gasta el dinero", señalan fuentes de la Consejería de Presidencia.

Traslados a Gran Vía

El número 43 de la Gran Vía también ha acogido otros dos organismos de Interior: la Agencia de Protección de Datos regional y la Subdirección General de Política Interior. En esta última el servicio de atención al ciudadano ha conseguido incrementar la superficie un 46%.

El último organismo en mudarse ha sido la Subdirección General de Gestión de Personal y Relaciones con la Administración de Justicia, que también se ha instalado en Gran Vía. Esto supone dejar de pagar 590.000 euros. "Con estas medidas hemos logrado reducir un 37% el gasto y se ha reducido un 41% la superficie ocupada", destacaron fuentes regionales.

Estos cambios han supuesto que 656 personas hayan tenido que reubicarse en las últimas semanas.