La corrupción asfixia la democracia

El levantamiento del secreto del sumario del caso Campeón, que salpica a políticos de los tres partidos parlamentarios en Galicia y a varios departamentos de la Xunta, ha vuelto a poner en primer plano el grave problema de la corrupción política. Es cierto que Galicia no aparecía hasta ahora en un lugar destacado en ningún mapa que pudiera realizarse para ubicar la lacra de la corrupción en nuestro país. Aun así, en nuestra tierra, además de la citada Operación Campeón,se han abierto en los últimos años numerosos procesos en lo que han estado implicados más de 130 personas, 76 de ellas cargos públicos, a los que se ha condenado o están implicados en delitos tales como saqueo de las arcas públicas, concesión ilegal de licencias o cobro de comisiones a cambio de prebendas o todo tipo de gestiones.

La opinión políticamente correcta afirma que la corrupción en España se reduce a casos puntuales y que tales practicas son hechos aislados u ocasionales y afectan a un reducido número de personas e instituciones. Yo creo, sin embargo, que la corrupción esta más extendida de lo que se reconoce y tiene además preocupantes características estructurales. La increible peripecia del caso Urdangarin y sus impredecibles consecuencias políticas, o la trama Gürtel, que antes de que alguno de los implicados haya sido condenado ya se ha llevado por delante al juez Garzón y a la cúpula de la lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria, así lo confirman. Antes en la Costa del Sol, con Marbella como centro de operaciones, los especuladores camparon a sus anchas y el saqueo de las arcas públicas era sistemático.

A ese panel de rica miel acudió una variada fauna social compuesta por zánganos de la jet set, triunfadores horteras,cortesanos de toda laya, profesionales del chisme que se llaman a si mismos periodistas, testaferros o parásitos de la más variada condición. Finalmente, como era previsible, se establecieron las mafias internacionales. Conviene recordar también la referencia al 3% realizada por Maragall desde la solemnidad de la tribuna parlamentaria, el procesamiento de toda la cúpula del PP en Baleares, con el anterior presidente de las Illes a la cabeza, así como de la presidenta del Parlamento y de varios consejeros y alcaldes de aquella comunidad autónoma. Sin olvidar las imputaciones que pesan sobre altos cargos de la Comunidad Valenciana o la vergüenza que supuso tener que repetir unas elecciones en Madrid como consecuencia de la felonía de dos diputados convenientemente incentivados por las tramas inmobiliarias. A todos estos casos mas conocidos y relevantes hay que añadir los numerosos casos de gestores municipales procesados o imputados en todo el país.

Pero lo más preocupante de esta desdichada situación es el rotundo fracaso que los diferentes gobiernos, partidos políticos, fiscales, jueces o inspectores de Hacienda han cosechado a la hora de prevenir, detectar y combatir la corrupción. ¿A qué se debe este colosal fallo sistémico? Pues mucho me temo que algo ha tenido que ver la enorme capacidad de la economía sucia y las organizaciones delictivas que la gestionan poseen para corromper a la sociedad. En España, las mafias blanquean ingentes cantidades de dinero negro que en no pocos casos proceden de actividades criminales. Y es fácil comprender que quienes manejan miles de millones de euros no carecen de proyecto político. Al contrario, necesitan la complicidad del poder —o de los poderes— para extender su devastadora metástasis. Así pues, es preciso cortar de raíz esta anomalía democrática antes de que pueda extender de forma irreversible sus perturbadoras redes. Pero para solucionar el problema no podemos seguir el modelo, como proponen algunos, de Estados Unidos, cuyo Tribunal Supremo sentenció que el dinero declarado que se emplee para elegir candidatos y promover intereses privados y comerciales en Washington es una forma de libertad de expresión protegida por la Constitución. Aquella decisión convirtió una república representativa en una plutocracia.

Para combatir la corrupción es imprescindible que los partidos políticos aparten sin contemplaciones a los personajes corruptos, que los jueces muestren mayor eficacia y, por supuesto, que la opinión pública haga irrespirable el aire a estos delincuentes. En Galicia, los éxitos alcanzados en la lucha contra el narcotráfico fueron debidos a la combinación de dos factores: la acción decidida de algunos jueces, con Garzón a la cabeza, y la movilización ciudadana promovida por las madres contra la droga, que puso en la picota a los narcotraficantes, los arrinconó y asfixió socialmente. Ese es también el camino a seguir contra la corrupción política. De lo contrario, esta lacra asfixiará nuestra democracia.