“Todo el apoyo a Pablo Ibar”

“La familia de Pablo Ibar va a tener todo el apoyo del Gobierno”, reconoce la cónsul de España en Miami, Cristina Barrios, que visitó al joven en la cárcel el jueves. “Este caso no es un caso más y no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, añade en conversación con EL PAÍS.

Cuando Pablo Ibar, el joven de origen guipuzcoano condenado a pena de muerte desde el año 2000 en una cárcel de Florida, se enteró hace unos días de que el juez del condado de Broward, Jeffrey R. Levenson, le denegaba la posibilidad de repetir el juicio que le permita escapar de la inyección letal, lo primero que pensó fue: “Ahora, no podemos rendirnos”. Miró a su alrededor y en los seis metros cuadrados que ocupa su celda se lo repitió a sí mismo. Lo cuenta su padre, Cándido Ibar, que tuvo que mirarle el pasado sábado a los ojos. Era la primera vez que le visitaba en el penal de Raiford, en Starke, al norte de Florida, después de conocer la decisión del magistrado. Hasta ese momento, Cándido sólo había tenido noticias de Pablo por una carta que éste le escribió y en la que subrayaba un mensaje: “Estoy bien. Estad tranquilos”.

Para continuar con su lucha, la familia se ve obligada ahora a conseguir nuevos fondos. Los que necesitan para costear una buena defensa que obtenga a través del recurso un nuevo juicio. Y este escenario supone para Pablo Ibar un coste de 150.000 euros. La falta de recursos económicos de su familia para afrontar este recorrido judicial les lleva a confiar en obtener parte de esa cantidad a través de instituciones, asociaciones y organismos. Sin embargo, no pierden la esperanza. “Lo hemos hecho anteriormente y lo volveremos a hacer”, señala Andrés Krakenberger, presidente de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, en quien se apoya Cándido. “No hay ninguna prueba física, ni huellas digitales, ni pruebas de sangre o de ADN para vincular a Pablo con la escena del crimen”, denuncia Krakenberger.

La financiación para pagar los servicios del bufete de abogados Florida Robbins, Tunkey, Ross, Raben y Waxman P.A. procederá, por una parte, de los presupuestos del Gobierno vasco. En este sentido, la familia ya ha obtenido 75.000 euros de la dirección de Derechos Humanos. Y por otra parte, de las próximas cuentas que apruebe el Gobierno de Rajoy a finales de mes, esperan conseguir alrededor de 35.000 euros vía Ministerio de Asuntos Exteriores y en concepto de “ayuda a la defensa jurídica de españoles condenados a pena de muerte en el extranjero”. Krakenberger confía en que el Gobierno central siga manteniendo la ayuda y ésta no se vea mermada por los recortes.

“Estoy bien, Estad tranquilos”, les dijo el acusado a su familia por carta

“La crisis se nota pero tenemos que pelear por conseguir apoyos”, insiste también Cándido desde su casa en Atlanta, donde reside y donde está en contacto permanente con el Consulado español en Miami. Su principal responsable Cristina Barrios que sigue el caso muy de cerca, en declaraciones a EL PAÍS lo considera “una prioridad”.

Desde hace ya 12 años, todos los sábados Cándido le promete a Pablo que le sacará del corredor de la muerte. Ahora, la próxima iniciativa en esta descarnada lucha por el hijo del pelotari puntista y sobrino del boxeador Urtain, será el recurso que el abogado de la familia, Benjamin Waxman, presente en las próximas semanas ante el Tribunal Supremo de Florida. Los Ibar son conscientes de que el tiempo corre en su contra y por eso, vuelven a organizarse. “El periodo que se abre ahora, dos o tres años de espera antes de que la Justicia tome una decisión, hay que administrarlo bien”, dicen. Será el mismo que Pablo, que el 2 de abril cumplirá ya 40 años, siga en el corredor de la muerte. En su celda, la “casa”, como él la llama.

El abogado basará su recurso en los mismos argumentos que hasta ahora han presentado. “Cuanto más nos alejemos del Tribunal que le condenó a Pablo a pena de muerte y que le ha denegado un nuevo juicio, más posibilidades tenemos de que otro juez, con los documentos que aportará Waxman, lo vea de forma distinta”, apunta Krakenberger. El abogado de la familia insiste en que ninguna de las pruebas halladas en el lugar del crimen de Casimir Sucharski, de 48 años y de las modelos de 25, Sharon Anderson y Marie Rogers la noche del 27 de enero de 1994 inculpan a Ibar. Ahora, después de que un juez les denegase la posibilidad de que se repita el juicio en el que un jurado popular le halló culpable por nueve votos frente a tres, rechazando pruebas como el testimonio de un experto británico en análisis faciales que examinó las cámaras de seguridad donde se encontraron los cuerpos y que determinó que no tenían calidad suficiente como para ser una prueba fiable, el testimonio de un ingeniero que asegura que el asaltante que se ve en las imágenes era cinco centímetros más bajo que Pablo y el de una psicóloga, Waxman volverá a insistir en la necesidad de escuchar a estas personas.

La defensa de un nuevo juicio supondría un gasto de 700.000 euros

La familia de Ibar tratará de demostrar de nuevo que su juicio estuvo plagado de irregularidades y que inicialmente no tuvo una correcta asistencia letrada. Después de los tres aplazamientos que han vivido en el último año para estudiar en profundidad los argumentos expuestos en la petición de un nuevo juicio, con este recurso, se quiere "echar por tierra el documento de cincuenta páginas en el que el juez de Florida expuso sus argumentos y su decisión de no repetir el juicio", insiste Andrés Krakenberger de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar. Un nuevo juicio cuya defensa supondría un nuevo coste estimado para la familia que alcanzaría los alrededor de 700.000 euros.

Pablo Ibar sabe que no está solo. A miles de kilómetros se cartea con Josune Artetxe. Esta vecina de Arroa (Zestoa) mantiene una relación epistolar con él desde que fuera encerrado en la prisión de Raiford. La última misiva está fechada en Navidades. "Ahora está sereno y con la fuerza de demostrar que es inocente", así describe Josune lo que le cuenta Pablo. No es la única. El otro joven de origen guipuzcoano que estuvo en una situación similar, pero en Filipinas, Paco Larrañaga, también se interesa por él. Hace unos meses comenzaba desde la prisión de Martutene, donde cumple condena, una campaña de recogida de firmas para apoyar la causa de Pablo. "No podemos dejarle solo. Lo hemos vivido en primera persona hasta hace bien poco", recuerda su madre Margot González. "Tienen que ser fuertes, todo llegará y estamos seguros de que en unos años la pesadilla habrá terminado y Paco y Pablo se podrán reunir en libertad", añade Margot.