El Gobierno vasco descontará 366,8 millones al central en el pago del Cupo

El peloteo entre la administración central y la vasca en las relaciones financieras asciende ya a 366,8 millones de euros. Esa es la cifra que, si no media un acuerdo de aquí a mayo, intentará descontar el Ejecutivo vasco del ingreso que tiene previsto hacer a Madrid en concepto de la liquidación del cupo de 2011, y de un tercio del cupo previsto para 2012.

El de 2011 se situó en el entorno de los casi 800 millones y para 2012 el Gobierno ha presupuestado por ese concepto unos 500 millones de euros. El departamento vasco de Hacienda ha remitido una carta al Secretario de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta, en la que le insta a convocar una reunión urgente para intentar resolver las diferencias de criterio entre ambas administraciones. “Han pasado ya dos meses desde que nos reunimos en Madrid y hay que intentar resolver este asunto”, declaró ayer la viceconsejera de hacienda y Finanzas, Manuela Escribano.

Escribano responde al PNV que el Gobierno “no quiebra en marzo”

Escribano y Beteta se reunieron en enero, en lo que supuso el primer contacto del Gobierno vasco con la nueva administración central. Desde entonces, el Gabinete de López está a la espera de una nueva cita para conocer las posiciones del de Rajoy en esta materia.

De los 366,8 millones que Euskadi va a intentar descontar en mayo, la mayor parte, 183, corresponden a una diferencia de criterio entre las dos administraciones a la hora de calcular, precisamente, el importe definitivo de ese Cupo de 2011. La cesión del Gobierno central de un tramo de los tributos a las administraciones autónomas ha hecho que se modifiquen las condiciones para calcular las liquidaciones anuales de Cupo.

Según explicó ayer el Gobierno, el nuevo coeficiente que aplica la administración central para calcularlo provoca una desviación de 183 millones que se va a ampliar progresivamente si no se corrige en el Cupo inicial de 2007, situado en unos 1.500 millones, y que es el que condiciona toda la serie.

El resto hasta los 366 son discrepancias en torno a la financiación de las medidas contenidas en la Ley de Dependencia y en cuanto al respaldo económico del Estado a la escolarización hasta los 3 años y al programa Escuela 2.0 —inversión en tecnologías de la información—.

El PNV, —ya discrepó en 2007— y el Gabinete de Patxi López, ahora, mantienen el mismo criterio en esta materia y de hecho el Gobierno actúa como portavoz también de las diputaciones. El desacuerdo se arrastra desde entonces y la cantidad también crece cada trimestre, ya que aumenta el dinero en juego. A lo largo de este quinquenio se han incorporado al peloteo asuntos como la devolución del IVA a la exportación de Rover.

Pero esta no es la primera vez que sucede. En 2003 la entonces vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia utilizó el mismo sistema de descuentos en los flujos con la administración central, para resolver el conflicto que mantuvo con el Gobierno central en torno a la financiación de la sanidad. También estaba al frente de Hacienda, Cristóbal Montoro.

“Hay que resolver esto cuanto antes”, indicó ayer la viceconsejera de Hacienda y Finanzas, Manuela Escribano, “no podemos seguir así y menos cuando hay que pactar una nueva Ley de Cupo” después de que la quinquenal aprobada en 2007 terminara su vigencia en diciembre de 2011.

El Gobierno vasco ingresa el Cupo al central en tres veces al año, y el central hace lo propio con el IVA de los impuestos especiales e hidrocarburos. Cada administración ha ido reteniendo en esos pagos la cantidad a la que entendía que tenía derecho.

En mayo le toca al Gobierno vasco que meterá la tijera por un importe de 366,8 millones para compensar el desajuste que arrastra desde el pasado año.

La última de las discrepancias, tasada en 80 millones de euros —incorporados en los 366,8 totales— está en las políticas activas de empleo ya que el Ejecutivo vasco no dispone de los datos definitivos de la liquidación del Servicio Público Estatal de Empleo y tampoco del importe definitivo de los contratos bonificados.

Pese a todo, la viceconsejera Manuela Escribano rechazó ayer, y así negar al PNV, que en marzo se vaya a producir una situación de suspensión de pagos del Gobierno. “No hay riesgo en marzo de quiebra inminente”, aseguró. “Eso no va a ser así. Se va a pagar la nómina de marzo, no hay ningún problema de ese tipo, se lo puedo garantizar con los números”, dijo.