Los jubilados de Fuencarral se manifiestan por el cierre de su consultorio

Feliciano Gutiérrez, de 83 años, se agarra con fuerza al bastón y apoya la espalda contra la pared de un edificio de la calle Aduana, junto a la Gran Vía. Solo así se ve capaz de aguantar tanto rato de pie protestando contra el cierre del centro de especialidades de Fuencarral, en el barrio de Valverde, su barrio de toda la vida. Está operado de un cáncer de estómago, con problemas de espalda –“machacada la tengo”, dice- y de corazón. Pero él y su mujer, Francisca, de 82, se han plantado esta mañana frente a la sede Consejería de Sanidad para llevar en mano una carta en la que piden que su ambulatorio siga abierto.

Un autocar con cerca de medio centenar de vecinos de Fuencarral ha aparcado esta mañana junto a calle Aduana para hacer entrega de unas 8.000 firmas y de decenas de cartas individuales que solicitan que el centro de especialidades, que atiende a cerca de 70.000 pacientes, no se vaya del barrio. La Comunidad de Madrid anunció hace unas semanas que el edificio, de más de 30 años, necesitaba obras estructurales muy caras y que no tenía dinero para acometerlas. El resultado: 66 consultas de médicos especialistas y los pacientes que atendían se han trasladado al hospital de La Paz, el ambulatorio de Peñagrande, el de Bravo Murillo y el de Colmenar Viejo.

Para Feliciano, el cierre ya ha tenido consecuencias. Tenía cita con el urólogo el 23 de marzo. Pero ahora ya no puede ir andando al centro de especialidades. Su nuevo ambulatorio está en Peñagrande, es decir, a dos líneas de autobús de distancia, más una pequeña caminata al llegar a la parada, según explica. “Yo no me puedo subir a los autobuses. Si hasta me cuesta trabajo subir esas escaleras”, dice, y señala a la entrada de la Consejería de Sanidad, de la que no ha salido ni el consejero ni nadie de su equipo a hablar con los vecinos, la mayoría de más de 70 años. Javier Fernández-Lasquetty estaba a esa hora en la reunión del Consejo de Gobierno, en la Puerta del Sol.

“No voy a ir a Peñagrande, no puedo ir. No puedo estar pidiendo a mi hija que me lleve en coche y deje su trabajo para acompañarme”, se enfada Feliciano. Su mujer tercia: “Es que no tienen perdón de Dios”. También Marisa, de las más jóvenes que hoy han estado protestando frente a Sanidad (45 años) ha visto ya lo que supone el cierre del ambulatorio. También le ha tocado ir a Peñagrande. Ella sí puede coger dos autobuses, pero resulta que le han cambiado el médico. “Hace un tiempo intenté pedir el cambio, pero me dijeron que con el proceso ya iniciado no se podía. Ahora resulta que ellos me lo cambian a mí por esto”, se queja.

El concejal socialista Pedro Zerolo y la edil de Izquierda Unida Raquel López han acompañado a los vecinos en la concentración. Los dos partidos han presentado diferentes iniciativas para evitar el cierre del centro. "Las deficiencias no son de ahora, sino de hace tiempo. En abril del año pasado técnicos municipales cursaron una visita que repitieron en junio y dieron cuenta de ellas", ha asegurado López. Zerolo cree que tras el cierre, que la Comunidad de Madrid insiste en llamar "traslado", existe una "intencionalidad política". Su grupo ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que inste a Sanidad a acometer las obras en el edificio. La viceconsejera Patricia Flores ha asegurado hoy, en declaraciones a la agencia EFE, que el cierre "temporal" no quiere decir que "en un futuro, cuando la situación mejore, se pueda pensar en que la instalación sea rehabilitada y pueda volver a prestar asistencia sanitaria a los vecinos de Fuencarral". 

"No a los recortes de derechos”, rezaban los carteles que algunos de los vecinos han llevado al centro de Madrid. “Nos parece mal que no nos hayan convocado para buscar soluciones”, asegura Antonio González, presidente de la asociación de vecinos de Fuencarral. “Es un barrio fundamentalmente de gente mayor. La Comunidad de Madrid sabía desde el año 2000 que ese edificio necesitaba reformas y las hizo solo en parte. Nosotros hemos propuesto que se utilice un edificio vacío del Instituto de la Vivienda, para que al menos el ambulatorio se quede en el barrio, pero no nos han escuchado”, se lamenta. A la asociación le ha costado 150 euros alquilar el autocar de ida y vuelta a la Gran Vía. Dinero bien empleado, al menos para Feliciano, que solo así ha podido estar esta mañana reclamando lo que considera un derecho.