Hernández Mateo descarga toda su responsabilidad sobre sus subordinados

El diputado en las Cortes Valencianas y alcalde de Torrevieja durante 23 años, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, negó este lunes en el Tribunal Superior de Justicia valenciano haber cometido los delitos de prevaricación y falsedad documental que se le imputan. Hernández Mateo se escudó en sus subordinados y alegó que no leyó el decreto que firmó sobre la adjudicación de la contrata de basura del municipio alicantino a un grupo de empresas, por cerca de 9,7 millones de euros, contra el criterio manifestado por varios técnicos municipales.

“Los decretos siempre los mandaba el departamento correspondiente, y yo me limitaba a firmar. Yo era el último que firmaba”, señaló a la salida del tribunal, donde declaró durante dos horas.

El diputado autonómico insistió en que no participó en la redacción del decreto y que a él le ponían delante de la mesa los documentos y él se limitaba a estampar su firma en ellos. “No he cometido ninguna irregularidad”, afirmó, y justificó su desconocimiento respecto a las decisiones que aprobaba argumentando que en una semana firmaba “miles de decretos y papeles; al día, entre 500 y 1.000”.

Hernández Mateo hizo recaer la responsabilidad en sus subalternos en el Ayuntamiento, pero tampoco precisó quién era entonces el autor del decreto que ha conducido a su imputación. “Eso lo dirá el juez”, afirmó; “aquí no ha pasado nada”.

El exalcalde de Torrevieja, que está imputado en otras dos causas de supuesta corrupción, participó doblemente en la adjudicación de la contrata de basuras del quinto municipio valenciano por población en el año 2004. Al concurso público se presentaron tres empresas. El alcalde se inclinó en la mesa de contratación por una de ellas, la unión de empresas formada por Necso Entrecanales y Cubiertas y Grupo Generala.

La secretaria del Ayuntamiento, el arquitecto municipal y otro técnico abogaron, sin embargo, por que el concurso se declarase desierto ya que, según su criterio, ninguna de las tres propuestas cumplía los requisitos mínimos. La secretaria municipal redactó incluso un voto particular.

Hernández Mateo decidió entonces parar el proceso y proponer a tres despachos —mediante lo que técnicamente se llama un procedimiento negociado— la redacción de un informe sobre si era o no viable la adjudicación a la unión de empresas. Así se recoge en el decreto firmado por el entonces alcalde que este lunes declaró no haberse detenido a leer. Según esa resolución, el Ayuntamiento había realizado ofertas a tres despachos y había elegido a Ariños Abogados para que elaborara el informe.

El despacho Ariño Abogados emitió un dictamen favorable a las tesis del alcalde de que sí se podía adjudicar a Necso Entrecanales y Cubiertas y Grupo Generala la contrata. El alcalde y los concejales de su equipo concedieron la contrata. Los problemas para Hernández Mateo empezaron cuando los otros dos despachos a los que teóricamente se había ofrecido la posibilidad de emitir el informe —dando así cobertura al procedimiento negociado, que exige que la oferta se haga a un mínimo de tres empresas— negaron que nadie del Ayuntamiento de Torrevieja les hubiese planteado la cuestión.

En el decreto se habría incurrido, por tanto, en una falsedad documental como medio para cometer una prevaricación. En este caso, otorgar el contrato a una empresa que parecía predeterminada a ganarlo. Durante la instrucción de la causa en Torrevieja, se supo, además, que Ariño Abogados prestaba asesoría jurídica al grupo de empresas que se alzó con la contrata, y a favor de la cual emitió el dictamen. El coste de esa contrata ha ido creciendo (en 2011 costó 14,3 millones), lo que ha generado una deuda de 13 millones en el municipio.