El juez aprecia anomalías en cinco promociones de Sanxenxo

El titular del juzgado número 2 de Cambados que instruye diligencias sobre posibles delitos urbanísticos en el Ayuntamiento de Sanxenxo apreció indicios de irregularidades en la concesión de licencia de las obras denunciadas por particulares, según confirmaron fuentes de la investigación.

De acuerdo con estos indicios y para la ampliación de pruebas, el juez, Juan Carlos Carballal, ordenó la pasada semana a la Policía Judicial que requisara en la Xerencia Municipal de Urbanismo todos los expedientes relacionados en la denuncia, que al menos son cinco y que ya están en poder del juzgado.

Según la denuncia, las obras en cuestión son un edificio situado en la céntrica calle Progreso y otras viviendas unifamiliares en el extrarradio del municipio, como una casa en Padriñán, varias en Dorrón, construidas por dos promotoras inmobiliarias, y un grupo de chalés en Bascuas.

En esta última urbanización de Bascuas podría haber intereses vinculados a una asesoría urbanística cuyo personal está afectado por la reciente remodelación que hizo la alcaldesa, Catalina González, del PP, quien se vio obligada a prescindir de servicios y personal por falta de trabajo en el ayuntamiento en el departamento de urbanismo.

La alcaldesa desconoce aún quién presentó la denuncia

Con estos expedientes, el magistrado ha pedido a Policía Judicial que elaborare un informe pericial para determinar si ha habido o no irregularidades en los permisos de obras concedidos por la comisión municipal de gobierno y si estas anomalías podrían quedar en el ámbito administrativo o si podrían constituir un delito penal. “En principio hay cosas que no concuerdan, pero habrá que estudiar cada caso”, indicaron las mismas fuentes. Todos los expedientes que se llevó la Policía Judicial fueron tramitados por el gobierno que preside la actual alcaldesa a partir de diciembre de 2006, cuando sustituyó en el cargo a Telmo Martín, actual diputado en Madrid.

Fuentes del PP afirmaron ayer que estas denuncias contra Catalina González forman parte de una campaña de persecución política, que se habría iniciado a raíz de que la alcaldesa destituyera como responsable de la Xerencia Municipal de Urbanismo a Encarna Rivas, actual directora general de este departamento en la Xunta y afín al exalcalde del PP Telmo Martín, para nombrar a otra que formaba parte de su círculo de colaboradores. “Esto nunca se lo perdonaron y algunos hicieron todo lo posible para que dimitiera antes de las elecciones”, indicaron. Las rencillas en el partido provocaron una división del PP y la disidencia de un grupo que luego se integró en la formación Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL), abiertamente contraria al gobierno de González.

“Pero la alcaldesa no va a ceder a estas presiones, está tranquila y espera que todo esto se aclare en el juzgado”, apuntaron fuentes del PP. “Lo que no va a hacer es echar balones fuera y culpar a los técnicos municipales de posibles irregularidades si las hubiera, porque no es su estilo”, añadieron.

La oposición sitúa estas denuncias en el trato supuestamente discriminatorio a determinadas actuaciones urbanísticas. Según el PSOE local, muchos vecinos se han cansado de tanta injusticia y han denunciado en el juzgado. Catalina González ha convocado hoy a los medios de comunicación para dar su versión de los hechos y no se descarta que vaya a hacerlo incluso desde un ámbito político, aunque por el momento no ha sido informada sobre quiénes interpusieron la denuncia.