Pagar a tiempo

El Gobierno anuncia la enésima reforma jurídica de los últimos años para garantizar que los proveedores de la Administración cobren en un plazo razonable. A la vista de cómo está el patio, la verdad, muchas empresas empezarían a darse con un canto en los dientes si, simplemente, ellas y los bancos que les financian pudieran fiarse de que, por tarde que fuera, acabarán cobrando.

No hace tanto que la Administración tardara en pagar era un escándalo pero no un drama. El banco de turno financiaba a cambio de unos intereses y asumiendo esa merma, al menos, se cobraba. Pero como ahora los bancos no se permiten alegrías y, por lo visto, ni siquiera se fían del todo de las cuentas públicas, no hay descuento que valga para estas facturas. Los impagos se acumulan y generan efectos catastróficos. La cantidad de empresas que se han visto obligadas a cerrar o a presentar concurso de acreedores a pesar de tener unos fundamentos sólidos es enorme. Profesionales de todo tipo sufren consecuencias igualmente terribles. Y como resultado de todo ello muchos trabajadores acaban en el paro y la actividad económica se contrae más y más.

En el contexto actual sólo parece haber una solución para desatascar la situación: pagar. Pagar pronto. Pagar a tiempo. Es muy importante que las Administraciones públicas comiencen a hacerlo cuanto antes. Resulta bastante obvio que para ello hacen falta dos cosas: por un lado tener dinero; pero, por otro, tener ganas de pagar. Parte del problema que tenemos ahora, de hecho, viene de épocas en las que habiendo de lo primero no había mucho de lo segundo. Y ése es un elemento sobre el que habría que actuar con el instrumento que se usa siempre para obligar a la gente a hacer lo que no tiene muchas ganas de hacer: el Derecho. Urge una reforma legislativa que permita obligar a las Administraciones públicas a pagar, estableciendo mecanismos de responsabilidad de aquellos responsables que incumplan las previsiones e incluso la posibilidad de que éstos puedan ser directamente obligados al pago por algún juez, en casos extremos.

Ahora, como hay menos dinero (más bien deberíamos decir que dinero hay bien poco) se suma ese segundo problema. Que obligará a ir poco a poco, probablemente. Lo que no debe hacernos perder de vista que el dinero, si no se tiene, se busca. Por ejemplo, se puede recaudar. O ahorrar. Tarde o temprano el dinero, de un modo u otro, estará. Y lo importante, de nuevo, será eso de pagar a tiempo.

En estos momentos pagar a tiempo supone que muchas empresas y profesionales sobrevivan y puedan hacer frente, a su vez, a sus deudas. Con un solo pago de la Administración toda una cascada de deudas privadas y situaciones realmente duras se desatascan, una tras otra. Ha de ser, por ello, una prioridad política de primer nivel.

Pero ahora y siempre pagar a tiempo debiera ser una exigencia de buen gobierno. Si a cualquier ciudadano le es exigible, a los poderes públicos más aún. Además, establecida rígidamente esta regla, la misma tiene efectos benéficos adicionales para los intereses generales, ya que desincentiva el exceso de gasto que compromete más recursos de los que se tienen. Por no hablar del factor ejemplificador. Un aspecto este último que sufre cuando a los retrasos en los pagos se añaden constantes incumplimientos de promesas respecto a su solución, algo en lo que el Gobierno valenciano es especialista.