Garzón abortó una operación de la trama Gürtel en Boadilla

El exjuez Baltasar Garzón abortó una operación de la trama Gürtel en la urbanización Prado del Espino (Boadilla) por la que el Ayuntamiento de este municipio, considerado el epicentro del mayor caso de corrupción de la democracia ligado a un partido político, perdía un mínimo de 13 millones de euros, según un informe de la policía al que ha tenido acceso este diario. Cuando todo estaba cerrado y el Consistorio dirigido por el entonces alcalde Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel, había adjudicado a una de las empresas de la red la concesión para construir y explotar un polígono en la zona conocida como Prado del Espino, muy cerca de la Ciudad del Santander, el exjuez Baltasar Garzón puso en marcha el operativo que acabó con la detención del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y del resto de implicados.

En febrero de 2009 todo se fue al traste. Los pingües beneficios que esperaba la trama en esta operación se convirtieron en una pérdida de 239.000 euros por la fianza depositada. Esa cantidad era el aval que había presentado la firma ganadora, CIP Dealer, tras resultar adjudicataria del concurso, que según la oposición había sido amañado. Los auténticos propietarios de la empresa eran el empresario murciano Alfonso García Pozuelo Asins y Tomás Martín Morales, este último uno de los miembros más importantes de la trama, que entonces era funcionario de Boadilla.

Precisamente, gracias a la intervención del exjuez Garzón la trama no llegó a hacerse con los polígonos. La adjudicación decretada por el Ayuntamiento se produjo en noviembre de 2008 y la operación policial ordenada por Garzón se desplegó en febrero de 2009. Apenas unos meses después, en junio de 2009, y ya estando fuera de la alcaldía González Panero, la empresa de la red no prosiguió con la adjudicación, perdiendo la fianza presentada, 239.000 euros.

Dinero confiscado por el Ayuntamiento

El presunto testaferro que estaba el frente de la empresa tenía mucho que perder si daba la cara, al igual que sus dos verdaderos dueños, Martín Morales y García Pozuelo Asins. Los unos por los otros, perdieron el dinero, que fue confiscado por el Ayuntamiento de Boadilla tras incumplir la empresa las condiciones de adjudicación.

El informe de la policía, que explica los pormenores de este pelotazo de la trama, hasta ahora inédito porque fue abortado por Garzón, está sobre la mesa del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que sustituye al propio Baltasar Garzón después de que este ha sido apartado de la Audiencia Nacional tras ser denunciado por tres de los imputados en el caso Gürtel: el presunto cabecilla, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el empresario leonés José Luis Ulibarri.

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en noviembre de 2008, adjudicó un polígono en la urbanización Prado del Espino de una forma muy polémica: de las dos ofertas el Ayuntamiento optó por la que menos beneficiaba al Consistorio. La sociedad CIP Dealer Madrid propuso el pago de 358.500 euros anuales a cambio de construir y gestionar durante 99 años un polígono aledaño a la ciudad y al campo de golf del Banco Santander. Esta cantidad, según la policía, era 126.755 euros menos que la de su competidora, que recurrió a los tribunales.

Esta operación fue criticada por la oposición. Tanto el socialista Pablo Nieto como el independiente Ángel Galindo alertaron de posibles corruptelas, destacando que la decisión municipal se había basado en un informe realizado por un cargo de confianza del Ayuntamiento, que alegando temas menores le daba la adjudicación a CIP Dealer Madrid.Incluso Nieto hizo gala de un gran olfato llegando a asegurar que el informe era “harto discutible”. “Esta adjudicación me recuerda otras sospechosas, como la Ciudad del Deporte que ha aparecido relacionada con la Operación Gürtel o con la parcela UFC, que también suponía una pérdida para el Consistorio”, apuntó Nieto.

El mencionado informe de la policía del pasado 1 de febrero destaca que tanto Nieto como Galindo estaban en lo cierto. La adjudicación de los suelos del polígono del Prado del Espino estaba relacionada con otras que también tenían irregularidades, y que están en el caso Gürtel: la Ciudad del Deporte, de Constructora Hispánica; y la parcela adjudicada a la empresa UFC, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, uno de los que han conseguido acabar con la carrera judicial de Garzón.

Los agentes han detectado que la empresa CIP Dealer, que se había creado en 2006 y que a finales de 2008 se hizo con el polígono del Prado del Espino, era en realidad propiedad de un miembro de la trama y excargo de Boadilla Tomás Martín Morales. Pero también del empresario murciano Alfonso García Pozuelo Asins. Ambos utilizaron firmas interpuestas a nombre de terceros, que actuarían como testaferros.

Estas sociedades eran Robeco Inversiones, de Martín Morales, pero a nombre de otra persona de Getafe; y Acentia Concesiones, de Constructora Hispánica (ahora Assignia), propiedad de García Pozuelo Asins. Según el sumario, en 2007 Tomás Martín Morales recibió una comisión de 660.000 euros en metálico. Este cobro se produjo 15 días después de que el Ayuntamiento del que formaba parte adjudicara la denominada Ciudad del Deporte de Boadilla a Constructora Hispánica por un valor superior a los 30 millones de euros. El dinero de la comisión lo repartió entre los miembros de la red que habían participado en esta operación, la mayor de la historia en Boadilla del Monte.

Pero el informe de la policía va todavía más allá al descubrir, gracias a la Agencia Tributaria, que la firma Robeco Inversiones, de Tomás Martín Morales, también mantuvo relaciones comerciales con otras sociedades vinculadas a lo largo del sumario con la red de Correa. Entre otras firmas están Free Consulting, propiedad también de Martín Morales, y Tecnología de la Construcción (Teconsa). Llama la atención que Martín Morales fuera también, según la investigación realizada, quien realizara los pliegos de condiciones para la adjudicación a Teconsa de la instalación de la luz en la visita del Papa a Valencia.

La Agencia Tributaria resalta también en sus informes que de los ingresos declarados en 2007 por parte de Robeco, de Tomás Martín Morales, 104.400 proceden de la sociedad Virton, y de 60.320 de la UTE Boadilla. Ambas empresas trabajaban para el Ayuntamiento de Boadilla, especialmente la última, que también está siendo investigada por su vinculación a la financiación ilegal del PP de Boadilla del Monte.