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Barberá evita reprobar a Sánchez de León por las cargas contra los estudiantes

El PP se opone a reprobar a Sánchez de León por las cargas policiales contra los estudiantes

La oposición retira sus mociones para adelantar el debate que critica los ajustes del Consell

Los populares rechazan instar al Consell a retirar el decreto de recortes de Fabra

El PP no la apoyó y la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, se libró de la reprobación del Ayuntamiento de Valencia por su actuación ante las protestas de estudiantes de estos días. Amadeu Sanchis, portavoz de EU en el Ayuntamiento de Valencia, presentó a última hora al pleno de ayer una declaración de condena contra la desproporcionada actuación de la policía, en la que pedía la dimisión de Sánchez de León. Los otros dos grupos de la oposición, PSPV y Compromís, secundaron a EU pero todos se estrellaron contra la mayoría absoluta del PP. El grupo mayoritario, que preside Rita Barberá, permitió que el resto de grupos fijase posición pero, como dijo el vicealcalde, Alfonso Grau, la declaración institucional exige unanimidad de los cuatro grupos y como no la había, la rechazó. Grau, portavoz del PP, dio carpetazo a la cuestión sin exponer la postura de su partido.

La repulsa a las cargas policiales, que se han saldado con 41 estudiantes detenidos, ocho de ellos menores de edad, y las consecuencias políticas que ello tiene para la delegada del Gobierno, debía de discutirse en una moción presentada por EU. Pero la decisión de los tres grupos de la oposición de retirar todas sus iniciativas para adelantar la hora del otro debate del día, el decreto de recortes del Consell, hizo que el concejal de EU reconvirtiera su moción en declaración institucional. La alcaldesa Rita Barberá había abandonado poco antes el pleno, visiblemente molesta, por la retirada de las mociones, y el vicealcalde, Alfonso Grau presidía en funciones el pleno.

Ya en los pasillos, Sanchis criticó la falta de debate y achacó el silencio de los populares a “una complicidad o a que en el fondo saben que deberían sumarse a lo que es un clamor en la calle y es la dimisión de la delegada del Gobierno". Para Joan Ribó, la renuncia de Sánchez de León es imprescindible y justificó el silencio del PP  en “que piensan lo mismo que nosotros”. El socialista Joan Calabuig mostró su sorpresa por que los populares no defendieran su posición en ese punto. Al contrario que la anterior, si salió adelante otra declaración institucional en defensa del Banco de Valencia, donde se pide que mantenga su personalidad y su vinculación a la Comunidad Valenciana.

La retirada de las mociones de la oposición tampoco consiguió su objetivo. El pleno extraordinario convocado a continuación y en el que se instaba al Consell a retirar el decreto ley de los recortes del pasado 5 de enero, se celebró a la hora prevista, a las dos de la tarde, a pesar de que el anterior se había terminado hora y media antes.

"Detrás solo hay la voluntad de ocultar el debate", coincidieron los portavoces de los tres grupos. Grau tachó la actuación de la oposición de "treta" y "subterfugio" y les acusó de "deslealtad institucional" por retirar las mociones sin previo aviso. “Será que no tenían interés”, ironizó

El concejal de EU lamentó que los populares no hubieran accedido a convocar la sesión extraordinaria otro día para poder debatir el decreto ley de medidas contra el déficit de la Generalitat a horas menos intempestivas. El PP no quiso, denunció la oposición.

Grau achacó parte del déficit que afecta a la Generalitat a la insuficiente financiación aprobada por el anterior Gobierno socialista e dirigiéndose al resto les espetó: “Cómo les gustaría que fuéramos Grecia. Pues ni lo somos ni lo vamos a ser”.

Desde la oposición, el portavoz de EU lamentó que la Generalitat intente enjugar el déficit con cargo a los empleados y a los servicios públicos, Ribó, de Compromís, le propuso que antes de recortar el estado del bienestar social, cancele la Fórmula 1 o ahorre en luz, y el socialista Calabuig les reprochó el despilfarro. “No hay ninguna financiación autonómica que aguante el ritmo de despilfarro de este comunidad”, dijo enumerando el aeropuerto de Castellón, la Ciudad de la Luz, los 2.000 millones de deuda de Cacsa, o los 1.200 millones que arrastra RTVV. A continuación, el PP rechazó instar al Consell a retirar el decreto.