La crisis: falsos culpables

La crisis económica que nos ahoga ha dado impulso a los discursos contrarios al gasto público y la descentralización en España. A fuerza de repetir medias verdades y mentiras completas, basándose en datos parciales y argumentos falaces, se está aprovechando para ajustar cuentas con el Estado del bienestar descentralizado español. Vayamos por partes.

 Es falso que el gasto público español sea elevado según los estándares internacionales. Cuando se expresa como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB), que es como se debe hacer en las comparaciones entre países, España se situó en 2009 unos cinco puntos por debajo de la media de la zona euro y de la UE-27, diez puntos por debajo de Francia, dos por debajo de Alemania, seis por debajo de Italia y Francia… La realidad es que el sector público español gasta significativamente menos que los de su entorno.

Nuestros problemas con el déficit no tienen que ver tanto con el gasto como con el desplome de los ingresos tributarios, sin parangón por Europa adelante. Los estímulos del Gobierno de Zapatero por el lado de gasto explican poco más de un punto del déficit de 2009. Ahí no debe estar la crítica a Zapatero. Sí en su errática política en materia tributaria, su escaso esfuerzo en contra del fraude fiscal y la confianza desmedida en los ingresos extraordinarios que proporcionaba la burbuja inmobiliaria.

El corolario de lo anterior es evidente: los esfuerzos en pos de la consolidación fiscal deben centrarse en mayor medida en los ingresos, en hacer pagar a quien no lo está haciendo, porque se salta la ley, y en que las bases desfiscalizadas en la última década (patrimonio, herencias, rentas de capital, rentas empresariales) tributen más. Es increíble que nos carguemos el impuesto sobre las herencias, el más progresivo, el que defienden incluso los más ricos de Estados Unidos, y que luego justifiquemos los recortes en vendas, agua oxigenada y comedores escolares diciendo que el dinero no llega.

Es falso que la descentralización en España haya generado más desigualdad entre los españoles en su acceso a los bienes y servicios públicos. Aunque a algunos les pueda resultar sorprendente, cuando aún existía el Insalud la divergencia en el gasto por habitante en las diferentes comunidades autónomas era similar a la actual. La diferencia es que ahora Galicia puede decidir cuánto gasto en sanidad y, si quisiera, estar entre las que más gasta. Antes, lo que se gastaba en un sitio u otro dependía de decisiones poco transparentes y no exentas de arbitrariedad que se tomaban en Madrid. Tampoco es verdad que el catálogo de prestaciones sea muy diferente entre territorios. De hecho, la parte del gasto que viene explicado por las prestaciones añadidas (cambio de sexo u odontología) apenas sí explicaban el 1% del total del gasto sanitario público la última vez que hice los cálculos.

Es verdad que podríamos mejorar si nos coordinásemos un poco mejor: central de compras, tarjetas sanitarias... Pero todo eso se puede arreglar si el Ministerio se pone las pilas y cumple con su única función actual, que es la de coordinar. Centralizar el servicio nos haría perder la riqueza que existe en la experimentación de diversas formas de gestión, la capacidad de adaptación a las peculiaridades de cada territorio (en Galicia sabemos un poco sobre lo que supone la dispersión poblacional, por ejemplo) y la garantía de que tenemos la capacidad potencial política y financiera para no tener una sanidad pública peor que otros. Si así lo quisiera, la Xunta podría gastar 200 millones de euros más en sanidad de los que va a gastar en 2012. Bastaría con usar al alza la capacidad normativa de que dispone en materia tributaria.

Es verdad que un sistema descentralizado de gobierno tiende a ser más caro que uno centralizado. Pero hay que ver también los beneficios en términos de ajuste de las políticas públicas a las necesidades y preferencias de cada territorio y la posibilidad de utilizar el autogobierno para generar más bienestar social. En general, los estudios con datos internacionales dan como resultado un beneficio neto. Cierto es que el autogobierno se puede utilizar mejor o peor, más o menos. Y cierto es que la Xunta actual ha optado por un perfil bajo, con escasas innovaciones y con raquíticos gabinetes desnutridos de capital humano que analice y diseñe políticas públicas. Pero siempre se está a tiempo de cambiar, de desplegar el autogobierno, de dejar de parecerse a una gran Diputación Provincial para convertirse en un ejecutivo que ambicione un proyecto de país.