El Gobierno se moviliza para frenar la subasta de fármacos de la Junta

Se presenta como una invitación al diálogo, pero se puede traducir como un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Esta vez el origen del conflicto es la subasta de fármacos aprobada por el Parlamento andaluz como una medida de ahorro del gasto farmacéutico y que supone sacar a concurso público los principios activos más consumidos.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha enviado una carta a la consejera de Presidencia, Mar Moreno, en la que le muestra algunas dudas legales sobre la subasta y se ofrece a colaborar para superar estos obstáculos. Pero el Gobierno pone una condición para sentarse a negociar: que la Junta frene la licitación de los medicamentos, cuyo procedimiento ya está en marcha. De lo contrario, según recoge el escrito, el Gobierno se plantearía recurrir el decreto ley andaluz ante el Tribunal Constitucional.

Fuentes del Ministerio de Sanidad señalan que el Gobierno tiene “dudas específicas sobre la adecuación del decreto a la norma constitucional” al entender que puede invadir competencias del Estado.

Precisamente este viernes acabó el plazo de presentación de ofertas por parte de los laboratorios para optar a la adjudicación. Hasta mediodía, en Salud se habían recibido nueve ofertas, aunque las empresas podían seguir presentándolas hasta final de la tarde y no se descartaba recibir alguna más.

La decisión del Gobierno de pedir la suspensión de la subasta no fue bien recibida en la Junta. La consejera de Salud, María Jesús Montero, rechazó la posibilidad de suspender el concurso y calificó de “chantaje” la petición del Ejecutivo. Montero insistió en que Andalucía tiene “plena competencia” para aplicar esta medida, con la que pretende ahorrar hasta 200 millones de euros, y aseguró que la petición de Sanidad “pone en evidencia que hay dos modelos políticos distintos”. A pesar de ello, hizo un llamamiento al diálogo entre las Administraciones, pero reiteró que Sanidad no puede imponer la suspensión de la norma.

Los recelos del Ejecutivo central hacia la subasta de la Junta se remontan a la legislatura anterior. El Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por el PSOE, mostró reticencias al entender que podía invadir competencias del Estado, que es el que fija los fármacos sujetos a prescripción y su precio de referencia. Sin embargo, las dos Administraciones limaron asperezas y Andalucía siguió adelante con su propuesta, aprobada en diciembre en el Parlamento con la abstención del PP.

Los que sí han tenido siempre clara su postura contraria a la licitación han sido los colegios de farmacéuticos y los laboratorios, agrupados en Farmaindustria, que han anunciado recursos contra la resolución de la Junta por la que se pone en marcha la subasta. Farmaindustria, además, pidió al Gobierno del PP que recurriera el decreto ante el Constitucional, una decisión que, según fuentes del Ministerio de Sanidad, todavía no está tomada. “La intención es agotar todas las vías de diálogo antes de acudir a la judicial”, señalaron estas fuentes.

El Ejecutivo tiene dudas sobre la constitucionalidad del decreto ley aprobado por el Gobierno andaluz

Lo que ha buscado el Gobierno central al enviar a la Junta la carta es, en primer lugar, ampliar de tres a nueve meses el plazo para recurrir el decreto andaluz ante el Constitucional. En vez de tener hasta el 16 de marzo para hacerlo, tendría hasta septiembre, lo que daría más margen a los servicios jurídicos para decidir sobre la legalidad de la norma. Esta ampliación se consigue poniendo en marcha el procedimiento negociador previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que contempla la creación de una comisión bilateral entre Gobierno y Junta para tratar el asunto. Esto es lo que le propone el Ministerio a la Consejería de Presidencia.

Pero el Ejecutivo central impone una condición: que la Junta “deje previamente sin efecto” la resolución del 25 de enero por la que anuncia la subasta de fármacos. El Gobierno justifica su petición en que un eventual acuerdo entre las dos Administraciones sería nulo en la práctica si la licitación de medicamentos ya se ha llevado a cabo. El Ejecutivo advierte además de que tanto el acuerdo para poner en marcha la comisión bilateral como la suspensión de la subasta tendrían que aprobarse este mes. Si no hay acuerdo, el Gobierno no conseguiría esa ampliación de plazo para recurrir y tendría que tomar una decisión antes del 16 de marzo. Si hay acuerdo, puede esperar a septiembre, lo que además le da margen para saber quién gobernará en Andalucía los próximos cuatro años.

La reacción del presidente del PP andaluz fue bastante más tibia que en otros conflictos entre ambas Administraciones. Javier Arenas negó que haya una “actitud amenazante” del Gobierno y admitió que la subasta “supone un ahorro en el gasto farmacéutico”. “Lo que se ha hecho es una carta previa de invitación al diálogo, como sucede siempre cuando hay una discrepancia entre dos administraciones públicas, por lo que, en ningún caso, entiendo que haya ninguna formulación de amenaza”, explicó el dirigente popular.

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, respaldó a Montero y consideró que sería “un error” que el Gobierno recurra el decreto ley. Según Griñán, lo que tendría que hacer el Ejecutivo “implantar” el modelo sanitario andaluz “en toda España” por su “eficiencia y su mucha calidad” en lugar de impugnarlo.