El PP se lava las manos con el decreto de ahorro farmacéutico
Los populares se abstienen y piden a Salud que espere hasta marzo
Aunque con fuertes críticas por el supuesto efecto nocivo para el sector, el PP optó ayer por lavarse las manos en el Parlamento y abstenerse en la votación que convalidó el decreto ley de medidas urgentes sobre prestación farmacéutica, que permite a la Junta adjudicar por concurso público a los laboratorios los principios activos más comunes de medicamentos para que se dispensen en las farmacias. La medida persigue adelgazar la voluminosa factura farmacéutica en 40 millones de euros en 2012, cifra que aumentará hasta los 200 millones anuales cuando se extienda a la mayoría de los genéricos.
La portavoz popular, Ana Corredera, pidió a la consejera de Salud, María Jesús Montero, que retirara la norma y esperara a ver lo que hace el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. Corredera recordó que el presidente ofreció el lunes un gran pacto sanitario a las comunidades autónomas y a los partidos. "En estos momentos [por ayer] está tomando posesión como ministra de Sanidad Ana Mato, y lo más razonable es aguardar a que el Ejecutivo lleve sus propuestas al Consejo Interterritorial de Sanidad [que reúne los departamentos de Salud de las autonomías]".
La Junta sacará a subasta en enero los tres principios activos más comunes
La popular criticó la "imposición" que supone el decreto para el sector farmacéutico al que, dijo, se ha "ninguneado con nocturnidad y alevosía". Según Ana Corredera, la medida va a favorecer a los grandes laboratorios porque son los que tienen capacidad suficiente para garantizar la producción previa de los medicamentos. La dirigente del PP dijo que compartía el objetivo del ahorro, pero insistió en que es un golpe para los pequeños y medianos laboratorios y las farmacias, a quienes la Junta prácticamente ha declarado la guerra. "Se van a ver perjudicados, no en su margen de beneficios, pero sí en las bonificaciones que ahora tienen y que pasarán a la Administración", agregó.
Corredera preguntó por qué la primera convocatoria de concurso público se adelanta a enero si hay previstas elecciones autonómicas en marzo, y concluyó: "Nos vamos a abstener para no participar en esta mascarada".
En las filas socialistas y la Consejería de Salud la abstención del PP fue un alivio. El decreto echa andar con el rechazo frontal y la amenaza de recurso del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y la Junta temía que el flamante Ministerio de Sanidad tuviera ya decidido frenar su desarrollo. Fuentes del PP explicaron, sin embargo, que no hay una decisión tomada al respecto, ya que aún no han tenido tiempo de consultar con la nueva ministra. No obstante, estas mismas fuentes añadieron que las posibilidades de llevar la normativa al Tribunal Constitucional (TC) han disminuido sobremanera con los matices que Montero ha ido introduciendo al decreto, en el sentido de salvaguardar siempre lo que dispongan las leyes estatales. En cualquier caso, hay tres meses de plazo para acudir al TC desde que el decreto entre en vigor.
Por su parte, la consejera Montero reiteró ayer en el pleno que el nuevo decreto se suma a la estrategia, instaurada en 2001, de que los medicamentos se prescriban en el sistema sanitario público andaluz por el principio activo del fármaco, y no por su marca comercial, con lo que se ha logrado ahorrar en una década unos 1.000 millones de euros. Los tres primeros genéricos que saldrán a convocatoria pública en enero serán los protectores gástricos, las estatinas que controlan el colesterol, y los inhibidores plaquetarios que previenen coágulos causantes de infartos e ictus cerebrales, los que más se consumen.
"Falta de suministro"
La Federación de la Distribución Farmacéutica (Fedifar) se sumó ayer al rechazo del decreto. En una nota, la patronal del ramo sostiene que el Gobierno andaluz "pone en riesgo el adecuado abastecimiento del mercado, al reducir a uno o dos fabricantes el suministro de importantes grupos terapéuticos". Según Fedifar, "cualquier incidencia" en la producción de estos fabricantes "provocaría faltas de suministro". Del mismo modo, ha advertido de que "limita y pone en riesgo" el actual acceso de la ciudadanía andaluza a todos los medicamentos autorizados por el Ministerio de Sanidad. "El concurso público dejará fuera del mercado a todos los laboratorios que no ganen el concurso. Esto podría comprometer la prestación farmacéutica que reciben los andaluces y supone un cambio en las reglas del juego y, por tanto, puede tener consecuencias en el equilibrio de todos los agentes del sector: farmacias, distribución e industria farmacéutica", reza el comunicado.
Las empresas de distribución farmacéutica recuerdan que ya sufrieron el año pasado "un golpe en sus cuentas de resultados", que ha supuesto 1.190 millones de euros menos de ingresos.
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