¿Operadas o envenenadas?

“Queríamos ser operadas, no envenenadas”. Esta fue la consigna más repetida en la concentración de medio centenar de mujeres afectadas por implantes de prótesis mamarias defectuosas ayer ante la Subdelegación del Gobierno de Alicante. El colectivo aprovechó la protesta para denunciar el desinterés del sistema público de Sanidad por su caso y pedir a la fiscalía que abra diligencias.

“Sanidad se niega a hacernos incluso una simple ecografía”, señaló la joven Alexandra Lillo. “Y cuando vamos a la clínica donde fuimos operadas la respuesta es que nos extraen el implante y nos hacen otro nuevo pero a cambio de volver a pagar”, explicó.

El número de mujeres afectadas por estos implantes fraudulentos ronda los 9.000 en la Comunidad Valenciana, según estimó el abogado del colectivo, el letrado Carlos Frigola. En la provincia de Alicante las afectadas que se han sumado al colectivo son dos centenares.

“Sanidad no quiere hacernos ni una ecografía”

Todas las afectadas se sometieron en diversas clínicas de la Comunidad Valenciana a implantes de prótesis mamarias de silicona de la firma francesa Poly Implant Prothése (PIP). Estas prótesis fueron distribuidas en España por la filial española de la empresa gala, que cesó su actividad en diciembre de 2009.

En 2010, la Sanidad francesa advirtió a las autoridades españolas del fraude: roturas de los implantes de esta marca con una frecuencia que duplicaba a la de otros fabricantes y, además, de manera más prematura.

El origen del fraude con este tipo de implantes se remonta a principios de este siglo. La mayoría de mujeres participantes en la concentración de Alicante se sometieron a las operaciones hace más de ocho años. “Me operé hace siete años, y pagué 3.500 euros. Ahora me dicen que me extraen el implante roto si pago otros 4.200 euros”, afirmó Sonia San Sebastián.

Unas 9.000 mujeres llevan estos implantes defectuosos

Las afectadas creen que su problema debe ser asumido por la Sanidad Pública, ya que la mayoría ya presenta efectos secundarios en su salud. “Nos han salido ganglios en las axilas, quemaduras o se nos cae el pelo”, dijo Alexandra Narro. “Me operé en 2008 y me costó 4.500 euros, y ahora me piden otros 1.900 por extraerme el implante roto”, añadió.

El relato de todas las mujeres era similar: el elevado precio que pagaron por las operaciones y la falta de información sobre los efectos secundarios que pueden tener ahora en su salud. “La sanidad pública es responsable de nuestro problema. Tiene que atendernos”, sentenció Alexandra Lillo.

El abogado del colectivo dijo que se ha puesto en contacto con la fiscalía de Alicante para que tome cartas en el asunto. El ministerio público francés investiga los hechos desde 2010.