Aralar aplaza el debate sobre la guardia civil en busca de más consenso

Aralar aceptó ayer posponer el debate en el Parlamento de una propuesta en la que planteaba que la Cámara instara al Gobierno de Mariano Rajoy a que elabore un plan “concreto” de cierre de comandancias y cuarteles de la Guardia Civil en la comunidad autónoma.

El grupo abertzale justificó oficialmente la decisión en la imposibilidad del parlamentario que debía defenderla, Dani Maeztu, de permanecer en la Cámara por la tarde, ya que se trataba del último punto del orden del día. Sin embargo, tras esa postergación late la posibilidad, vislumbrada en las conversaciones con los tres grupos grandes, PNV, PSE y PP, de alcanzar un consenso mayoritario en un plazo no demasiado largo.

Los grupos ven “mimbres” para un pacto que incluiría también al PP

Según indicaron fuentes de Aralar, el acuerdo habría estado prácticamente cerrado el miércoles por la noche, como una transacción en la que habrían estado de acuerdo tanto el PNV como el PSE-EE. Sería este partido el que habría pedido más tiempo, siempre según el grupo abertzale de la Cámara.

La versión socialista difiere: no llegó a haber acuerdo en ningún momento ni texto concreto —de hecho hay varios, aseguraron fuentes del PSE-EE— porque ha sido previamente “el contexto” político el que ha desaconsejado el debate ahora de una cuestión delicada. Y principalmente para el PP. Sería para este partido para el que el PSE estaría buscando tiempo y cobertura al pedir a Aralar la retirada de la cuestión del orden del día de ayer.

El PP dejó claro que no veía condiciones para asumir ahora un nuevo frente de colisión y reproche, cuando UPyD mantiene abierto el del acuerdo en el Congreso y las víctimas del terrorismo empiezan a acusarle de “ambigüedad”. El miércoles lo hizo la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar, en una reproducción de las acusaciones que los populares lanzaban sin cesar contra el Gobierno anterior en idénticas situaciones. Está demasiado cerca además el decreto sobre las víctimas de excesos policiales, cuya oportunidad cuestionó el PP el martes.

En todo caso, el grupo abertzale vislumbró la posibilidad de un consenso muy amplio con la claridad suficiente como para aceptar el retraso pedido. Su grupo mantiene una disposición abierta a rebajar sustancialmente la terminología de su proposición, en pro de ese consenso. Renunciará, por ejemplo, a la exigencia de “cierre” de instalaciones. Al igual que con su propuesta sobre las víctimas de excesos policiales, el grupo abertzale se está apuntando significativos tantos con el pragmatismo y el talante negociador que saca al terreno de juego parlamentario. Arrebata con ello importantes bazas a la izquierda abertzale ilegalizada y fuera de la Cámara, que se verá sin muchas de sus banderas históricas cuando se reincorpore a ella. “Hay mimbres para un acuerdo”, señalaron medios conocedores de las conversaciones habidas, pero tendrá que ser en un momento “más remansado” para el PP.

El pronunciamiento en el que puedan converger las posturas de todas las formaciones presentes por ahora en esta negociación, los proponentes, el PNV, el PSE y el PP, no distará mucho previsiblemente del que realizó el martes en la Cámara el consejero de Interior, Rodolfo Ares. Ares espera que en la nueva etapa sin terrorismo el Gobierno central vaya “ajustando” paulatinamente el número de agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía para dejar sus fuerzas adecuadas al ejercicio de las competencias que les reserva el Estatuto de Gernika.