El Gobierno y los nacionalistas tumban el rescate de EPSV en casos de paro

El PSE-EE y el PP se apartaron ayer de nuevo en el Parlamento y de modo significativo, en dos votaciones, una de ellas concerniente a un aspecto de una ley, en las que cada uno de ellos se alió con el PNV y derrotó al otro. En la primera de esas actuaciones disonantes, el Gobierno unió los votos de su grupo a los del PNV para eliminar del texto de la Ley de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) la posibilidad, en el caso de las de empleo, de que las personas en situación de paro puedan recurrir al rescate de los fondos que tienen en ellas. Las individuales siguen siendo rescatables, tal y como lo eran en su anterior regulación.

El PSE y el PNV tumbaron así un acuerdo que el PP consideraba un compromiso del Gobierno. Como tal lo anunció el 3 de enero pasado el propio presidente del partido, Antonio Basagoiti, acompañado del responsable del portavoz para asuntos económicos, Antón Damborenea.

Los populares creen que la separación de haciendas es eficaz contra el fraude

El PP informó públicamente ese día, en una rueda de prensa, de que su acuerdo con el Gobierno permitiría utilizar ese dinero a los desempleados, bien para complementar prestaciones, bien para financiar iniciativas de autoempleo. En aquel momento, quedaban por cerrar, según indicó Damborenea, los requisitos, para evitar fraudes, como despidos ficticios para facilitar el rescate. También señaló que su partido intentaría una mejora por las haciendas fiscales en el tratamiento fiscal de los rescates.

El parlamentario del PP mostró ayer su enfado por el cambio del Gobierno, “rectificar es de sabios”, justificó el parlamentario socialista Mikel Unzalu, pero su grupo no votó en contra de la eliminación de ese párrafo de la ley, sino que se abstuvo. Damborenea atribuyó el retroceso del Gobierno a la presión de los gestores de las EPSV. El PNV y el PSE han querido evitar perjudicar a “alguna”, cuyo nombre no mencionó, que, según dijo, tiene 200.000 asociados y 90.000 de ellos en el paro, susceptibles, por tanto de recuperar su dinero.

Las EPSV individuales sí podrán seguir rescatándose

El portavoz del PNV, Alex Etxeberria, admitió que su grupo recibió llamadas de algunas entidades alertando de que, de abrirse la posibilidad promovida por el PP, se estaría obligando a algunos fondos asumir más contingencias de las que cubren, en referencia a las que son estrictamente para la jubilación.

El sindicato ELA mostró su crítica ayer mismo. El Gobierno, acusó, ha fomentado “las EPSV de carácter financiero” y perdido la ocasión de apostar por las de empleo. Esas entidades se han convertido, afirmó en un comunicado, en una forma de “ahorro bonificado” de las franjas con un poder adquisitivo más elevado. Ezker Anitza compartió esa visión.

La segunda votación divergente entre los dos socios que sostienen al Gobierno, puede tomarse como igualmente la segunda negativa al lehendakari, Patxi López, en su insistente emplazamiento a las diputaciones para acordar con el Gobierno un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal y para poner en conexión on line las tres haciendas vascas. El debate casi calcó el habido hace cuatro meses, entonces a iniciativa del parlamentario Mikel Arana, entonces en EB, y ayer de UPyD.

El PP fue explícito: su portavoz, Antón Damborenea afirmó que la separación por territorios de la lucha contra el fraude resulta más eficaz. Damborenea justificó esa afirmación en las diferencias del fenómeno en las tres provincias y defendió la separación porque acerca la actuación “a la realidad”, de cada provincia. Damborenea aprovechó para lanzar un dardo a UPyD: en el Congreso se opuso al acuerdo sobre Amaiur, pero en Euskadi está dispuesta a dejar en manos de Bildu los datos fiscales de todos los vascos.

El peneuvista Alex Etxeberria aludió a la menor incidencia del fraude en Euskadi, mientras Pastor se preguntó si ambos partidos, al frente de las diputaciones de Álava y Vizcaya, “ocultan algo” con su negativa a interconectar las haciendas y lamentó que se sigan yendo “por el sumidero 2.500 millones de euros”.