Un informe de Trabajo cuestionó los sistemas de pagos de ayudas

El PP ha mostrado hoy un informe de la Dirección General de Trabajo, fechado el pasado 22 de julio de 2010, en el que se analizan y se cuestionan también las fórmulas de pago mediante convenios entre la Agencia Idea y la Consejería de Empleo entre 2001 y 2009. Esta fórmula administrativa, que se utilizó para el reconocimiento y abonos de ayudas sociolaborales investigadas en el caso de los ERE, “no estaba sustentada sobre ningún tipo de expediente administrativo”. “Solo recogía la toma de decisión a partir de las negociaciones y/o reuniones mantenidas”, se apunta en el informe.

El análisis, en la penúltima de sus seis páginas, advierte que se registraron convenios y órdenes de pago, durante el periodo analizado, con “documentación articulada sin presupuesto de la DGT [Dirección General de Trabajo] en el texto o bien se articulaba préstamo a la empresa”. Y añade: “La toma de decisión no está propiamente y administrativamente documentada porque en la mayoría de los casos la decisión era tomada por los representantes de ambas entidades [Trabajo e Idea], que entre ello[s] sabía[n] a qué atendía, y, por cuestión de “competencia material”, el único procedimiento administrativo articulado con carácter excepcional lo tiene la DGT de la Consejería de Empleo”.

En estas condiciones se señalan los convenios y órdenes que implicaban a las siguientes empresas: “Scoin, Packsur, Abnatia, Astilleros de Huelva y Sevilla, Alestis (SK10), Delphi, Boliden y Abantia”. El total era de 6.499.131 euros.

A partir de estas afirmaciones, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, aseguró que el informe supone un reconocimiento de “que no existían procedimiento alguno, sino que las ayudas se daban por intereses electorales o por pertenecer a la familia o el entorno del PSOE”.

El informe, que no expresa en ningún momento las deducciones concretas del PP, detalla en su análisis de la metodología de trabajo que los acuerdos de la Dirección General de Trabajo no solucionaban los retrasos en los pagos de las cantidades comprometidas, que ascendieron a 554 millones (“sin incluir minería y Santana”), por lo que se generó un déficit de hasta 11,2 millones.

En junio de 2009, la Dirección de Trabajo e Idea acordaron cambiar la metodología para evitar la acumulación de impagos causados, según el mismo informe, por la “falta de presupuesto técnicamente”. Se pactó entonces que no se realizarían más convenios, ni con empresas ni con trabajadores, y que esas liquidaciones se harían vía orden de pago firmada por el director general de Trabajo y el viceconsejero. Los programas sociolaborales y ayudas excepcionales quedaron pendientes de pago vía “encomienda de gestión”, otra fórmula muy utilizada dentro de la Administración.

Fue a partir de entonces que, de acuerdo al mismo informe, se estableció un nuevo sistema de liquidación de los compromisos de la Dirección General de Trabajo y se fijó un “nuevo calendario”.

Antonio Sanz aprovechó el déficit generado para afirmar que esa circunstancia derivó en la creación de un “tercer fondo de reptiles” El secretario general del PP andaluz, consideró la información “muy grave” y que extiende la práctica de pago sin expediente administrativo a la etapa de José Antonio Griñán al frente de la Junta de Andalucía.