Marineros del ‘Alakrana’ se plantean reclamar al Estado su indemnización
Sus letrados intentan que puedan acogerse a ayudas del Ministerio de Hacienda
Las familias de los marineros del atunero bermeano Alakrana, capturado por piratas el 2 de octubre de 2009 cuando se encontraba a 413 millas de la costa de Somalia, no cierran la puerta a conseguir la indemnización que la Audiencia Nacional estableció por sentencia en su fallo del pasado mayo. En total, fijó 100.000 euros para cada uno de los 36 arrantzales por los daños morales padecidos y otros 2.500 euros por los efectos personales que les robaron los piratas durante sus 47 días de cautiverio en alta mar.
La Audiencia Nacional descartó el carácter terrorista del secuestro, en contra de lo que reclamaban los cuatro marineros personados como acusación particular —Francisco Valadez, Gaizka Iturbe, José Víctor Bilbao y Andoni Gotxi—. Esa posibilidad fue también desestimada por el Tribunal Supremo hace ahora dos meses, lo que ha motivado que ninguno de los tripulantes se haya podido acoger a la Ley de Víctimas del Terrorismo para reclamar ese dinero al Estado. Es la única vía efectiva para poder cobrar la indemnización, dado que los dos piratas condenados por la Audiencia se han declarado insolventes.
Ahora, cuando solo resta la posibilidad de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, procedimiento que no utilizarán, los abogados de los marineros se plantean reclamar esa cantidad a la Administración central por otro cauce.
A la espera de que se ejecute la sentencia, los letrados de varias de las familias de los marineros que analizan qué vía adoptar para que finalmente los tripulantes del Alakrana puedan recibir la indemnización. Encima de la mesa existiría una posibilidad que va cobrando fuerza: acogerse a las ayudas que el Ministerio de Hacienda gestiona para las víctimas de delitos violentos.
La Audiencia fijó 100.000 euros de indemnización para cada ‘arrantzale’
Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS sostienen que “todo dependerá de la voluntad política del Gobierno. Con el anterior Ejecutivo hubiese sido viable obtener algo por este procedimiento; ahora hay que esperar a ver cómo reaccionan”.
El escrito en el que trabajan los abogados de varios de los arrantzales del Alakrana secuestrados en el Índico para reclamar en los próximos meses esa indemnización, se fundamentaría jurídicamente en un precedente: una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fechada el 30 de noviembre de 2005. En ella “se hacía un análisis de los tres tipos de víctimas que deben ser amparadas por la ley: quienes sufren actos terroristas, quienes padecen actos protagonizados por personas que no pertenecen a bandas armadas, pero tienen finalidad terrorista y quienes son miembros de bandas armadas, como fue el caso de los piratas somalíes que atacaron el atunero bermeano”, apuntan las citadas fuentes jurídicas.
“Fuimos a juicio porque queríamos Justicia y estudiamos ahora esta vía con nuestros abogados porque vemos que se nos ha hecho Justicia a medias”, asevera la esposa de uno de los marineros secuestrados.
Los abogados de los pescadores trabajan con fechas muy concretas a la espera de que la Audiencia Nacional ejecute la sentencia en las próximas semanas. Y es que, el plazo para reclamar al Gobierno central, reunir toda la documentación y poder acogerse a las ayudas tramitadas por el Ministerio de Hacienda para personas que hayan sido víctimas de delitos violentos finaliza en diciembre.
“Vuelven con miedo, pero no queda otra”
Mientras que en tierra los abogados estudian las posibilidades de reclamar al Gobierno central la indemnización, el Alakrana partía hace unos días de nuevo al Índico. Estarán en la zona hasta junio. Después, los marineros volverán a casa para descansar todo el verano. Esta vez han vuelto a faenar con cuatro escoltas privados, el nivel de seguridad más alto establecido para épocas no monzónicas, como la actual, en las que pueden volver a ser atacados por los piratas.
"Vuelven con miedo, pero no queda otra", señala la esposa de uno de los arrantzales. La tripulación ya no suma los 36 marineros que sufrieron el secuestro. Faltan cinco: uno falleció en diciembre de un infarto y los otros cuatro han encontrado trabajo en otras empresas. Dos años después del secuestro, muchos de ellos y de sus familiares siguen todavía en tratamiento médico como consecuencia de las graves secuelas psíquicas y físicas que les dejó aquel episodio traumático.
Cabduwelli Cabdulahi, Abdu Willy, y Raageggesey Hassan Adji, los dos piratas somalíes detenidos en aguas del Índico al día siguiente del secuestro y juzgados en la Audiencia Nacional continúan en prisión cumpliendo sus condenas de 403 años de cárcel por 36 delitos de detención ilegal, uno de asociación ilícita y otro más de robo con violencia.
Ambos cumplían condena en la cárcel de Soto del Real (Madrid), pero hace varias semanas Instituciones Penitenciarias les trasladó a otra prisión que prefiere no concretar por motivos de seguridad.
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