El futuro era andaluz

Sigo el congreso feliz del PP en Sevilla y leo la propaganda del PP, es decir, las 64 páginas del Real Decreto ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en un Boletín Oficial del Estado atrasado, de hace una semana. El otro día, Javier Arenas, aspirante popular a la presidencia de la Junta de Andalucía, le decía a Isabel Pedrote en estas páginas que su partido emprenderá reformas de futuro, “un proyecto para varias generaciones”. Pero, si me atengo al decreto ley 3/2012, la conquista del futuro de la que habla Arenas entraña reformas que son restauraciones, saltos gigantes para retrasar un siglo el estado de las relaciones entre empresarios y trabajadores por cuenta ajena. Este valiente avance hacia el pasado merecía un gran texto publicitario, el decreto ley 3/2012, en el que coinciden proclama, programa y propaganda, y que irrumpe con un preámbulo apocalíptico, cuando el paro se vuelve desesperación y "la gravedad de la crisis no tiene precedentes". Legislar por decreto responde, como manda la Constitución a "un estado de extraordinaria y urgente necesidad". De los contenidos del decreto ley se deduce que los culpables del paro y de la asfixia económica son los derechos de los trabajadores, y que la solución debe ser quirúrgica: acabar con el derecho laboral vigente. Los legisladores e ideólogos del PP han recurrido para condensar el fondo de su decreto ley a una palabra de diseño, probablemente producto de los laboratorios de alguna agencia publicitaria: flexiseguridad. La introducción de fórmulas y recursos de la publicidad en un texto legal es otro excelente hallazgo de futuro de los gobernantes populares, propio de la ciencia-ficción tipo Orwell y su 1984. Por flexiseguridad entiendo que los mecanismos de despido serán flexibles, y que el patrón dispondrá de flexibilidad para, según su criterio o sus necesidades, cambiar los salarios y las condiciones de trabajo de sus empleados. Los trabajadores, por su parte, tendrán la seguridad de encontrar algún empleo si obedecen al imperio de los puros intereses empresariales. El decreto ley 3/2012 es, por decirlo así, un paso aplastante hacia el despido libre o hacia la desaparición del contrato laboral, y tiene el ingenio de aunar el rigor de la ley con el mundo feliz de la propaganda y el marketing. Pero la flexiseguridad no es un invento nuevo: funciona sin ley desde hace años en la economía que mejor conozco por contacto directo, la andaluza de la costa, donde las relaciones laborales se parecen mucho a las que prevé el decreto ley 3/2012, e incluso superan sus arrolladoras medidas de reforma. Aquí han abundado y abundan los trabajadores sin contrato o con contratos falseados, los salarios y horarios flexibles a gusto del patrón, y prácticamente no existe el concepto de hora extra. Y, bajo esas condiciones, pero con dinero, en los años de oro incluso los niños dejaban el instituto para sumarse eufóricos a la máquina de la flexiseguridad galopante. En Andalucía se vivía en el futuro desde hace años. Lo que desde un punto de vista legal resultaba inaceptable y deforme, ahora será normal y, más aún, normativo. Lo que parecía coyuntural, de temporada, de economía especializada en turismo, construcción y corruptelas, lo propio de las costas turísticas de aquí a Chipre, se generaliza. Lo irregular se legaliza, se vuelve ético, aunque ese modo de organizar la economía llevara al paro masivo, a más de un millón de parados en Andalucía. Puesto que ahora la propaganda autoriza lo hasta hoy ilícito apelando a lo extraordinario de la situación, uno sospecha que el actual desorden económico haya sido forzado para llegar a esta demolición de los derechos laborales, derribo que alegremente y sin ley había empezado aquí hace tiempo, bajo gobierno de la izquierda que a sí misma se declaraba socialdemócrata.