La incineradora de L’Alcora fue autorizada sin exposición pública

La petición para la construcción de una planta incineradora en L’Alcora requería el inicio de un nuevo proceso para que la empresa Reyval Ambient obtuviese la Autorización Ambiental Integrada (AAI) por parte de la Consejería de Medio Ambiente. Es lo que hasta ahora defendían desde la Plataforma No a la Contaminación al insistir en que este proyecto de incineradora que se presentó como una modificación al proyecto iniciado en 2006 era tan importante que obligaba a la Administración a volver a exponerlo al público. Pero no fue así y la consejería dio el visto bueno a la planta el pasado año.

Ahora, un documento firmado por el jefe de calidad ambiental en octubre de 2009 confirma las sospechas de la plataforma. En él, la consejería informa a la empresa de que la tramitación de la AAI para una planta de tratamiento de residuos peligrosos había pasado la fase de información pública pero la documentación presentada en agosto de 2009 para la construcción de la incineradora “supone una modificación de su solicitud de AAI que varía los aspectos consultados a los distintos organismos intervinientes, así como la documentación que fue objeto de información pública en esta consejería y en el Ayuntamiento de L’Alcora”.

Reiniciar el proceso

El departamento informa a la empresa de que para admitir a trámite esta modificación debe “renunciar a todo el procedimiento y presentar la totalidad de la documentación necesaria” o bien “tramitar la modificación por separado en otro expediente de AAI”. Es decir, o reiniciar el proceso o abrir otro nuevo. Se dieron 10 días para que Reyval contestara o se archivaría el proceso. Pero en la resolución de junio de 2011 por la que se aprueba el expediente iniciado en 2006 con la inclusión de la incineradora, se recoge que este documento solo “requería aclaración respecto al anexo al proyecto de actividad presentado” y se sigue reclamando una serie de aclaraciones a la empresa que termina con la aprobación del expediente y, con ello, de la construcción de la planta.

Desde la Plataforma No a la Contaminació manifestaron ayer que este documento de 2009 “es una de las evidencias clave de que el procedimiento es una auténtica y profunda modificación sustancial y, por tanto, la autorización es nula de pleno derecho”.