Calparsoro asume personalmente la investigación de los contratos sospechosos

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha decidido hoy asumir finalmente la investigación de las supuestas irregularidades descubiertas en una quincena de contratos suscritos por el departamento vasco de Justicia entre 2000 y 2009, cuyo valor ascendería a 23 millones de euros. El máximo responsable del Ministerio Público en Euskadi ha atendido así la petición del fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, quien había solicitado abstenerse del caso tras las “dudas” sobre su imparcialidad planteadas esta semana por el exconsejero Joseba Azkarraga.

A través de un decreto, Calparsoro se compromete a “tramitar y despachar personalmente” las diligencias de la investigación, sin que ello sea óbice para poder designar más adelante, “en función de cómo avance” el caso, a algún otro fiscal de Álava como responsable. En su escrito, el fiscal superior sostiene que no concurre causa de abstención en el caso de Izaguirre, ya que no mantiene pendiente pleito alguno con la Administración. Además, considera “injustificadas las consideraciones personales que permitan sospechar cualquier atisbo de animadversión” por parte del fiscal jefe, “por razones ideológicas o políticas, hacia personas que han tenido importantes responsabilidades en el Gobierno vasco”.

Izaguirre solicitó su abstención tras quedar en entredicho su “imparcialidad” después de que Azkarraga, durante una entrevista radiofónica, recordara cómo el fiscal jefe, junto con el resto de los responsables del Ministerio Público en Euskadi, interpuso un recurso contra el acuerdo del Gobierno que puso fin a la cesión de viviendas a determinados cargos fiscales. Dicho recurso fue desestimado y desde algunos ámbitos se había aludido a un posible ánimo de revancha por parte de Izaguirre.