Indultados los cinco 'mossos' condenados por torturar a un rumano

Las sentencias contra los Mossos d'Esquadra por malos tratos a detenidos están quedando, a menudo, en papel mojado. El Gobierno central concedió ayer, y no es la primera vez que lo hace, un indulto parcial que libra a agentes de la policía autonómica de ingresar en prisión. En diciembre de 2009, el Tribunal Supremo condenó a cinco mossos del grupo de atracos por uno de los casos más graves de torturas ocurridos en torno a la comisaría barcelonesa de Les Corts. Pero el Ministerio de Justicia, que propone los indultos, considera que hay "nuevos datos" sobre el caso que no fueron evaluados en su día por los jueces.

Los agentes Manuel Farré Muñoz, Joan Salva Páez, Jordi Perisse Blanco, Fernando Cea López y Alejandro García Avilés confundieron a un ciudadano rumano, Lucian Paduraru, con el autor de un robo violento en un piso. La detención se produjo el 27 de julio de 2006. Sin identificarse en ningún momento como policías, los agentes le propinaron una paliza, le amenazaron de muerte y le insultaron. En el traslado a Les Corts, le introdujeron una pistola en la boca y volvieron a amenazarle. En el momento del arresto iba acompañado de su mujer, que estaba embarazada y también recibió un trato degradante.

La Audiencia de Barcelona impuso un castigo ejemplar y condenó a seis años y siete meses de cárcel, por los delitos de torturas, lesiones y detención ilegal, a los tres agentes que tuvieron una participación más directa en el caso: Farré, Salva y Perisse. Paduraru, que tenía 28 años cuando fue confundido con un ladrón, regresó más tarde a Rumanía, donde trabaja como albañil. Como recoge la sentencia, los agentes se abalanzaron sobre él, le propinaron "reiterados golpes y puñetazos por todo el cuerpo" y le pisaron la cabeza contra el asfalto. "Si la juez te suelta, te podemos matar. No serás el primero", le dijo Perisse en el trayecto en coche patrulla hasta comisaría, donde siguieron los golpes y las vejaciones.

Un año más tarde, el Tribunal Supremo rebajó en un año y 10 meses la pena de cárcel contra esos tres agentes, mantuvo la misma condena a Cea (dos años y tres meses de cárcel) y sentenció a seis meses de prisión por un delito de coacciones a García, al que la Audiencia de Barcelona había condenado solo a pagar una multa por malos tratos. Ninguno de ellos llegó a ingresar en prisión, ya que la condena estaba suspendida a la espera de que se resolviera el indulto.

La detención se produjo el 27 de julio de 2006. Sin identificarse en ningún momento como policías, los agentes le propinaron una paliza, le amenazaron de muerte y le insultaron

Esos cinco agentes resultan ahora beneficiados por la medida de gracia que adoptó ayer el Consejo de Ministros. Todos ellos, salvo García, deberían haber ingresado en prisión porque, aunque carecen de antecedentes, su pena supera los dos años; pero no lo harán. En su propuesta al Gobierno, el Ministerio de Justicia justifica el indulto aduciendo que las "investigaciones policiales posteriores" han aportado "nueva y valiosa información con relación a los hechos", que "no se tuvo en cuenta en el fallo del tribunal sentenciador", según una resolución del ministerio.

Ante la "información" aportada por el Ministerio de Interior y la Generalitat, el "currículum" de los acusados y la "gran cantidad de apoyos y adhesiones al indulto", sigue la resolución, el Gobierno decidió aprobar un indulto parcial que rebaja sustancialmente las penas. Así, a cuatro de los condenados (Farré, Salva, Perisse y Cea) les deja la pena en dos años de cárcel. A los cinco agentes, además, el Ejecutivo les sustituye las penas de inhabilitación por "dos años de suspensión para empleo o cargo público". Eso supone, como detalla la nota de Justicia, el "reingreso al servicio público por parte de los cinco agentes, pues habían perdido su condición de funcionarios debido a la ejecución de la pena de inhabilitación". Ahora, reitera la nota, "no existe impedimento legal" para que vuelvan a ejercer de policías.

En septiembre del año pasado, los tres agentes condenados por el caso Bikini -que destapó los abusos policiales en Les Corts y llevó al Departamento de Interior a instalar una cámara oculta en comisaría- ya recibieron un indulto parcial pese a que habían sido condenados, en sentencia firme, por el Tribunal Supremo. Albert Fabregat, Juan Díaz y Mónica Fraile detuvieron ilegalmente a José Antonio Medina, un estibador portuario que entonces tenía 40 años, tras una trifulca en la discoteca Bikini de Barcelona. Tras detenerlo, los agentes lo llevaron a comisaría, donde le golpearon y le insultaron. También en aquella ocasión, el Gobierno central dejó las penas en dos años e impidió, en la práctica, su ingreso en prisión.