Un mal cálculo obliga a rehacer parte del aeropuerto de Castellón

El espacio de giro de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Castellón es pequeño. Este error de cálculo obligará a que esta parte de la infraestructura tenga que demolerse para ser ampliada y dar cabida así a los aviones de pasajeros que se pretende que lleguen, en un futuro.

El fallo supondrá que a los cerca de 200 millones invertidos en el aeropuerto, de los que unos 70 salieron de las arcas públicas, se una ahora este nuevo despropósito a una infraestructura que, de momento, está cerrada. Ahora, la Generalitat estudia cómo se pagará el coste de este error que, según las fuentes consultadas, se pretende vincular al acuerdo al que ha de llegar con la concesionaria, con la que ha decidido rescindir el contrato. Así, el precio de las obras se restaría del aval que presentó la sociedad adjudicataria, que aportó cuatro millones de euros cuando le fue adjudicada la obra, o de la indemnización que la empresa exigirá a la Administración pública por dar por finalizado un contrato que tenía un plazo de 50 años. La Generalitat está negociando con la concesionaria la rescisión del contrato pero las posturas están encontradas y es más que probable que se llegue a los tribunales.

El último consejo de administración de la sociedad pública promotora de la infraestructura, Aerocas, se celebró en la Cámara de Comercio de Castellón, donde el aún presidente de esta sociedad, Carlos Fabra, trabaja de secretario general. “La convocó él y así lo estimó oportuno”, alegaron fuentes del Consell.

Nadie se atreve a poner fecha para la puesta en marcha del aeropuerto que los ahora expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y expresidente de la Diputación Carlos Fabra, inauguraron hace 11 meses, cuando no había ni permisos de vuelo. “Es un aeropuerto para las personas”, dijeron entonces. La demolición de la pista de giro del aeropuerto de Castellón imposibilitará que la instalación pueda abrirse en los próximos meses tal y como estaba previsto. Las fechas de su puesta en marcha han variado en años, aunque, finalmente, el ahora expresidente Camps y el entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, decidieron inaugurar la infraestructura antes de las pasadas elecciones autonómicas, hace 11 meses.

La infraestructura la inauguraron sin aviones  Francisco Camps y Carlos Fabra hace 11 meses

Poco después, en julio, se iniciaron los trámites para conseguir los permisos de vuelo, que ha de otorgar Aviación Civil (Aesa). Sin embargo, entonces, la Generalitat ya sabía del error de cálculo en la zona de giro de la pista de aterrizaje y conocía, aunque ocultó, que había que rectificarlo.

Pese a ello, la sociedad pública promotora del aeropuerto de Castellón (Aerocas) ha cerrado tres nuevos contratos que supondrán un desembolso de otros 10 millones de euros de las arcas públicas valencianas. El consejo de administración celebrado este lunes otorgó a Saerco el contrato de control aéreo al que renunció Tower ATS, la compañía formada por la multinacional española Indra y el grupo alemán DFS. Este servicio se licitó por 4,25 millones en cinco años. El consejo también aprobó la contratación de la vigilancia privada del recinto a Vigilancia y Sistemas de Seguridad (VSS). Este servicio se licitó por otros 5,5 millones en cinco años.

Además, Aerocas dio el visto bueno al servicio de halconeros y huroneros para limpiar el entorno de la instalación de aves y conejos que harían peligrar la seguridad de unos aviones que todavía no han llegado. Este contrato, que se licitó por casi 400.000 euros los tres primeros años, se adjudicó a Arte Halcón y el pliego condiciones fijaba un presupuesto base de 91.200 euros al año solo en personal. Para este ejercicio, el gasto previsto es de más de 100.000 euros.

La promotora rebaja el sueldo del director de 84.000 a 55.000 euros

En total, el mismo día que reconoció que debe demoler la pista de giro, el aeropuerto cerró nuevos contratos que supondrán un desembolso de 10 millones de euros en cinco años.

Asimismo, el consejo de administración abordó la rebaja del contrato de su director general, Juan García Salas, quien percibe un sueldo superior al del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Las cuentas anuales publicadas por el Consell revelaron que percibía 84.200 euros brutos al año. Una remuneración que responde a una retribución fija de 42.100 euros en concepto de director general y otros 42.100 como complemento específico por ser director facultativo de las obras.

La rebaja del salario responde al decreto que impide a los altos cargos de las empresas públicas cobrar más que un director general. Es decir, deberá cobrar 55.000 euros. Desde la Sociedad de Proyectos Temáticos (SPTCV) confirmaron que Salas, que llegó a cobrar en 2008 casi 95.500 euros brutos, perderá el complemento como director de obra.