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La quiebra de Polaris costó a las cajas valencianas y al Popular 1.170 millones

La CAM financió el proyecto urbanístico con un préstamo de 9 millones de euros

La arriesgada y, a la postre, ruinosa apuesta de la CAM por el negocio inmobiliario, a través de su filial Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), alcanzó su cénit con su aventura en el frustrado macroproyecto urbanístico del grupo murciano Polaris World. La quiebra del grupo acarreó que la caja alicantina, junto con Bancaja, incluida su filial del Banco de Valencia y el Banco Popular tuvieran que asumir 1.170 millones de activos (suelo y viviendas) por el impago de los préstamos otorgados a la promotora.

Las tres entidades, según recoge el informe del Banco de España, constituyeron la sociedad Resorts Mediterráneo, SL, en previsión de que el grupo Polaris no pudiera hacer frente a los préstamos. Esa sociedad, en la que la CAM participaba con el 29,49% de las acciones, tuvo que asumir finalmente los activos de la promotora.

El modelo de negocio de Polaris consistía en la adquisición masiva de suelo rústico para construir segundas residencias. La CAM financió el proyecto con un préstamo de 9 millones de euros. El informe recoge que parte de la financiación de las cajas a la promotora murciana se realizaba mediante préstamos personales a los socios, bajo el concepto genérico de “necesidades de liquidez del grupo”.

En este apartado del negocio inmobiliario, el informe del Banco de España recoge la privilegiada relación de la caja con Rafael Gálea, socio mayoritario de su asociada Hansa Urbana. La promotora aceptó una operación (canje de terrenos a cambio de una deuda de 108 millones) que reportó a la caja 40 millones de plusvalías.

Por otra parte, el abogado que impulsó una querella contra la cúpula de la CAM ha solicitado al Banco de España que remita a la Audiencia Nacional los expedientes disciplinarios abiertos contra los exdirectivos de la entidad por los presuntos delitos penales que podrían derivarse. El Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional tramita una querella de este abogado contra la exdirectora general María Dolores Amorós.

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