La voz gallega de los represaliados

“Por fin se pudo verbalizar en un contexto judicial lo que significaron para la sociedad los crímenes del franquismo”. Esta frase resume el sentimiento de Ángel Rodríguez Gallardo, el historiador y presidente de la Asociación Memoria Histórica do 36 de Ponteareas, tras declarar ante el Tribunal Supremo en la causa abierta contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes de la dictadura.

 Gallardo fue uno de los tres primeros testigos encargados de dar voz a los damnificados de la represión junto con otros familiares de víctimas que en su momento fueron a reclamar justicia ante la Audiencia Nacional esperando que se abriera una investigación judicial que nunca llegó. “Por desgracia, esta es la sociedad que tenemos y para la mayoría no es un tema prioritario”, lamenta el historiador, al tiempo que celebra que la causa contra Garzón haya servido para que por primera vez se escuchen los testimonios de las víctimas en sede judicial. “Es preferible que estos testimonios salgan a la luz en este contexto a que no salgan”, señala.

El camino que llevó a Rodríguez Gallardo a comparecer ante el alto tribunal comienza cuando sus investigaciones en el área de Ponteareas determinaron que a partir del año 1936 se había ejecutado “un plan sistemático de exterminio para eliminar a los que habían defendido la Segunda República”. “Se trataba de detener, torturar o asesinar a muchos de los responsables del que era el Gobierno legítimo”, sostiene. Aunque es dificil establecer cifras concretas sobre el número exacto, la asociación llegó a registrar hasta 76 desaparecidos en esta comarca entre los años 1936 y 1939.

De esta forma, en el año 2006, la suya y otras agrupaciones para la defensa de la memoria histórica denunciaron estos casos ante la Audiencia Nacional aportando un listado con un mapa de fosas y una relaciónde desaparecidos que habían recopilado a partir de sus investigaciones y testimonios de los familiares. No obstante, la causa quedó estancada en los juzgados territoriales de Porriño y Pontevedra tras la inhibición del juez Garzón.

Entre los casos que llevaron a la Audiencia Nacional se encuentra el de Concepción García Trigo, una viguesa de 83 años que vivió en carne propia los horrores del franquismo y a la que una enfermedad le impidió relatar en primera persona sus vivencias ante el Supremo. En su lugar, Rodríguez Gallardo fue el encargado de llevar al alto tribunal su testimonio. “Concepción era hija de uno de tantos militantes socialistas que nunca imaginaron la persecución que sufrirían tras el golpe del 36”, apunta el historiador.

Alertado por los primeros asesinatos de compañeros, el padre de Concepción huyó a Portugal; pero finalmente fue detenido por la policía portuguesa que posteriormente lo llevó a Ponteareas. “Planeaban hacer un escarnio público y asesinarlo en la plaza del pueblo. Como la gente estaba preparando los puestos de la feria, decidieron trasladarlo en un camión hasta las afueras de la ciudad mientras lo torturaban. Al llegar, lo mataron”, reveló Ángel Rodríguez. La familia acudió a la zona, donde Concepción encontró el cuerpo de su padre tras haber sido torturado sin el reloj que llevaba habitualmente, una pieza que había pasado de generación en generación en su familia. “Días despues, su hija se encontró con el falangista que había matado a su padre luciendo ese reloj como si llevara un trofeo”, relata el historiador.

En el caso del padre de Concepción García Trigo se pudo recuperar el cuerpo, no así en el de otros muchos desaparecidos de los que todavía se desconoce su paradero. En este sentido, el presidente de la Asociación Memoria Histórica do 36 de Ponteareas denuncia los obstáculos que todavía existen para investigar este tipo de casos. “Las instituciones ordinarias introducen atrancos para acceder a determinados datos sobre la Guerra Civil. Muchos documentos se destruyeron, otros fueron eliminados y a otros no se permite el acceso”, denuncia el también investigador de la Universidade de Vigo. También, reivindica que se centralice el acceso a este tipo de documentos para que sean asequibles tanto para los investigadores como para aquellos que buscan encontrar los cuerpos de sus familiares.

“Tenemos mucho que aprender de otros países como Portugal que tras el fin de sus dictaduras hicieron de dominio público todos los archivos en relación al régimen”, reivindica Rodríguez Gallardo. Por tanto, considera que en España la sociedad “tuvo y sigue teniendo serias dificultades para reconstruir el franquismo”. “Solo despues de varios años, con la llegada de la generación de los nietos de la guerra, se está iniciando el proceso para recuperar la memoria de los represaliados por el franquismo”.