Un modelo nada modélico

Desde que en 1982 se aprobó el Estatut d’Autonomía de la Comunidad Valenciana, hemos estado cargando los valencianos con una mochila más pesada que la del resto de comunidades autónomas (CCAA). Y ello es así porque la financiación que ha acompañado la transferencia de competencias y su posterior desarrollo y gestión siempre ha adolecido de una financiación insuficiente. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los 30 años transcurridos lo han sido en periodos de crecimiento económico, se ha visto disimulado de alguna forma ese lastre, a lo que ha ayudado un endeudamiento con muy bajos tipos de interés y con mercados generosos que han permitido compensar la injusta financiación.

Habría que destacar en primer lugar que la Comunidad se caracteriza por disponer de unos recursos por habitante inferiores a la media y que apenas superan el 90% del conjunto de comunidades autónomas que se rigen por el sistema de modelo de financiación común (todas menos País Vasco y Navarra).

Por otro lado, los valencianos soportamos una balanza fiscal negativa, lo que supone que los Gobiernos centrales han recaudado más impuestos que lo que gastaban o invertían en la Comunidad.

A pesar de que los sucesivos modelos de financiación (de los años 2001 y 2009) han ido mejorando la financiación existente, seguimos teniendo un modelo de financiación nada modélico, nada equilibrado con relación al impacto que tiene en otras comunidades autónomas. De hecho, el actual modelo también incorpora los tradicionales desequilibrios introduciendo unas leves correcciones que se han demostrado insuficientes. A todo ello, tenemos que añadir la especial situación económica con caídas de la recaudación fiscal lo que en su conjunto ha provocado las tensiones presupuestarias que está viviendo la Comunidad Valenciana.

"Es necesario tener en cuenta el  crecimiento demográfico"

Si analizamos desde el año 2002 la financiación media per cápita en España, vemos que hay una inferior financiación en la Comunidad, que va aumentando desde los 600 millones de euros en el año 2002 hasta los 1.700 millones del año 2008 o los cerca de 1.000 millones del 2009 (inicio del nuevo modelo), de lo que resulta un déficit de financiación acumulado en relación con la media de 8.400 millones. Esto supone que para mantener los niveles medios de inversión o prestación de servicios públicos tendríamos que endeudarnos al menos en esa cantidad, para estar en la media de recursos del resto de autonomías. Esto no ha sido realmente así porque el diferencial de deuda con Andalucía o Madrid, que tienen más población que la Comunidad Valenciana, es mucho menor que la cifra anterior y, en el caso de Cataluña, dobla la deuda de la Comunidad Valenciana, por tanto hemos sido más eficientes en el uso de los recursos públicos.

Con este contexto de insuficiente financiación y caída de ingresos públicos son más que lógicas las dificultades presupuestarias y la falta de liquidez que venimos sufriendo, para lo cual y en la línea que está planteando el gobierno de la Generalitat, se hace necesario proponer una revisión del modelo que tenga en cuenta el efecto del intenso crecimiento demográfico soportado por la Comunidad Valenciana para que al menos nuestra financiación per cápita sea igual a la de la media. Junto con esto, es preciso reivindicar medidas compensatorias que palien el déficit histórico soportado por los valencianos que además se ha visto acompañado los últimos años con una escasa inversión pública estatal, lo que ha obligado al ya tradicional esfuerzo que históricamente hemos soportado y que se convierte en una pesada e injusta mochila.