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PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN JUSTICIA

Personal de Justicia recibió "premios" con cargo a las presuntas irregularidades

La investigación desvela viajes al Caribe sin justificar de funcionarios aún en activo

El fiscal superior, Juan Calparsoro, durante la intervención de Juan Luis Ibarra, ayer en Bilbao.
El fiscal superior, Juan Calparsoro, durante la intervención de Juan Luis Ibarra, ayer en Bilbao.LUIS ALBERTO GARCÍA

Las presuntas irregularidades que el actual Departamento de Justicia ha detectado en varias contrataciones de servicios informáticos entre los años 200 y 2009 del Gobierno Ibarretxe incluyen a determinado personal de este área. De hecho, entre otras prebendas que pudieron ser concedidas hay constancia de varios viajes, algunos de ellos con destino al Caribe, que han sido detectados sin justificación alguna. Incluso, según la información a la que ha tenido acceso este periódico, varias de las personas relacionadas con estos “premios” se encuentran trabajando todavía en la actual consejería de Justicia.

El voluminoso trabajo que contiene la investigación abierta primero por Txema Finez y, tras su muerte, por su sucesora María Victoria Cinto, desde su puesto de viceconsejeros de Justicia, incluye las conclusiones de las dos auditorías encargadas por el Gobierno vasco. Precisamente el encargo de una de ellas a la empresa privada Grupo Versia ha provocado una abierta hilaridad en el sector de funcionarios de Justicia que descartan cualquier tipo de irregularidad en el cometido de Inmaculada de Miguel, responsable de la contratación, y de Ana Molina, su segunda, y que son el centro de la investigación.

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En una circular interna, este grupo muestra su “sorpresa” porque “Versia compite con las empresas presuntamente implicadas por los mismos expedientes que están en tela de juicio”. A su vez, también aluden al papel de la empresa de capital público Ejie habida cuenta de que “próximamente empezará a negociar con los responsables políticos del departamento para absorber el servicio de informática judicial”.

Quienes apuestan por la inocencia de De Miguel y Molina aseguran que “el único pecado que han cometido ha sido tener que apoyarse en las empresas de servicio para poder sacar adelante los expedientes y no por capricho personal, sino que se han visto forzadas a ello por la incompetencia, salvo honrosas excepciones, de los técnicos informáticos que ni conocen ni han querido conocer el funcionamiento del complejo mundo de la informática judicial”.

En medios próximos a Joseba Azkarraga se insiste en su “inocencia”, aunque el consejero ha mostrado su contrariedad por algunas informaciones de prensa “que le han crucificado y condenado antes de que hable la Justicia” en una maniobra calificada desde ese entorno como “juego sucio”.

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En clave política, este mismo sector se niega a pensar que la denuncia obedezca a “un paso de cuchillo” entre los dos sectores enfrentados de EA. A su vez, se niega cualquier relación de estas supuestas irregularidades económicas con “una financiación del partido”.

Azkarraga, por otra parte, ha admitido que el pasado martes mantuvo una conversación con Inmaculada de Miguel tras conocer el alcance de las informaciones que les vinculaban con estas supuestas irregularidades. Según quienes conocen el contenido del encuentro, De Miguel, “que no daba crédito a lo que estaba leyendo”, tranquilizó al exconsejero vasco, ahora dedicado a la empresa privada, “porque no hay nada real sobre lo que dicen”.

No obstante, en el ámbito de las personas directamente concernidas con las adjudicaciones se insiste en que “no ha habido oportunidad de ver lo que dicen los informes de Justicia”, mientras reducen “a uno” los contactos con quienes realizaban la investigación. Este periódico, sin embargo, tiene constancia de que tanto Fínez, en su día, como posteriormente Cinto se vieron en más de una ocasión con De Miguel y Molina. En el caso de Fínez, más aún, ya que su desconfianza hacia Molina fue tan contundente que propició su destitución del cargo en el que había relevado a De Miguel cuando se produjo la llegada del Gobierno López.

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