Ibarra advierte sobre una "frustración" de reclamaciones en materia penitenciaria

El presidente del Tribunal Superior vasco, Juan Luis Ibarra, advirtió ayer sobre una posible “frustración” de algunas reivindicaciones en materia penitenciaria, ya que la amnistía o los indultos generales que en ocasiones se solicitan para los presos de ETA no quedan recogidos en la Constitución ni en las leyes. “Desde determinados ámbitos se están lanzando mensajes que no se corresponden con la realidad jurídica”, recalcó el máximo responsable de la judicatura autonómica, quien se mostró preocupado por una posible repercusión en la imagen social de los tribunales y en un incremento de su “brecha” con los ciudadanos.

Ibarra tomó parte ayer en el Fórum Europa de Bilbao. Y aunque no eludió las referencias a la política como respuesta a preguntas de los periodistas, aprovechó la intervención para recuperar su discurso más social. En pleno revuelo ciudadano por las consecuencias de una crisis cada vez más intensa, consideró que “existen buenas razones para apostar por la fortaleza del Estado de Derecho en su actual empeño por recolocar a la economía las bridas del imperio de la ley”. Un esfuerzo que defendió como imprescindible para “limitar el arbitrario” funcionamiento de los mercados.

El presidente del Superior demandó idéntica implicación social para sus compañeros de profesión y puso como ejemplo las ejecuciones hipotecarias derivadas del desempleo y el consecuente endeudamiento familiar. Recalcó, al respecto, que los jueces no pueden actuar “a la manera del cobrador del frac”, sino que su acción debe tener en cuenta “la tutela del derecho más alto a la dignidad de la persona humana”. En este sentido, se felicitó por la colaboración de la judicatura con el Gobierno vasco para poner en marcha un plan contra los desahucios.

A la colaboración, pero política, instó también Ibarra para garantizar el impulso de la modernización de la Justicia, ya que esta no puede depender, en su opinión, de la “alternancia en el Gobierno de España o los de las comunidades autónomas”. Un consenso que reclamó como urgente para superar las “graves carencias de agilidad y eficiencia”. Para no quedarse en una mera reflexión, recurrió a los datos con el objetivo de dibujar el mencionado escenario. Así, recordó que el tiempo medio en España para la resolución de un asunto civil son 30 meses, tantos como después se demora su ejecución. “No sirve de consuelo que ambas cifras se reduzcan a 20 meses en nuestra comunidad, porque casi tres años y medio sigue sin ser un tiempo que permita calificar a nuestra Justicia como eficaz”, sentenció.