Vulcano logra un acuerdo para superar su segundo concurso en diez años

Si el astillero Vulcano fuera un banco, sería considerado como “demasiado grande para caer”. Ayer se demostró: el principal acreedor, Pymar, lo libró de la quiebra aceptando una condonación del 80% de la deuda, con lo que dejará de cobrar 49 de los 61,2 millones del pasivo concursal que la empresa contrajo con esa sociedad. Y los 12 millones que sí se supone que recuperará están sujetos a un plan de pagos que se prolongará hasta el año 2024 sin intereses.

Es como un déjà vu. En 2001 le preguntaron a Fernando Santodomingo, el propietario y gestor de Vulcano por aquel entonces, si los astilleros podrían sobrevivir sin ayudas públicas. Tras un largo silencio dijo: “Tendría que cambiar el mundo de repente”. Vulcano acababa de superar una suspensión de pagos muy complicada —aunque no tanto como la actual— por haber entregado con retraso dos buques quimiqueros. Y curiosamente, la quita fue entonces similar a la que ha planteado ahora.

Un accidente de tráfico apartó a Santodomingo de la empresa y sus hermanos cogieron los mandos (tienen el 51% de las acciones), aunque con un perfil de gestión prácticamente nulo. Por el camino sumaron a Gonsusa, una de las mayores empresas auxiliares del naval vigués que prefirió cambiar deuda por acciones y que ahora tiene otro 40% del astillero. En último lugar, a través de Negocios Argos, figura como accionista José Alberto Barreras con el 8,9%, un minoritario incómodo que exige en cada reunión del consejo la presencia de un notario. Esa ensalada de propietarios debería sacar adelante ahora el plan de viabilidad de la firma si la Xunta está de acuerdo, porque el conselleiro Javier Guerra ya avanzó ayer que forzará cambios “en la propiedad y en la gestión” cuando considere que las cosas no marchan por buen camino.

Para arrogarse tamaña responsabilidad sobre una firma privada, Guerra les ha puesto en bandeja una solución tomada de forma casi unánime: tres votos en contra y una abstención frente a 34 votos favorables en el seno de Pymar, una sociedad formada por astilleros privados, comunidades autónomas y Gobierno central. No pudo convencer a comunidades discrepantes, como Euskadi y Andalucía, pero sí a la práctica totalidad de los astilleros privados y a la representación ministerial encabezada por Industria. La Consellería de Economía les recordó que parte del pasivo que arrastra el constructor viene de la situación “heredada”, por la compra de Astilleros Juliana, y que la empresa viguesa ha acreditado su capacidad de construir barcos “bien y en plazo”.

La decisión se tomó con el respaldo de casi todos los astilleros privados

La anuencia escondía un abierto malestar. El presidente de Pymar, Álvaro Platero (Astilleros Gondán), dejó caer que lo ocurrido ayer no se puede volver a repetir y pidió que se “aprenda la lección”. “Los astilleros son empresas privadas que deben mantenerse con sus cuentas de resultados. No puede ser que tengamos que solucionar nuestros problemas de esta manera, con esfuerzo de los otros, con otras empresas y con la Administración pública”. El fondo patrimonial de garantías de la sociedad, que se nutre de aportaciones de todos los astilleros españoles, ha concedido avales a Vulcano por un importe de 1.093 millones de euros desde su puesta en marcha en 1990, un 30,3% de los afianzamientos totales a lo largo de su historia.

Pero Guerra no quería dejar que nada empañase el día de gloria para el naval gallego. En su tono más solemne reivindicó el papel de la Xunta en el respaldo al sector y anunció que “empieza una nueva etapa en un astillero histórico del que dependen entre 800 y 1.000 personas”. Ahora, “con un balance completamente diferente”, la maniobra puede aportar confianza a los armadores para volver a contratar en Guixar. Porque Vulcano, por ahora, sigue vacío.