Los partidos exhiben en el Parlamento sus fisuras para gestionar el fin de ETA
La Cámara pide la disolución de la banda con el voto nacionalista en contra
La cosa no está todavía madura. La articulación de un discurso común de las fuerzas parlamentarias vascas ante el nuevo tiempo abierto por la renuncia de ETA a las armas el pasado mes de octubre no parece aún posible. La duda reside en si no lo es por ahora o si no lo será nunca.
El debate que ayer vivió el Parlamento autónomo con motivo de una proposición de UPyD sobre la defensa de la democracia y sus instituciones tras el comunicado etarra volvió a dividir la Cámara por la tradicional línea divisoria que separa a nacionalistas (PNV, Aralar y EA, que votaron en contra de la iniciativa) y no nacionalistas (PSE, PP y UPyD, que lo sacaron adelante). El único parlamentario de Ezker Anitza, Mikel Arana, se abstuvo.
El texto exige a ETA “su disolución incondicional”, acompañada de la entrega de las armas, el reconocimiento del daño causado y la colaboración con la justicia para el esclarecimiento de decenas de crímenes. Además, defiende el derecho de las víctimas a un final con memoria, con dignidad y justicia, y reafirma el Estado de derecho y el ordenamiento constitucional y estatutario como bases de garantía de convivencia, libertad, pluralismo y respeto a los derechos. El acuerdo incluye una referencia a la vigencia de otro acuerdo de la Cámara, de marzo del año pasado, aspecto en el que los grupos nacionalistas vieron un anclaje en el pasado, por no tener en cuenta el cambio fundamental del abandono de ETA. Pero en aquella ocasión también se opusieron a lo que el Parlamento fijó como “principios rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad”.
UPyD renunció a la adhesión que pretendía al documento que la mayoría de asociaciones de víctimas suscribió en noviembre de 2010 y en el que, entre otras cosas, reclamaban el cumplimiento íntegro de las penas por parte de los terroristas.
El discurso más duro lo hizo el representante de EA, Juanjo Agirrezabala, quien dijo que la disolución de ETA no es “ni realista ni necesaria”, y afirmó que la banda existirá mientras tenga militantes presos. Negó que los beneficios penitenciarios supongan impunidad y afirmó que esta la tienen “policías y guardias civiles que han cometido crímenes”.
Aralar se centró en la negativa a que las víctimas marquen “la hoja de ruta” de la gestión del fin de ETA. Eso debe hacerlo, dijo, el lehendakari, a cuyo liderazgo apeló su portavoz, Aintzane Ezenarro. También criticó la contradicción, a su juicio, entre la posición más avanzada del PSE sobre política penitenciaria y lo que votó ayer.
El portavoz del PNV, Joseba Egibar, justificó su rechazo en que el de ayer era “un paso atrás” y dijo que se está cayendo en “una competición de relatos”. ETA y el Estado defienden a ultraza cada cual el suyo y ese no es el camino, afirmó. Egibar ve dos prioridades: las víctimas y la política penitenciaria. Ambas son “consecuencias de la lucha armada, no del conflicto político” y para las dos dijo que habrá que “encontrar un término medio compartido”.
Socialistas, populares y UPyD coincidieron en que ETA ha acabado por la acción del Estado de derecho y nada se le debe.
Cierre matizado a las pensiones de privilegio
Los representantes y gestores públicos deben ser en todo momento un referente ejemplar para la ciudadanía en su integridad y dedicación a las necesidades de la sociedad en el ejerccio de las funciones que esta les encomienda con su voto.
Esta afirmación, que consta en la modificación del Estatuto del Político aprobada ayer por el Parlamento, es el resumen de los motivos que están en la base de la supresión de la mayor parte de los privilegios que hasta la fecha han correspondido a los consejeros y viceconsejeros que han pasado por los distintos Gobiernos. A los del actual ya no les corresponderán.
A partir de la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de este cambio legal, dejarán de percibir los complementos que recibían para alcanzar la mitad del sueldo actualizado del cargo que ocuparon en su día. Sí conservarán finalmente la pensión máxima, aunque no hubieran realizado las cotizaciones precisas para ello.
También ha permanecido una excepción, que ayer volvieron a criticar el PP y los grupos minoritarios, para los consejeros que tengan cumplidos 60 años en el momento en que entre en vigor la normativa aprobada ayer. Pero PNV y PSE, los dos partidos que han gobernado y tienen algunas personas con ese perfil —nunca han querido precisar cuántas ni quiénes— acordaron mantenerles las mismas condiciones que a sus predecesores debido a que ya no tendrán margen de maniobra para completar sus cotizaciones.
Salvo en este extremo, la modificaciones se aprobaron por unanimidad.
Además de lo referido a las pensiones de los cargos del Gobierno, que solo se mantienen intactas en el caso de los ex lehendakaris, los cambios afectan también a los parlamentarios: quienes lo hayan sido al menos un año recibirán una indemnización de una mensualidad al dejar su escaño, salvo que en el mes siguiente se incorporen a algún cargo público. Queda pendiente una reforma que afecta a la Seguridad Social, para que, en el momento en que eso ocurra y si no se recolocan de inmediato, puedan cobrar las prestaciones por desempleo.
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